La relatoría de libertad de expresión de las Naciones Unidas (ONU), junto con las relatorías de reunión y asociación y la de los defensores de los derechos humanos, hicieron pública una carta dirigida a la dictadura de Cuba que redactaron el pasado 20 de octubre. En ella expresan su preocupación por la entrada en vigencia de una nueva legislación en materia de libertad de expresión, reunión y asociación. El Decreto Ley 35, y las normas que lo acompañan, regula exhaustivamente las telecomunicaciones y el uso de las tecnologías de información y comunicación.

Bajo esta nueva normativa, impulsada luego de las multitudinarias y pacíficas marchas del 11 de julio -en las que el pueblo cubano realizó la demostración antigubernamental más grande desde la llegada de Fidel Castro al poder hace más de 62 años-, se vuelve ilegal realizar “incidentes de ciberseguridad”, que es una categoría tan amplia que incluye tanto ataques de virus y fallas en las corrientes eléctricas como la utilización de las redes sociales para criticar al régimen, convocar a marchas o abogar por un cambio de sistema político y/o económico.

De la misma forma, se consideran como incidentes de ciberseguridad la “divulgación de noticias falsas, mensajes ofensivos, difamación con impacto en el prestigio del país”, la difusión de “contenidos que atentan contra los preceptos constitucionales, sociales y económicos del Estado, inciten a movilizaciones u otros actos que alteren el orden público o pretendan alterar el orden público o promover la indisciplina social”.

Así, bajo estos términos tan amplios y subjetivos, el régimen puede utilizar esta herramienta legal para perseguir a sus detractores utilizando cualquiera de estos pretextos.

La Habana defendió la adopción de la medida en función de lo que el viceministro de comunicaciones Ernesto Rodríguez Hernández llamó “una internet ética y buena para la población”. Pero la ONU calificó al decreto como contrario a la Declaración Universal de Derechos Humanos, ya que permite que se limite la libertad de expresión, de reunión y de asociación de manera subjetiva y con claras intenciones políticas. La limitación del acceso internet, sobre todo cuando es utilizada para impedir la libre circulación de información en la ciudadanía, “amenaza con destruir el espacio en el que la sociedad civil y personas defensoras de derechos humanos pueden promover o defender colectivamente un asunto de interés común”.

En Cuba, además, no existen los medios de comunicación privados y todos están regulados o manejados por el Estado, lo que convierte a las redes y a internet en el único lugar donde los ciudadanos pueden -o podían- expresarse e informarse sin tener que pasar por el filtro de la dictadura.

“Las prohibiciones mencionadas podrían tener graves consecuencias para el público en general, para los periodistas de investigación y para los defensores de derechos humanos que informan sobre las violaciones de los Derechos Humanos y contribuyen a que el gobierno rinda cuentas”, indica la carta de las relatorías de la ONU.

Según se lee en el documento, la legislación cubana prevé penas de 4 años de privación de libertad por “difundir noticias falsas o predicciones maliciosas” que causen “descontento en la población o pongan en peligro el prestigio o el crédito del Estado cubano o sus buenas relaciones con otro Estado”. Es por esto que el decreto funciona como una herramienta de intimidación para periodistas y activistas por la democracia y los Derechos Humanos.

La carta también hace hincapié en lo preocupante que es facultar a los proveedores de servicio “a interrumpir el acceso a telefonía o Internet sin el análisis y supervisión judicial para interpretar la publicación de ‘información falsa, ofensiva o lesiva a la dignidad humana’ o ‘la moralidad pública y el respeto al orden público’”.

En definitiva, la nueva norma permite al personal del gobierno monitorear y suspender el acceso a internet a cualquier persona sin tener que pasar por un control judicial -que de todas formas responde al gobierno y se alinea con sus decisiones. Las relatorías piden la anulación del decreto y la eliminación de todas las limitaciones a la libertad de expresión presentes en la legislación vigente. “El decreto faculta al gobierno a realizar un monitoreo constante de los contenidos que los cubanos comparten en redes sociales e Internet”, y el monitoreo y la interrupción arbitraria de los servicios “pueden impedir que los periodistas y personas defensoras de derechos humanos informen libremente sobre los sucesos y violaciones a derechos humanos que ocurren en Cuba”, cierra la carta.

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