El comienzo de la discusión de fondo en la Convención Constituyente ha instalado un tema de principal interés público: el debate sobre el régimen de gobierno. Con ello, han regresado con fuerza los argumentos a favor y en contra del presidencialismo y el parlamentarismo, como dos de las grandes alternativas posibles, en tanto otros hablan de la eventualidad de un régimen semipresidencial o semiparlamentario.

Se trata de un tema no resuelto ni en las convicciones de los partidos ni de los convencionales, no ha sido parte de las contradicciones doctrinales de las últimas décadas y probablemente su irrupción se deba al proceso constituyente que vive Chile. En el pasado –en los siglos XIX y XX– fue un tema de la mayor relevancia e incluso gravedad en los debates públicos, que incluso estuvo en el corazón de la guerra civil de 1891 y de los golpes militares de 1924 y 1925. En el primer caso, el presidente José Manuel Balmaceda comenzó ese año con un Manifiesto a la Nación, en el cual planteaba retóricamente: “Gobierno representativo o gobierno parlamentario. Éste es el dilema. Opto por el gobierno representativo que ordena la Constitución”. El gobernante hacía sinónimos los conceptos representativo y presidencial. Sin embargo, tras su derrota en el conflicto intestino, debió reconocer sin ambigüedades: “El régimen parlamentario ha triunfado en los campos de batalla”.

Después de tres décadas de un parlamentarismo a la chilena, sin contrapesos, consuetudinario, se produjo el ruido de sables y la demolición del régimen, que implicó la caída del presidente Arturo Alessandri y la clausura del Congreso Nacional. El Manifiesto de la Junta Militar, del 11 de septiembre de 1924, explicitó algunas definiciones fundamentales: “Este movimiento ha sido fruto espontáneo de las circunstancias. Su fin es abolir la política gangrenada. Se trata de un movimiento sin bandera de sectas o partidos, dirigidos igualmente contra todas las tiendas políticas que deprimieron la conciencia pública y causaron nuestra corrupción orgánica”. Al año siguiente, cuando la Comisión que estudiaba la nueva Constitución se inclinaba por regresar al modelo parlamentario, el León de Tarapacá –de regreso en Chile y en el gobierno – veía peligrar los objetivos que se había planteado. Entonces intervino en el seno de la Comisión el inspector general del Ejército, Mariano Navarrete, quien expresó de manera lapidaria: “El Ejército tiene horror a la política y, por consiguiente, no se mezclará jamás en sus actividades; pero tampoco mirará con indiferencia que se haga tabla rasa de sus ideales de depuración nacional, es decir, de que se olviden las finalidades de las revoluciones del 5 de Septiembre y del 23 de Enero para volver a la orgía política que dio vida a estos movimientos”. Con ello, Chile regresaría al presidencialismo en la Constitución de 1925, después de esa advertencia, o amenaza, como señaló uno de los miembros del organismo.

Incluso en 1973, cuando el problema estaba muy lejos de manifestarse en la dicotomía parlamentarismo-presidencialismo, la cuestión del régimen de gobierno reapareció oblicuamente en las semanas previas al 11 de septiembre. El Acuerdo de la Cámara de Diputados sobre el Grave Quebrantamiento del Orden Constitucional y Legal de la República generó una airada respuesta del presidente Salvador Allende, a través de un Manifiesto del 24 de agosto. En ese documento, el gobernante socialista rechazó la acusación opositora, y denunció a su vez que el mencionado Acuerdo “pretende, asimismo, constituir a la Cámara de Diputados en poder paralelo contra la Constitución y revela su intención de concentrar en el Congreso el poder total al arrogarse funciones del Ejecutivo, además de las legislativas, que le son propias”. Es decir, Allende acusaba un parlamentarismo abusivo e inconstitucional.

