Al enterarnos de la horrible muerte de dos personas en Tirúa, una de ellas una adolescente, su tragedia nos hace evocar la cuestión de nuestra deuda con el pueblo mapuche. Las circunstancias de estas muertes, donde hay al parecer involucradas cuestiones ligadas al narcotráfico, a bandas que operan impunemente en indefensas localidades de la provincia de Arauco y La Araucanía efectuando actos terroristas y mezclando supuestas reivindicaciones del pueblo mapuche con negocios ilícitos, nos hablan efectivamente de una deuda con la población que allí habita. La falla del Estado es evidente, es vergonzante y es creciente.

Pero esta deuda tiene poco o nada que ver con demandas territoriales o reclamos de autonomía, como algunos quieren presentarlo. Menos aún con cuestiones de dignidad e igual trato, o de respeto a culturas ancestrales. En esto último estamos todos de acuerdo y podemos avanzar.

La deuda del Estado tiene que ver con la imposibilidad de esos chilenos de vivir tranquilos y en paz, primera cuestión que debe garantizar el Estado; la dificultad para emprender con sus familias y apoyo de empresas que están dispuestos a ayudarles, lo que es castigado por grupos radicalizados y extremistas que los incendian y asesinan por ello; con la inoperancia de la justicia que actúa amedrentada, o infiltrada en ocasiones, dejando impunes estos crímenes; con el fracaso de las policías que cada vez que intentan enfrentar a los delincuentes hacen el ridículo al verse superadas por el mayor poder de fuego de éstos, que no actúan, como carabineros y detectives, con las manos amarradas por el gobierno y sus instrucciones para el uso de la fuerza, o con la falta de medios materiales para combatir la amenaza que enfrentan; por la complicidad de los políticos de izquierda que, con la excepción de unos pocos valientes, callan y se hacen los lesos frente a la violencia, avalándola y fomentándola; con el silencio de otros chilenos que parecieran considerar lo más normal que en esos lugares de Chile sea imposible vivir en paz; con la red de protección con que cuentan los extremistas en muchos medios de comunicación, que banalizan su violencia y ensalzan la “causa mapuche” y sus reivindicaciones, lo que termina por justificar sus actos terroristas.

Esa es la verdadera deuda con el pueblo mapuche, no aquella que se caracteriza como deuda histórica con pueblos originarios, que sirve de pretexto para proteger a violentistas y para llenar de dólares y privilegios a falsos líderes que escasamente visitan la región. Desgraciadamente, la Convención Constitucional se ha transformado en un teatro donde se pretende mostrar una tragedia que no es la real y actores con caras compungidas, voz engolada y lágrimas de un buenismo inútil terminan representando una obra que es más bien propia de la farsesca.

/Escrito para La Tercera por Luis Larraín , presidente del Consejo Asesor de Libertad y Desarrollo

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