Un día antes de la Navidad del año pasado, en plena Noche Buena, J.G.Q., de 23 años -cuya identidad resguardaremos para no afectar las diligencias de investigación- recibió una importante noticia. La más relevante de los últimos cinco años en que estuvo privado de libertad, tras ser condenado por un robo con violencia e intimidación. Estaba en su celda de Colina I cuando, a través de Gendarmería, sus abogadas le informaron que habían logrado que la Corte de Apelaciones de Santiago acogiera un recurso de amparo y revocara la decisión de la Comisión de Libertad Condicional que unas semanas antes le había negado el beneficio. Volvía a ser un hombre libre. Había ingresado a cumplir condena cuando sólo tenía 19 años y una vez pasada la mitad de su pena retornaba a las calles de Pedro Aguirre Cerda, comuna que lo vio nacer y en la que vive su familia.

Seis meses después el mismo joven, que mantiene domicilio vigente en la población Lo Valledor, según peritajes del OS-9 de Carabineros e interrogatorios a testigos, es sindicado como el principal sospechoso del asesinato a sangre fría del cabo de Carabineros David Florido Cisternas (33) quien recibió un certero tiro en la frente mientras controlaba a un grupo de sujetos que habrían estado portado armas en avenida La Marina 2850, en el sector sur de la capital. Poco tiempo duró la reinserción social en la que confiaron los jueces que -pese a las advertencias- decidieron otorgar el beneficio de la libertad vigilada. El Décimo Juzgado de Garantía de Santiago despachó una orden de detención en su contra y a estas horas es frenéticamente buscado por las policías.

El crimen del cabo Florido instaló nuevamente el tema de la violencia en la agenda de seguridad del Gobierno. De hecho este martes la ministra del Interior, Izkia Siches, anunció que están evaluando un proyecto de ley que permita aumentar las penas para quienes terminen la vida de carabineros o PDI en actos de servicio. Pero junto con ello, se instalará nuevamente un debate respecto a los beneficios que entrega la justicia, sobre todo teniendo en cuenta que fue la propia autoridad penitenciaria la que sostuvo que pese a que el condenado cumplía con los beneficios objetivos de la ley, ya que había cumplido más de la mitad de la condena y gozaba de buena conducta al interior del penal, aún persistían dudas si era capaz de reinsertarse en la sociedad, sobre todo -dicen los informes- teniendo en cuenta las amistades delictuales que mantenía en el sector donde residía.

Ya en diciembre de 2021 contaba con las prerrogativas de salida dominical y de fines de semana. Pero si no hubiera accedido a la libertad vigilada, debería haber estado preso hasta marzo de 2024 cuando se cumplía el total de su condena.

Una libertad que no debió ser

En el expediente judicial del sospechoso se da cuenta de la tramitación del amparo. J.G.Q. había sido condenado, en 2016, a cumplir una pena de ocho años de cárcel por su participación, junto a otros sujetos, en un robo con intimidación y violencia en una casa de su propia población. Es lo que en el hampa y las policías llaman un “doméstico”, refiriéndose a aquellos que hacen víctimas de sus delitos a vecinos.

La acusación de la Fiscalía, en esa oportunidad, sostuvo que “el día 5 de julio de 2016, a las 00:30 horas aproximadamente, el acusado en compañía de otros cinco sujetos desconocidos, procedió a ingresar, mediante el escalamiento de la reja perimetral y luego rompiendo la puerta de acceso, a un inmueble de la comuna de Pedro Aguirre Cerda, para una vez en su interior proceder el acusado, junto a los demás sujetos, a amenazar e intimidar a las víctimas, apuntándolos con elementos con apariencia de arma de fuego, además de golpear a ambas víctimas con objetos contundentes, sustrayendo en definitiva desde el interior del inmueble, con ánimo de lucro y contra la voluntad de su dueña, un bolso color rojo que contenía diversa documentación personal, y la suma de $ 180.000 en dinero en efectivo”.

Durante el juicio para graficar la violencia con la que actuó el acusado y su banda, declaró el hijo del matrimonio víctimas del robo. Sostuvo en estrado que esa noche “sintió golpes muy fuertes, se acercó para ver que pasaba, se asoma al pasillo, y ve a dos personas intimidando a sus papás, sacándolos de su cuarto, ve a su papá siendo arrastrado por el pasillo, los sujetos estaban armados apuntando al cuarto, se asustó y se lanzó sobre las personas que estaban atacando a sus papás, con golpes de puño, se puso a pelear en el pasillo de la casa, empujándolos al comedor, siguieron la pelea, tenía agarrado a uno y de pronto sintió un golpe en la cabeza con algo contundente, se le sueltan los sujetos y ve como estos escapan”.

Una vez ingresado como reo rematado, consta en los registros de Gendarmería, el sospechoso del asesinato del cabo Florido protagonizó una riña con estoques en la ex Penitenciaría, debiendo ser trasladado a Colina I. En este último recinto es que logró dos cuatro bimestres de “buena conducta” que le permitirían postular a la libertad condicional. Sin embargo, recibió el portazo de la Comisión de Libertad Condicional. Sus abogadas, Javiera Morales y Romina Riveros, recurrieron de amparo ante la Corte de Apelaciones de Santiago acusando que era ilegal mantenerlo privado de libertad, pues ya contaba con trabajo y redes de apoyo en el medio externo para reinsertarse. El tribunal de alzada pidió informe a los jueces que integraron la instancia ad hoc.

Corte santiaguina en la mira

Es así como la secretaria Olga Alarcón explicó a sus superiores el porqué no habían dado pie al beneficio. “Entre los documentos analizados por esta Comisión es posible advertir que el postulante presenta un riesgo medio de reincidencia delictual, con necesidades criminógenas medias en educación, empleo, historial delictual y pares, ya que ha presentado socialización con pares antisociales desde la adolescencia, por lo que si bien reconoce el delito y su participación y no presenta una tendencia a favor del delito como una forma de validación económica, y muestra una actitud favorable a normas y convenciones sociales, se estima que resulta necesario un mayor periodo de observación de los permisos de salida dominical y de fin de semana del cual goza el interno, a fin de evitar el riesgo de reincidencia”.

El caso fue revisado por la Novena Sala entonces integrada por la ministra (S) Andrea Díaz-Muñoz Bagolini y el abogado integrante Eduardo Jequier Lehuedé. Ambos declararon que la Comisión había excedido sus atribuciones y sostuvieron que los informes sicosociales de Gendarmería pueden ser usados a modo de orientación y no para “formarse convicción sobre el pronóstico del comportamiento futuro del solicitante en el medio libre”. La decisión de una sala, que no contó con ningún juez titular, tuvo eso sí el voto en contra del fiscal judicial Jorge Norambuena que estuvo por rechazar el recurso y respetar la decisión de la Comisión de Libertad Condicional. Este juez optó por la prudencia y sostuvo que era “del parecer de rechazar el recurso de amparo en atención a que ha existido un periodo de observación muy breve en el cumplimiento de los beneficios intrapenitenciarios, resultando entonces más adecuado fortalecer de forma paulatina su reingreso al medio libre”.

Hasta el cierre de esta edición, el principal sospechoso del crimen aún no era detenido. Con todo, deberá enfrentar una vez más a la justicia, aunque esta vez arriesga pasar el resto de su vida tras las rejas.

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