En los momentos de crisis profunda, o de ruptura, suele discutirse el régimen político, así como la continuidad de la Constitución vigente. Por lo mismo, no es casualidad que Chile viva en la actualidad ambos procesos: la elaboración de una nueva carta fundamental y el debate sobre la naturaleza del régimen de gobierno. El primer misil relevante lo envió el expresidente del Senado, Jaime Quintana, cuando afirmó que si el presidente Piñera quería gobernar con tranquilidad, debía aceptar la existencia de un “parlamentarismo de facto”. En la práctica, algo de eso ha existido en estos últimos dieciocho meses, a lo cual se ha sumado la discusión actual sobre el futuro régimen de gobierno.

Uno de los problemas más importantes que se advierte para llevar adelante un debate serio, argumentado, sin descalificaciones ni excesos, es la evidente descomposición de la vida política en el Chile que sucede a la revolución de octubre. Pero no se trata solo de eso, pues desde antes ya existía una degradación de los dos grandes poderes articuladores de los respectivos regímenes de gobierno: el Presidente de la República y el Congreso Nacional. No es un misterio que tanto Michelle Bachelet como Sebastián Piñera han gobernado largos periodos de sus gobiernos con menos del 20% del respaldo ciudadano, lo que lógicamente perjudica a sus administraciones, pero también a la institución. A esto se suman los ataques sistemáticos que recibieron ambos, no solo por razones políticas, sino también algunas de carácter personal. Como consecuencia, se ha producido una degradación de la institución Presidente de la República, cuyas consecuencias se sentirán por largo tiempo. A ello se suma un factor histórico: la reacción constituyente contra la carta de 1980 y la oposición radicalizada contra Piñera son también manifestaciones contra el presidencialismo, y por lo mismo se abren a sistemas alternativos.

Sin embargo, la solución no es tan fácil. Desde luego, porque la degradación del Congreso Nacional ha corrido en paralelo, como muestran diversas encuestas. No se trata simplemente de realizar malas evaluaciones sobre los shows encabezados por algunos parlamentarios, sino que el problema es más profundo. En los últimos años han existido proyectos inconstitucionales, uso de recursos públicos para campañas de reelección, una procrastinación inexcusable de algunos proyectos de alto interés público (pensiones, por ejemplo), un populismo desatado y transversal, falta de austeridad y otros problemas.

Por lo mismo, no resulta claro que Chile deba dejar atrás el presidencialismo para caer en el parlamentarismo. El cambio de régimen no significará –ni de lejos– adoptar de inmediato las virtudes del sistema británico, ni sus tradiciones políticas o institucionales. Por otra parte, hay ciertos elementos de la historia democrática chilena muy apreciados por la ciudadanía, como es el caso de la elección directa de Presidente de la República. Parece claramente inconveniente delegar esa elección en los partidos representados en el Congreso. A esto habría que agregar un problema adicional: el fraccionalismo del sistema de partidos, que lleva a tener numerosas corrientes políticas, muchas veces sin doctrina ni posiciones claras, que volverían todavía más inestable el régimen político, como de hecho ocurrió con el parlamentarismo histórico chileno, aunque esta fuera una fórmula heterodoxa de aplicación de dicho régimen.

Estos son solo algunos elementos para incorporar a la discusión. Ni el Presidente de la República es un órgano divino, ni el Congreso Nacional logrará superar los problemas del tiempo histórico que vivimos. Los problemas de fondo son otros: crisis institucional, polarización, una política contrahecha y una sensación de decadencia que cruza a los poderes del Estado. Por lo mismo, se requiere altura para la discusión, que debe considerar elementos históricos y políticos en los análisis, dejando de lado las falsas ilusiones sobre las bondades de uno u otro sistema. Cuando fallan los “resortes de la máquina”, como se decía en otros tiempos, los problemas tienden a perpetuarse. Y debemos tener claro que las cosas no mejorarán por arte de magia ni por prescripción constitucional.

Por Alejandro San Francisco, profesor de la U. San Sebastián y la UC. Director de Formación del Instituto Res Publica. Director general de “Historia de Chile 1960-2010” (USS), para El Líbero

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