El peor resultado de su historia fue lo que registraron en 2021 las isapres, sumando pérdidas por $137.113 millones, según cifras no auditadas del sector.

Desde la Asociación de Isapres argumentan que uno de los factores que llevó a este resultado es el aumento de los costos por licencias médicas. De hecho, señalan que el pago de estos permisos se ha incrementado progresivamente durante los últimos años, especialmente en 2021.

Esto, considerando que estiman que el costo por licencias médicas el año pasado subió 25% respecto a 2020, hasta los $945 mil millones. Ello implica un incremento de $187 mil millones año contra año.

Si en 2019, que es considerado como un año normal, el gasto que se generaba representaba un 29% de la cotización legal; eso aumentó en 2021, llegando a un 41%.

En ese sentido, si el costo promedio por cotizante en licencias médicas era de $312.000 en 2019, el año pasado ese monto alcanzó los $485.000, esto es un incremento de un 55% entre ambos periodos.

Desde la Asociación de Isapres explican que “aunque las licencias por Covid han contribuido a este importante aumento, también existe un crecimiento sustancial en otro tipo de permisos, destacando las relacionadas con la salud mental, lo que se potenció por efecto de la pandemia, las cuarentenas y la situación económica”.

No obstante, agregan que “se detectó que gran parte de estas licencias fueron entregadas por médicos no psiquiatras. Por esta razón, se hizo un levantamiento de aquellos profesionales denominados ´altos emisores´, los que, en promedio, formularon 620 permisos durante un año, solo en isapres, sin considerar las emitidas en Fonasa”.

A raíz de lo anterior, en 2021 las isapres iniciaron una serie de acciones legales. En el global, considerando isapres individuales y la Asociación, presentaron un total de 377 querellas contra grandes emisores del Subsidio por Incapacidad Laboral (SIL), en donde existe un denominador común en la mayoría de los casos: la inexistencia de prestaciones asociadas a la emisión de dicha licencia.

Asimismo, se realizaron 58 denuncias penales y 90 denuncias ante autoridades administrativas “en contra de médicos por emisión de licencias carentes de fundamento”, puntualizan.

Al ver el detalle, en representación de todas las isapres el gremio presentó acciones contra 27 médicos. En tanto, Consalud llevó adelante 95 querellas y, al analizar a los médicos, detectó que un 60% de ellos ya contaban con querellas vigentes y el 32% de éstos había sido sancionado anteriormente por la misma causa, ya sea por el Compin o la Superintendencia de Seguridad Social.

Sobre el diagnóstico más recurrente que detectó allí Consalud, las licencias médicas de salud mental alcanzan a más del 90% del total emitidas dentro de este grupo de médicos, en comparación con el 36% de todas las emitidas por el total de médicos, mientras que ninguno de ellos poseía la especialidad de médico psiquiatra.

Por su parte, Banmédica presentó acciones contra 285 médicos y realizó 45 denuncias. Adicionalmente, Colmena efectuó 13 denuncias penales y 87 denuncias administrativas ante la Superintendencia de Seguridad Social, Superintendencia de Salud y el Compin, de las cuales 20 han finalizado.

En Nueva MasVida detectaron tres casos de no médicos emitiendo licencias, denunciados ante autoridades administrativas y presentando una querella.

El presidente del gremio, Gonzalo Simon, explica que “el sistema de licencias médicas requiere cambios para responder mejor a las necesidades de la población y seguir beneficiando a quienes realmente lo necesitan. Es necesario fiscalizar el correcto otorgamiento del beneficio, para evitar el mal uso de recursos y para que el sistema no pierda legitimidad”.

Simon también dice que “se debe seguir investigando en profundidad el fenómeno de los altos emisores, no solo por las consecuencias económicas que tiene, sino para tomar medidas de política efectivas que impidan el uso indebido. Debemos proteger el importante beneficio que tiene un fin terapéutico para la recuperación de los trabajadores frente a una enfermedad y al igual que el sector público tenemos la obligación de asegurar su buen uso, de acuerdo con la normativa que las regula y para resguardar la fe pública”.

El líder de las isapres agrega que “se debe avanzar en una nueva institucionalidad para la recepción y administración de las licencias médicas que en términos de gobernanza sea independiente y tenga una estructura similar al Administrador del Fondo de Cesantía. Esta medida es algo que como isapres hemos planteado en nuestra propuesta para mejorar el sistema de salud, basado en un Plan Universal, y que esperamos sea considerada por las nuevas autoridades”.

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