El asesinato del carabinero Breant Rivas en Chillán la madrugada del jueves llevó a la ministra del Interior Izkia Siches a declarar que “debemos trabajar unidos como país para disminuir el poder de fuego de los delincuentes”. Pero como los delincuentes no van a entregar voluntariamente sus armas, la mejor forma de lograr ese objetivo es aumentando el poder de fuego de los carabineros y de las fuerzas de seguridad. Solo fortaleciendo a Carabineros y aumentando las penas para las personas que atacan a los policías se podrá contrarrestar ese creciente poder de fuego de los delincuentes que preocupa al gobierno.

Es incuestionable el aumento de la delincuencia en Chile en meses recientes. Aunque el país sigue siendo más seguro que la mayoría de nuestros vecinos, es menos seguro ahora que hace unos años. Además, independientemente de los niveles de victimización, la percepción de inseguridad va al alza. La gente percibe que los delincuentes ahora tienen mayor poder de fuego. La gente quiere que el gobierno tome cartas en el asunto.

Parte del problema, no obstante, está en que la sociedad se ha puesto más tolerante con la violencia. Desde incluso antes del estallido social, la sola presencia de Carabineros no era suficiente para que se impusiera el orden. Se hizo costumbre en Chile que la gente atacara a Carabineros o que se resistiera a arrestos golpeando a sus funcionarios. En las marchas, y especialmente desde el estallido social, la gente no trepida en golpear a los carabineros cuando estos están tratando de hacer su trabajo. Mucha gente cree que es aceptable tirarle piedras a los vehículos de carabineros o incluso intentar incendiar esos automóviles ocupados por carabineros.

La tolerancia a la violencia contra carabineros ha convertido a esos funcionarios públicos en blanco fácil para ataques de delincuentes. Si un delincuente ve en televisión que los manifestantes pueden golpear impunemente a carabineros —y que hay políticos que defienden a esos manifestantes—, el delincuente tendrá menos temor de resistirse a un arresto o incluso se animará a dispararles cuando es descubierto en una fechoría.

La falta de respeto a la autoridad ha sido alimentada por muchos de los que ahora ocupan posiciones de poder en el Ejecutivo. El propio Presidente Boric, cuando era estudiante y luego diputado, participó de marchas junto a muchos manifestantes que atacaban impunemente a carabineros. La defensa que hicieron muchos de los actuales líderes del Frente Amplio a las violentas manifestaciones asociadas al estallido social de octubre —la llamada Primera Línea— buscó convertir en héroes a aquellas personas que se dedicaban a obstruir el trabajo de Carabineros y que continuamente atacaban a la policía cuando esta buscaba restablecer el libre tránsito por Plaza Baquedano. Es más, esas mismas personas osadamente se atrevieron a sugerir que ese lugar símbolo de la violencia se llamara Plaza Dignidad. No puede haber dignidad en un lugar en que la gente impunemente ataca a la fuerza policial.

De poco sirve argumentar que Carabineros violó los derechos humanos o que sus procedimientos usaron excesivamente la fuerza. Tampoco se justifica atacar a cualquier carabinero porque algunos funcionarios de esa policía dispararon directamente a las personas. Si hubo carabineros que incumplieron su tarea y violaron la ley, hay vías para hacer que rindan cuentas en un estado de derecho como el que tiene el país. Es una muestra de salvajismo responder con piedrazos a carabineros cuando la fuerza policial hace su trabajo.

Ahora que muchos de los apologistas de la retórica que normalizó los actos de violencia contra Carabineros están en el gobierno, su tarea es trabajar con la policía para garantizar la seguridad de la población y combatir la delincuencia. El desafío es especialmente complejo toda vez que es evidente que los delincuentes tienen ahora un mayor poder de fuego.

Para enfrentar el problema, no basta con llamados bien intencionados a reducir el número de armas en las calles. Para lograr que haya menos armas en las calles, el gobierno deberá dotar a Carabineros de mayor poder de fuego para poder enfrentar a los delincuentes. De igual forma, el gobierno deberá trabajar con el Congreso para establecer severas penas a las personas que ataquen a Carabineros —independientemente de la circunstancia. El gobierno también deberá abandonar esa infantil lógica de criticar la criminalización de los movimientos sociales. Cuando la gente en las marchas se comporta como delincuentes, Carabineros debe responder con la mayor fuerza de la ley. Esa es la única forma de dejar en claro que delinquir, en una marcha o en cualquier otra situación, es un delito que traerá consecuencias graves.

Finalmente, el gobierno deberá dejar de lado ese idealismo de que el diálogo puede terminar con la violencia. El gobierno debe atreverse a imponer el estado de derecho con el legítimo uso del monopolio de la violencia. A menos que el gobierno tome pasos decididos para dejar en claro que cualquier uso de fuerza contra Carabineros es intolerable y será severamente castigado, las buenas intenciones de la Ministra Siches no serán suficientes ni para evitar nuevos asesinatos de carabineros ni para cumplir su deber de dar más seguridad a la población.

Por Patricio Navia, sociólogo, cientista político y académico UDP, para El Líbero

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