La llamada “crisis de seguridad” que atraviesa el país obedece a una multiplicidad de factores, y uno de los que ha estado presente desde 2020 a la fecha son la presencia de distintos carteles extranjeros: principalmente mexicanos, colombianos y venezolanos. Si bien sus operaciones datan de años anteriores, fue hace dos años cuando la Fiscalía Nacional detectó que comenzaron a asentarse.

“Chile dejó de ser un país de tránsito de droga; de hecho, carteles de México ampliamente conocidos intentan asentarse en Chile. Hoy, tenemos que admitir que hemos iniciado la senda de aquellos territorios que albergan producciones locales de sustancias ilícitas y la instalación de carteles dentro de sus fronteras. A esto debemos ponerle freno ahora. No podemos permitir que siga profundizándose, ni que estas agrupaciones echen raíces en nuestro país”, dijo el fiscal nacional Jorge Abbott en septiembre de 2021, tras presentar el informe del Observatorio de Narcotráfico en Chile.

El fiscal Luis Toledo, director de la Unidad Especializada en Tráfico Ilícito de Estupefacientes de la Fiscalía Nacional, detalló entonces las tres organizaciones criminales detectadas: El cartel colombiano Clan del Golfo, y los mexicanos de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación.

Precisamente, la PDI informó el lunes su último gran golpe en esta materia -enmarcada en la “Operación Azteca”- relacionado con Jalisco Nueva Generación. Tras dos años de indagatoria, la Brigada Antinarcóticos y Contra el Crimen Organizado detectó el ingreso al país de un contenedor con casi 900 kilos de cannabis sativa, a través del puerto de San Antonio, droga que provenía de los puertos mexicanos Lázaro Cárdenas y Manzanillo, controlados por dicho cartel.

En abril de este año, el fiscal Toledo reconoció que los crímenes asociados a narcotráfico están en su momento más complejo y advirtió que Chile podría estar iniciando “un camino sin retorno”. En esa oportunidad, mencionó un cuarto cartel cuyo protagonismo se ha incrementado en este último año por su peligrosidad y el nivel de violencia que ejercen: la organización venezolana Tren de Aragua.

Las motivaciones en común

Aunque cada una de estas bandas tiene características distintas, es posible hallar puntos en común frente a sus motivaciones. Una de las primeras formas de entender su “presencia” en el país es a través del ejemplo de las multinacionales: es decir, sus centros de operaciones y líderes no se trasladan a Chile, sino que mantienen distintas ramas de la organización en territorios que cumplen determinadas características. Todo ello, bajo un mismo fin: hacer crecer su negocio.

En conversación con Emol, Pilar Lizana, investigadora de AthenaLab detalla que estas bandas se aprovechan de aspectos como “la corrupción, la vulnerabilidad social -para contratar personas que trasladen la drogas-, o se acercan a las comunidades a dar respuestas que el Estado no ha sabido entregar, incluso con mejoras urbanas, lo que muchas veces complejiza la respuesta de los estados para enfrentarlas”.

En el caso de Chile, el factor clave y principal atractivo es la porosidad de la frontera norte, con más de 100 pasos fronterizos de poca complejidad para penetrarlos, tanto a pie como en vehículos básicos. “Esa permeabilidad de las fronteras les permite que ingresen miembros de los carteles, pero también aprovecharse de la migración irregular para mimetizarse con ellos”, aclara la investigadora.

La migración, además, representa otro negocio lucrativo, incluso antes de que las bandas vengan a concretar sus objetivos al territorio: les cobran a migrantes para cruzar y así desencadenan el tráfico de personas. Un ejemplo de ello es la banda que la PDI y la Fiscalía de Arica lograron desarticular a inicios de este mes en el marco de la operación “Arca de Noé”, donde 13 sujetos -chilenos y extranjeros- resultaron detenidos por ingresar de manera ilegal a más de 1.700 personas al país.

Un tercer elemento es el atractivo que representa para estas bandas el consumo de drogas y la capacidad de distribución de un territorio. Chile no escapa de ese atractivo, lo que hace que hace que éstas quieran instalarse para responder a esa demanda.

Perfil de las bandas

Un elemento relevante de estas bandas de crimen organizado es entender que éstas han ido evolucionando en su orgánica: en general, operan en más de dos estados, y atrás quedaron las clásicas jerarquías de los ’80, para dar paso a grupos que trascienden a los individuos. Es decir, mantienen una estructura orgánica que los hace más fuertes, puesto que si uno de ellos cae, el cartel no se desarma.

Esto las diferencia de las organizaciones criminales, que están un paso más atrás en su desarrollo. Si bien también mantienen roles claros y estructura, no logran trascender a las personas. “Si un líder cae, en general la banda se desarma. Es cierto que se pueden reorganizar, pero no con los mismos personajes e incluso apostando a otras formas de negocio”, recalca Lizana.

