La palabra democracia proviene del griego antiguo. Fue acuñado en Atenas en el siglo V antes de Cristo a partir de las palabras “demos” (pueblo, población) y “kratos” (gobierno, poder, autoridad), es decir, un gobierno del pueblo.

La democracia se basa en que las personas son libres, lo que implica que tienen la facultad de decidir y elegir; esta libertad permite tomar decisiones en forma responsable.

De este modo, la democracia es un régimen político donde la titularidad del poder la ejerce el pueblo a través de representantes elegidos por el mismo, directa o indirectamente; sin distinción de raza, religión o condición social y económica. De este modo, la democracia asegura que todos los ciudadanos tienen derecho a votar y elegir representantes; con igualdad de voto (cada voto pesa lo mismo); donde prepondera el principio de las mayorías, pero sin afectar los derechos de las minorías.

Esta definición de democracia es probablemente la que entendemos todos como democracia, sin embargo, parece ser un definición que no quisieron ver nuestros parlamentarios cuando redactaron y aprobaron los cambios a la constitución actual, que a través de la Ley Nº 21.216 (marzo 2020) garantizó la paridad de género en la integración del órgano constituyente y de la Ley Nº 21.298 (diciembre 2020) se reservaron escaños a representantes de los pueblos indígenas en la convención constitucional.

Ambos cambios pasaron por encima de la definición de libertad y el respeto a la capacidad de las personas de tomar sus propias decisiones, pues restringieron la libertad de los ciudadanos de elegir libremente.

Lo peor de esto, es que pese a que estos parlamentarios podrían argüir que su objetivo era resguardar y promover la participación de mujeres y representantes de los pueblos indígenas, y no desvirtuar la democracia, la realidad es que la decisión no fue un error, sino que fue premeditada. En efecto, la disposición 47 de misma Ley Nº 21.298 establece literalmente que: “Con la finalidad de resguardar y promover la participación de las personas con discapacidad en las elecciones de los Convencionales Constituyentes para redactar la nueva Constitución Política, de la totalidad de las declaraciones de candidaturas de las listas conformadas por un solo partido político o pactos electorales de partidos políticos, se establecerá un porcentaje mínimo del cinco por ciento del total respectivo de candidaturas para personas con discapacidad…”, sin definir escaños reservados para las personas con discapacidad.

Es decir, podrían haber hecho lo mismo, asegurar la participación de determinados porcentajes de candidatos de pueblos originarios y de hombres y mujeres, sin afectar las decisiones de los chilenos, pero optaron por establecer privilegios de algunos chilenos por sobre otros, doblándole la mano a la democracia y a nuestra libertad y capacidad de elegir nuestros representantes.

Esta decisión de los parlamentarios, de establecer una elección no democrática, tuvo como primera consecuencia que los constituyentes elegidos no representan lo que piensan y quieren los ciudadanos de nuestro país. En efecto, tal como queda de manifiesto en el comportamiento de nuestros constituyentes, la convención constitucional, habiendo gozado de una aprobación de cerca de 80% en su origen, hoy no alcanza un 40% de aprobación la constitución que están escribiendo.

El segundo problema de generar privilegios en una elección es que ello generó privilegiados, que una vez tocados por la varita mágica del privilegio, no quieren renunciar a ella; y por ello, la convención ya ha aprobado (en el pleno) disposiciones que perpetúan dichos privilegios, tal como un sistema de justicia paralelo y distinto para los pueblos indígenas, que viola el estado de derecho que garantiza que todos los ciudadanos son iguales ante la ley.

De este modo, los parlamentarios dispusieron privilegios para los pueblos indígenas, privilegios, que obviamente los pueblos indígenas quieren perpetuar y lo están haciendo al establecer constitucionalmente escaños reservados para todas las elecciones futuras de nuestro país, garantizando, de este modo, el fin de la democracia en nuestro país.

Por Michèle Labbé, economista, para El Líbero.

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