Pocas cosas concitan tanto consenso como el hecho de que a nadie le gustan los monopolios. Las razones son varias, el precio de los bienes o servicios ofrecidos por el monopolista es más alto que cuando existe competencia, así como de menor calidad, lo que va en directo desmedro de los consumidores, y por ende de la sociedad en su conjunto. Además, la falta de competencia suele asfixiar el sector económico en el que se desempeñan, empobreciéndolo.

De este modo, cuando hay un monopolio, el consumidor sale siempre perdiendo y el dueño del monopolio ganando, lo que lleva a que las autoridades económicas regulen los monopolios para evitar la “explotación” de los consumidores por parte de los dueños del monopolio.

Aunque esto pareciera ser solo aplicable a los mercados de bienes y servicios, también es aplicable a otros sectores… tales como el sistema político.

En efecto, los diseños de sistemas políticos exitosos se caracterizan por desarrollar contrapesos para cada uno de los poderes, para legislar, para ejecutar lo legislado y para resolver los conflictos jurídicos -es decir para el Poder Legislativo, Poder Ejecutivo y Poder Judicial-.

De este modo, ninguno de estos poderes en solitario puede abusar de los ciudadanos sin estar expuesto a la fiscalización del otro, dicho de otro modo, existe competencia en el poder, que evita que éste abuse, ya sea entregando un mal servicio o subiendo sus precios.

Esto es lo que se conoce como el principio de la división de poderes y separación de funciones públicas, que permite tener “pesos y contrapesos” para cada uno de los poderes del Estado, de modo tal que el poder de cada una de ellas sea limitado y controlado, recíprocamente, por los otros, y de este modo impedir la centralización del poder y/o frenar la autocracia para evitar que el poder público se concentre de manera tal que pueda someter y subordinar al pueblo a sus dictámenes.

El documento que plasma la organización política de los países, los pesos y contrapesos del poder, es la Constitución. De este modo, la Constitución delinea la separación de poderes que protege a los ciudadanos de los abusos del poder del Estado, así como las leyes regulan a los monopolios para evitar los abusos a los consumidores.

Dicho lo anterior, llama profundamente la atención que la Convención Constitucional haya redactado y aprobado por el pleno el cambio del Poder Judicial por sistemas judiciales, dividiendo ese poder en múltiples sistemas, sin garantizar su coordinación, ni la igualdad ante la ley de todos los ciudadanos, y sometiendo a los jueces a un escrutinio de lo juzgado.

De este modo, les quita a los jueces cualquier grado de independencia, pues los convierte en sujetos de chantaje, al depender del beneplácito del Ejecutivo para mantenerse en sus puestos, debilitando su poder para resolver objetivamente los conflictos entre el Estado y los ciudadanos (si juzga a favor del ciudadano, el Ejecutivo tarde o temprano podrá quitarle su puesto de trabajo).

Del mismo modo, llama la atención que la Convención Constitucional busque eliminar o quitar poder al Senado, como contrapeso de la cámara de Diputados y del Poder Ejecutivo, al relegar sus funciones a temas territoriales y regionales; y entregándole al Ejecutivo o al gobierno de turno todo el poder que le quitó al poder Judicial y Legislativo, permitiendo, entre otras cosas, la reelección del Presidente, quien cuenta con todos los recursos del Estado para competir con ventajas por sobre cualquier contrincante a la presidencia.

Estos cambios en los pesos y contrapesos de los poderes del Estado, que están debilitando la Constitución que la Convención está escribiendo (en lo ya aprobado por el pleno), son justamente los cambio que permitieron que en Latinoamérica y en otras partes del mundo, se hayan establecido institucionalmente gobiernos autoritarios, que con la falsa promesa de cumplirle a los ciudadanos todas sus necesidades, terminan sometiendo a sus poblaciones a la pobreza, quitándoles el poder de defenderse ante el Estado e incluso de opinar en contra del mismo.

Desde el punto de vista de la economía, la Convención Constitucional está reduciendo las regulaciones y restricciones al monopolio del poder Ejecutivo, y por tanto, está preparando el terreno para que el Estado chileno se convierta en un monopolio poderoso, donde el ejecutivo no tiene “competidores” que eviten que éste abuse de sus clientes, los ciudadanos.

¡Digamos NO al monopolio estatal!

Por Michelle Labbé, economista, para El Líbero

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