El nombre del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) es uno de los primeros que comenzó a aparecer en los medios de prensa nacionales. El reporte del Observatorio de Narcotráfico (2021) del Ministerio Público cita como antecedente un artículo de Biobío donde se detalla que en junio de 2019 dos sujetos que ingresaron al país en calidad de turistas mexicanos por el paso Chacalluta, en la frontera con Perú. Luego de trasladarse a Iquique, instalaron una plantación de marihuana indoor, traficaron cocaína, consiguieron armas e intentaron vender drogas de diseño.

En 2020 la PDI detectó que se intentó ingresar por el puerto de San Antonio 3.505 kilos de marihuana prensada, provenientes del terminal marítimo de Manzanillo, principal puerto del estado de Colima (México) y escenario de violentos enfrentamientos. En tanto, en 2021 hubo al menos tres embarques desde dicho puerto y de Lázaro Cárdenas con el mismo destino en la quinta región.

Por su parte, el Cartel de Sinaloa, también dedicado al narcotráfico, está ligado a Joaquín “el Chapo” Guzmán. En marzo de 2021 se reportó que integraron realizar un fallido tráfico de 665 kilos de cocaína operado desde Chile con destino al puerto de Rotterdam, en Holanda. La operación terminó con la detención de los hermanos Yolanda y Ricardo Salazar Tarriba; fue éste el primero en llegar al país en 2020, a través de un paso no habilitado, para asentarse en Iquique y luego en Santiago.

El Clan del Golfo es considerada una de las agrupaciones más grandes y peligrosas de Colombia, con presencia en más de 200 municipios de ese país. Entre sus líderes, están ex narcotraficantes y ex paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), grupo paramilitar de extrema derecha.

En octubre de 2021, se concretó la captura de Dairo Antonio Úsuga, alias “Otoniel”, quien durante años llevó las riendas de este grupo armado. Tal es su relevancia, que el presidente Iván Duque comparó su caída con la captura de Pablo Escobar en los ’90, pero como era de esperarse, sus operaciones no cesaron.

En Chile, según relató el año pasado el fiscal nacional, su presencia permanente se ha asociado principalmente al envío de marihuana creepy, desde el valle del Cauca, donde este cartel tiene el control. La fiscalía regional de Arica ha estado investigando de cerca las operaciones de esta organización.

En cuarto lugar, se han detectado operaciones del Tren de Aragua, organización criminal de origen venezolano, dedicada al secuestro, extorsión y trata de personas, entre otros delitos. En marzo de este año, la PDI logró la detención de siete sujetos gracias a procedimientos en Iquique, Alto Hospicio, Santiago, Quillota y Quilpué.

En tanto, el pasado lunes el director general de la policía civil, Sergio Muñoz, abordó la detención de dos integrantes de esta organización, quienes participaron en “un secuestro extorsivo de una mujer en la ciudad de Talca”. En la oportunidad, Muñoz recalcó que los miembros de estos grupos “podrían estar ubicados en diversas partes de país”, por lo que se está desarrollando un método para impactar en su articulación.

Para Lizana no sería sorprendente que esta organización busque expandir sus redes hacia la RM, “todo va a depender del crecimeinto que tenga esta empresa ilegal en Chile”, afirma. Además, profundiza en otra de las formas de operar: se vinculan con la prostitución, “porque a través de ella consiguen información”, al igual que con otras personas dedicadas al delivery, a quienes “compran motos o vehículos de trabajo para que colaboren entregando información y así poder identificar a sus potenciales víctimas”. ”

Fase de instalación”: Las amenazas asociadas

En plena fase de instalación, estas organizaciones criminales traen una serie de consecuencias y externalidades como homicidios, secuestros, lesiones y violencia. “En todas las tendencias y amenazas que hemos señalado por lo menos hace dos o tres años, han estado vinculadas con la violencia asociada al fenómeno del narcotráfico”, sostuvo el fiscal Toledo en mayo a Radio Universo.

En el caso específico del norte de país, donde “aterrizan” los carteles en primera instancia, también se ha evidenciado un cambio en la criminalidad. “Hemos tenido delitos nuevos como la extorsión, sicariato, secuestros, y también ha habido mayor violencia, verdaderas ejecuciones”, sostuvo al citado medio a inicios de junio el fiscal de Tarapacá, Raúl Arancibia.

Lizana agrega al análisis que hay que entender que estas bandas son finalmente un negocio ilegal, lo que “genera un impacto muy potente no solo en la economía, sino que en la seguridad de los ciudadanos, la fortaleza de las instituciones y el Estado, porque va penetrando en todas las áreas de un país”.

La investigadora resalta que a estos grupos no les conviene que exista demasiada violencia asociada a su actuar, puesto que atraen interés de las policías a raíz del alza de denuncias por parte de la población, sin embargo, no descarta que el aumento de homicidios que se han registrado puedan estar asociados a este intento de asentarse en el país. Esto, porque el crimen organizado puede estar hoy en la fase de “instalación e intento de control territorial para mantener allí su poder”.

El daño colateral, de todas maneras, constituye una alerta importante para el Estado chileno, por eso los propios fiscales y otras voces expertas urgen por avanzar en medidas efectivas que detengan esta expansión de los tentáculos del crimen organizado; como la creación del Ministerio de Seguridad Pública y el reforzamiento al Sistema de Inteligencia.

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