Nuestra institucionalidad, y con ella, el futuro de nuestro país, están en grave riesgo. El 24 de junio de 2022, después de que el tipo de cambio superara los $915 por dólar y de que dos Consejeros del Banco Central declararan que no había intenciones de intervenir el mercado, el ministro de Hacienda anunció la venta US$ 5 mil millones para contrarrestar el alza del dólar, buscando intervenir el mercado cambiario pese a que la política cambiaria y monetaria son responsabilidad del Banco Central y no del Ministerio de Hacienda.

La semana recién pasada, en una movida comunicacional que limitó el intervencionismo, y ante el alza del tipo de cambio que respondió no sólo a los movimientos en el mercado internacional, sino más importante aún, al incremento en la incertidumbre económica y política, producto de la presentación de una reforma tributaria fácilmente clasificable como anti-inversión y anti crecimiento económico, el Ministro de Hacienda Mario Marcel llamó al Banco Central a compartir su diagnóstico sobre lo que estaba ocurriendo en el mercado cambiario, en un intento de desviar las presiones periodísticas desde el gobierno hacia el ente emisor.

Pero ante la insistencia de los medios frente a los efectos inflacionarios del alza en el tipo de cambio que las propias políticas de gobierno generaron, y en un intento desesperado de culpar al Banco Central, la Ministra vocera Camila Vallejo, cruzó todos los límites institucionales, llamando directamente al ente emisor a “tomar medidas” con respecto al alza del dólar. Llamado que el propio Ministro de Hacienda y ex Presidente del Banco Central condenaron, ante lo cual la ministra trató de minimizar explicando que “Hay autoridades no tan familiarizadas con temas económicos”, olvidando que en el cargo que la enviste, es su deber conocer los límites de su rol como vocera de gobierno.

Sin embargo, las trasgresiones a la institucionalidad vigente no terminaron ahí. El 11 de julio el gobierno anunció la entrega de un bono invierno de $120 mil que beneficiará a cerca de 7,5 millones de personas; cuando sólo 11 días antes, el Presidente Boric le había cerrado la puerta a un bono IFE invierno debido a que – en sus propias palabras – “Ante el problema de la inflación, la propuesta que se hace aumenta aún más la inflación. Uno no puede pretender entregar una solución que agrava aún más el problema. …tengamos cuidado con propuestas que signifiquen pan para hoy y hambre para mañana”.

El último atropello a la institucionalidad vigente se da entonces porque el gobierno termina cediendo a las presiones electorales del partido comunista, y con claros objetivos electorales, e incluso contradiciendo sus propias declaraciones previas, termina anunciando un bono invierno que les permita mejorar las probabilidades de éxito en el plebiscito de salida, lo cual claramente es una intervención electoral.

Lamentablemente, y tal como lo muestra la historia de la humanidad, sólo los países donde la institucionalidad no se transgrede, pueden asegurar mejores condiciones de vida a sus ciudadanos. Hace algunos años ya, los políticos en nuestro país decidieron dejar de respetar la constitución, y recientemente, el gobierno decidió atropellar a las instituciones vigentes. Ciertamente Chile ha equivocado su camino, y a menos que corrijamos el sentido de nuestras acciones, nuestro destino será inevitablemente ser un país pobre y sin oportunidades.

/escrito por Michelle Labbé para La Tercera *La autora es economista jefe de Dominus Capital

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