Fue un par de horas después de su fallida visita a la comunidad Temucuicui, en Ercilla, Región de La Araucanía, la que debió suspender debido a disparos al aire y barricadas levantadas por desconocidos. En un punto de prensa en dependencias de la Intendencia Regional, la ministra del Interior, Izkia Siches aseguró el pasado martes frente a los medios que “este gobierno va a poner todo lo que tiene sobre la mesa para buscar soluciones política, pero aquellas personas que creen que la vía violenta nos va a permitir avanzar, incluyendo demandas hacia presos políticos mapuche, están muy equivocados”.

Dichas declaraciones se convirtieron en las primeras de un personero de la administración de Gabriel Boric que reconocía la “existencia de presos políticos mapuche”. Sin embargo, a días de sus palabras, al interior de La Moneda parece que no hay consenso respecto al tema. Así quedó claro en las declaraciones que este jueves dieron -por separado y con pocos minutos de diferencia- el ministro de la Segpres, Giorgio Jackson y el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve.

A las 8.15 de hoy, el titular de la Segpres sostuvo una conversación en Radio Agricultura, en donde fue consultado por su perspectiva respecto al término “presos políticos mapuche”. En respuesta, el secretario de Estado apuntó a una situación “delicada” y explicó que “cuando se ejerce la potestad del Estado, es privar de libertar a las personas”.

“Hay muchos casos, sin mediar un debido proceso, hay muchas personas que o a través de prisiones preventivas, como le sucedió a la machi (Francisca) Linconao -actual convencional constituyente- y que estuvo durante muchos meses privada de libertad sin que finalmente se descubriera absolutamente nada”, aseguró Jackson.

A su juicio, lo anterior es algo que se ha repetido “históricamente”, sobre todo con la aplicación de la Ley de Seguridad del Estado “en la zona donde existe un conflicto entre el Estado chileno y el pueblo mapuche”. “Ahí ha sucedido muchas veces, y se ha determinado por demostrar cuando terminan saliendo en libertad sin que exista ninguna prueba, que ha existido persecuciones y muchas veces prisión política por algunos que han sido, ya derechamente, confirmados como montaje en el pasado”, complementó.

Sin embargo, la respuesta por parte de Monsalve, ante la misma pregunta, fue distinta. Antes de las 8.00 de este jueves -tras ser consultado por el uso del término, relativo a la situación de La Araucanía, en Tele13 Radio-, el subsecretario del Interior precisó en que “las personas que están hoy condenadas por un delito han sido condenadas por nuestro sistema judicial, por lo tanto, están condenadas por un delito que está tipificado en el Código Penal. Desde esa perspectiva no son presos políticos”.

Así, afirmó que desde el punto de vista del sistema jurídico vigente, “hoy hay presos por causas penales que están tipificadas”.

En ese marco, también manifestó que “cada vez que hay un hecho y ese hecho tiene alguna consigna, un panfleto o algún lienzo en el cual se deja evidencia, se hace alusión al carácter de presos políticos”, por lo que “hay un sector de la sociedad que considera que hay presos políticos”.

Uno de los puntos que podría explicar estas diferencias de opinión, está en que el subsecretario, Monsalve es cercano al exsubsecretario del Interior de Michelle Bachelet, Mahmud Aleuy, a quien en su minuto, se le acusó de “militarizar” La Araucanía.

Las discrepancias sobre el punto en La Moneda también llegan hasta la misma Presidencia. El 16 de julio de 2020, Gabriel Boric -en ese entonces diputado- se manifestó en su cuenta personal de Twitter respecto a la huelga de hambre que el Machi Celestino Córdova -condenado a 18 años de cárcel por el incendio que provocó la muerte del matrimonio Luchsinger-Mackay- inició junto a otros presos mapuche, para exigir la aplicación del Convenio 169 de la OIT.

En aquella oportunidad, el entonces parlamentario empleó reconoció la existencia de “presos políticos” en Chile: “Más de 70 días de huelga de hambre de presos políticos mapuche. Machi Celestino Córdova en estado crítico. El gobierno de Chile no puede seguir siendo indiferente”.

/psg