Dado el rumbo que viene tomando la convención constitucional y las disparatadas normas que han sido aprobadas en varias de las comisiones, muchos comienzan a preguntarse cuál es el mejor momento para anunciar su llamado a votar por el rechazo en el plebiscito de salida. Pero las legítimas razones que se puedan esgrimir para rechazar la propuesta de una nueva constitución tendrán una tarea cuesta arriba al tratar de convencer a muchos chilenos que creen que, aunque salga mala, esa opción será mejor que la actual. Por eso mismo, no hay que esperar para alzar la voz y advertir sobre el daño que hará al país aprobar la nueva constitución que proponga la convención constitucional.

El camino constituyente que tomó la elite política nacional en noviembre de 2019 y que ratificó mayoritariamente la población que se molestó en ir a votar en octubre de 2020 se basa en una premisa falsa pero altamente popular. Una amplia mayoría de las personas en Chile cree que la nueva constitución será una píldora mágica que nos permita dar el salto hacia el desarrollo.

Esta creencia se basa en algunos hechos indesmentibles —como la ilegitimidad de origen de la constitución anterior. Pero también se construye a partir de creencias equivocadas mezcladas con pereza intelectual. La evidencia que existe en América Latina es clara respecto al efecto limitado de una nueva constitución. En todos los países que adoptaron nuevas constituciones en los últimos 40 años, los problemas estructurales de pobreza, desigualdad e instituciones políticas ineficaces se mantuvieron. Los más optimistas podrán decir que el caso de Chile será diferente, pero hay buenas razones para creer que, así como la nueva constitución mejorará algunas cosas, también empeorará otras.

El solo hecho que cada nueva constitución que se ha escrito en el mundo tiende a ser más larga que la anterior permite anticipar que el exceso de artículos y mandatos en el nuevo texto llevará a contradicciones que obligarán a que, una vez promulgada, la nueva constitución pase por un largo y engorroso periodo de judicialización y un periodo posterior de reformas y enmiendas para corregir errores y llenar vacíos. La incertidumbre que ha acompañado al proceso constituyente no se acabará cuando entre en vigencia la nueva constitución. Por eso, aunque algunos se opongan a extender el plazo de término de las deliberaciones de la convención más allá del 4 de julio, nadie debiera soñar con la idea de que el país retomará la certeza jurídica sobre los derechos de propiedad en el futuro cercano.

Peor aún, como la mayoría de los chilenos no se va a molestar en leer el texto de la nueva constitución —que será más largo y confuso que el de la actual, esa que muchos votaron por reemplazar sin haberse molestado en leerla— es poco probable que la incorporación de artículos extravagantes e insólitos genere un rechazo en la población. Si las personas ni siquiera saben el nombre de los diputados y senadores de sus distritos y circunscripciones, difícilmente van a darse el trabajo de ponderar, antes de votar en el plebiscito de salida, el impacto de las restricciones a la propiedad privada y los de mandatos constitucionales que hagan explotar el gasto público que serán parte de la constitución. Aun si el pleno de la convención logra frenar algunas de las ideas más descabelladas, la tormenta de iniciativas irreflexivas hará que la nueva constitución tenga demasiados preceptos contrarios a la prosperidad y dañinos para la actividad económica sustentable y para el buen funcionamiento de la democracia.

Por Patricio Navia, sociólogo, cientista político, académico UDP, para El Líbero

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