Una serie de declaraciones que han causado rechazo y preocupación de diversos sectores ha realizado durante los últimos días el líder de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), Héctor Llaitul. La semana pasada, durante una entrevista, el comunero mapuche aseguró que la forma de “vengar” la muerte de Pablo Marchant -quien también integraba la CAM y falleció el 9 de julio de 2021 durante un enfrentamiento con Carabineros en Carahue- era mediante la lucha “contra quienes nosotros consideramos responsables, que son las forestales y las fuerzas de ocupación que hoy día está en el Wallmapu”.

En ese marco, afirmó que “ellos vienen a ser los responsables de la muerte de nuestro peñi, y la forma nuestra de reivindicarlo es obviamente a través del sabotaje que, como ha quedado de manifiesto en estas últimas dos semanas, sabotajes que han estado dirigidos y que tienen como objetivos acumular fuerza desde una línea estratégica”.

Días después, este lunes, el líder de la CAM volvió a señalar que “la prioridad nuestra es canalizar la violencia hacia el sabotaje”, específicamente hacia “insumos” y “maquinarias”.

Ante sus declaraciones -frente a las cuales los grandes empresarios llamaron al Gobierno a reaccionar “en forma inmediata”– este martes el fiscal nacionalJorge Abbott, explicó que actualmente existe una investigación vigente en contra del comunero mapuche en el marco de la Ley de Seguridad del Estado (LSE), pero que para “iniciar una nueva investigación” se requiere “una denuncia, una querella por parte del gobierno”.

“Estamos investigando una querella presentada por infracción a la Ley de Seguridad de Interior del Estado (de enero 2020, por declaraciones de Llaitul), pero que dice relación con hechos anteriores, respecto a los cuales es una investigación que está en curso y en algún minuto se podrá tomar alguna decisión al respecto de la misma”, dijo Abbott desde La Moneda, tras participar de una jornada de trabajo en el marco de la creación de la Estrategia Nacional de Integridad Pública.

En la misma instancia detalló que “la verdad es que se requiere, para poder investigar al amparo de la Ley de Seguridad del Estado, una denuncia, una querella por parte del gobierno”.

Eso sí, explicó que ante una eventual “ausencia” del gobierno frente a una posible querella, la fiscalía “eventualmente, si ese tipo de conductas es constitutivo en un delito distinto, es probable que producto de la reserva de nuestras investigaciones pueden ser agrupadas investigaciones actualmente vigentes”.

En la mañana, el subsecretario del InteriorManuel Monsalve, -en diálogo con Tele13 Radio- había sido consultado sobre una posible persecución penal en torno a las palabras del líder de la CAM.

Al respecto, sin abordar el caso en específico, y hablando a nivel global, la autoridad de gobierno expresó que casos como estos “siempre están en análisis” y que “hay que evaluar las herramientas que uno tiene”.

/gap