Nada bien cayó en la Multgremial de La Araucanía el rechazo de la Contraloría General de la República (CGR) al Decreto 249 del Ejecutivo que buscaba la colaboración de las Fuerzas Armadas (FF.AA.) en la Macrozona Sur, ante los serie de hechos de violencia y tras el término del estado de excepción constitucional por la pandemia.

El órgano de control objetó el documento y no tomó razón, pues afirmó que dicha labor corresponde a Carabineros y la Policía de Investigaciones. Ante ello, el Ministerio del Interior y Seguridad Pública afirmó que buscarán la fórmula para revertirlo.

En este escenario, la Multigremial elaboró un comunicado donde señala que “la decisión del contralor general de la República, Jorge Bermúdez (…) nos parece equivocada y un precedente peligroso para nuestra salud democrática ante la escalada de violencia que vivimos en el sur de Chile”.

Agregó que “la justificación del Decreto Nº249 es muy simple: la fuerte presencia de grupos paramilitares que circulan y actúan libremente por los caminos del sur de Chile, armados con fusiles de guerra, los cuales reiteradamente atacan directamente a personas inocentes y ejecutan acciones de sabotaje que buscan provocar el terror y la desestabilización del Estado”.

A juicio de la Multigremial, el documento que fue objetado, pues existen “otras vías institucionales para dicho objetivo”, de acuerdo al órgano de control, “se hace cargo, además, de la evidente realidad de que actualmente las policías no tienen las capacidades para cumplir con su mandato de protección y resguardo de la integridad física de las personas que habitan en el sur, ni de sus propiedades, sus trabajos, sus emprendimientos, ni de las libertades que caracterizan a nuestra convivencia democrática”.

“Recordamos que grupos insurgentes como la CAM públicamente declaran la existencia de una guerra contra el Estado. Lo que está en juego es la seguridad nacional, no es delincuencia común”, aseguró.

La Multigremial afirmó que hoy existe un “decreto similar”, el 265, aprobado por Contraloría, que permite el actuar de las FF.AA. en el norte del país sin estado de excepción “para apoyo y colaboración con las policías en materias de transporte, tecnología, y logística en el combate de actividades de tráfico ilícito de migrantes, narcotráfico y crimen organizado transnacional”. Sin embargo este argumento fue desestimado ayer por la CGR que subrayó que “a diferencia del decreto 265, que establece la colaboración en frontera a amenazas exteriores, en este caso (el 249) trata de un conflicto interno de orden público”.

Finalmente, la Multigremial manifestó: “Solicitamos al Poder Ejecutivo que impugne esta resolución equivocada de la Contraloría General de la República y prime, por sobre todo, la protección que necesitamos quienes vivimos presos de la violencia que ejercen organizaciones criminales como la CAM y sus Órganos de Resistencia Territorial (ORT)”.

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