El Informe de Verdad y Reconciliación, conocido como Informe Rettig, trata las más graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante el régimen militar y sienta doctrina en la materia ampliamente reconocida por nuestro régimen jurídico.

Como ha trascendido en la prensa, el sargento Benavides fue emboscado y asesinado cerca de Collipulli en La Araucanía mientras cumplía su obligación de despejar un camino asomando su cuerpo desde un vehículo en marcha.

El Informe Rettig, refiriéndose a situaciones como la explicada, expresa:

“En la conciencia pública se ha hecho carne la idea de que existen ciertos valores de humanidad que deben ser respetados no solamente por el Estado, sino por todos los actores políticos”.

“A juicio de la Comisión, estas razones explican que el decreto que la creó califique de violaciones a los derechos humanos no solo ciertos actos cometidos por agentes del Estado, sino que también otros perpetrados por particulares que actúan bajo pretextos políticos”.

El alevoso atentado que acabó con la vida del sargento Benavides constituye una abierta violación de sus derechos humanos. Debe, pues, ser objeto de la preocupación y dedicación preferentes del Gobierno de Chile, encaminadas a que su caso se investigue tomando en consideración el hecho de que activistas políticos causaron su muerte cuando cumplía sus obligaciones oficiales, así como también para que su familia reciba el máximo de facilidades para aminorar los daños —el dolor es imposible— provenientes de su asesinato.

Sin embargo, el asesinato del sargento Benavides es investigado como un delito común que no goza de la atención preferente que le corresponde en estricto derecho.

Urge que el Gobierno adopte desde ya las medidas necesarias para remediar la situación expuesta.

Carta al diario El Mercurio de Laura Novoa

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