Dos requerimientos de información hizo el fiscal jefe de Alta Complejidad Oriente, Felipe Sepúlveda, a la Cámara de Diputados y al Senado, el 21 y 22 de enero respectivamente, en el marco del caso por presunto fraude al Fisco en las asesorías parlamentarias. Puntualmente, investiga cuáles congresistas pagaron más de una vez por el mismo informe de asesoría.

El Ministerio Público primero pidió que la PDI pudiese ir a buscar los antecedentes que necesita al Parlamento el 16 de enero pasado, pero la Cámara negó su ingreso y respondió al fiscal que antes definiera qué necesitan específicamente, porque serían ellos quienes harían llegar la información.

Así, Sepúlveda detalló el requerimiento: “Solicito a usted remitir toda la documentación que acredite fehacientemente el pago de asesorías parlamentarias que más adelante se individualizan, en especial se solicita remitir al menos los siguientes antecedentes: comprobante contable del egreso por el pago del informe, instrumento de pago (cheque, transferencia, vale vista, etc.), cargo en la cuenta corriente respectiva que de cuenta del pago, visto bueno del congresista mediante el cual aprobó el informe requerido, factura o boleta del prestador del servicio, comprobante de solicitud del informe, copia del informe”.

En cada solicitud se especificaron las asesorías en relación a las cuales se piden estos antecedentes. El criterio que usó Sepúlveda para pedir puntualmente los datos de algunas asesorías (27) fue que todos esos informes fueron requeridos por legisladores más de una vez, es decir, habrían pagado dos veces por recibir el mismo contenido.

A la Cámara pidió documentación de los pagos de las asesorías requeridas por los exdiputados Clemira Pacheco (PS) y Joaquín Tuma (PPD) (cada uno con tres informes repetidos), Guillermo Ceroni (PPD) (por dos informes repetidos), Daniel Melo (PS), Jaime Pilowsky (DC), Patricio Vallespín (DC), Ricardo Rincón (IND), Arturo Squella (UDI) (cada uno con un informe repetido),

También, se requirió la misma información respecto a las asesorías solicitadas por los diputados Fidel Espinoza (PS y expresidente de la Cámara), Camila Vallejo (PC), Mario Venegas (DC), Matías Walker (DC) y Gabriel Silber (DC) (cada uno con un informe repetido) y de Daniela Cicardini (PPD) (por dos informes repetidos)

Desde la Cámara de Diputados confirman la recepción del oficio y explican que la próxima semana será despachada la información. “Recibimos un oficio vía correo electrónico y queremos entregar la información a la brevedad, antes del receso legislativo, la próxima semana”, afirma el secretario general de la corporación, Miguel Landeros.

Para el caso del Senado, el Ministerio Público solicitó la información de respaldo de asesorías de otros cinco parlamentarios. Se trata de dos informes duplicados requeridos por los senadores Manuel José Ossandón (RN) y por José García Ruminot (RN) y un informe duplicado pedido por Alejandro García-Huidobro (UDI).

Asimismo, asesores de senadores explican que la diligencia será también respondida antes de febrero y que la corporación se encuentra recopilando los antecedentes.

Según un informe realizado por la PDI, hay 35 parlamentarios que pagaron por informes con “contenido coincidente”. Estas situaciones de multiplicidad de las asesorías con títulos similares se detectaron luego de que los policías analizaran los antecedentes aportados voluntariamente por seis centros de estudios ligados a partidos políticos que se dedican, entre otras tareas, a la venta de asesorías parlamentarias.

Cuando en 2017, el Ministerio Público pidió al Senado el respaldo de todos los informes de asesorías externas de todos los legisladores entonces en ejercicio, la corporación pidió un análisis en derecho para evaluar la pertinencia de la diligencia. Esa vez, se definió no entregar la información y solicitar a la fiscalía que precisara qué informes requería y sobre qué parlamentario. Posterior a eso, la misma corporación contrató los servicios jurídicos del abogado Juan Carlos Manríquez, cuyo fin era interactuar con el ente persecutor.

Ese contrato no fue renovado y hoy, tanto en la Cámara como en el Senado, se determinó que cada asesor y cada parlamentario será responsable de su defensa ante el Ministerio Público.

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