La batalla por el control de la Cámara ya se extiende por varios frentes.

Además de las negociaciones y transacciones secretas, un campo de enfrentamientos se dará en el plano reglamentario, que podrían llegar incluso a tribunales.

El objetivo de los partidos de derecha, que buscan impedir la elección de la diputada Karol Cariola como nueva presidenta de la Cámara, es lograr, además, una reorganización de las comisiones, instancias incluso más relevantes que la misma mesa directiva de la corporación para definir la agenda legislativa. En el fondo, quien controla las comisiones decide qué leyes se discuten.

Si bien para el gobierno y el oficialismo ya sería un revés perder la presidencia de la Cámara, la derrota sería mucho más catastrófica si las colectividades de oposición (RN, UDI, Evópoli y el Partido Republicano) logran rehacer la integración de estas comisiones, donde la derecha es minoría.

Por ello, las fuerzas gubernamentales definieron como una línea roja que no aceptarán que se cambie todo el acuerdo administrativo y de gobernabilidad, independiente de que Cariola no sea elegida.

Este pacto -suscrito en marzo pasado por un grupo mayoritario de bancadas, del que solo quedaron excluidos los partidos de derecha- disponía una rotación en la presidencia de la Cámara y, a la vez, establecía una distribución de cupos en las comisiones legislativas, dejando a la derecha en una posición disminuida.

Según el reglamento de la Cámara, la integración de la comisión surge de una proposición de la mesa (integrada por tres diputados que ejercen la presidencia y las dos vicepresidencias, además de la asesoría del abogado jefe de los funcionarios: el secretario general).

La interpretación que sostiene el oficialismo indica que la composición de comisiones se realiza una vez, al inicio de cada período parlamentario, por lo que después solo mediante la unanimidad de los diputados se puede alterar esa integración.

Sin embargo, de acuerdo a un informe jurídico, encargado por la bancada de Renovación Nacional, basta una mayoría de diputados para rehacer la integración de las comisiones.

“Más allá de las dificultades que se presenten desde lo administrativo, la potestad de una mesa de volver a someter a consideración de la sala la integración de las comisiones existe, y ella requiere, en la medida en que se demande de su votación, de la mayoría absoluta de los diputados que concurran en dicha decisión. No existen normas o antecedentes que permitan dar por configurado un uso o costumbre parlamentaria que dejen en evidencia la necesidad de unanimidad”, dice el análisis jurídico.

El informe cita que ello está regulado en el Artículo 218 del reglamento que dice: “Los miembros de las comisiones serán elegidos por la Cámara a propuesta de la mesa. La propuesta no tendrá discusión, y si no se pide votación, se dará tácitamente por aprobada. En caso contrario, la sala, en votación económica inmediata, resolverá sobre la proposición de la mesa (…)”.

La única salvedad que hace ese artículo es que haya una distribución proporcional de cupos en comisiones de acuerdo a la cantidad de parlamentarios que tiene cada bancada.

Por lo tanto, la lectura de la derecha es que si ganan presidencia y las vicepresidencias, quitándole el cupo a Cariola, la nueva directiva de la Cámara, puede remover el tablero.

Este documento de RN es la base de la estrategia de la derecha, cuyo objetivo es lograr una alianza con el PDG, algunos DC e independientes para impedir que llegue la diputada comunista a la presidencia.

Esa interpretación, sin embargo, es rechazada por el oficialismo, donde anticipan una “guerra” si ello llega a ocurrir.

El jefe del comité comunista, Boris Barrera, ya anticipó que si ello se materializa intentarán destituir a la mesa mediante la presentación incesante de censuras, mientras que el jefe de la bancada del Frente Amplio, Gonzalo Winter, señaló que pelearán esa interpretación incluso en tribunales.

En la derecha, no obstante, creen la mayoría de la sala al final de cuentas es la que impone la interpretación reglamentaria, por ende, un nuevo presidente de la corporación recién elegido tendría el piso suficiente para rehacer las comisiones. Además, sostienen que una jugada de este tipo solo podría ser impugnada en una corte de Apelaciones apostando a una vulneración de derechos (una acción sin precedentes), pues ni siquiera el Tribunal Constitucional tendría competencia en esta materia.

En tanto, el presidente de la Cámara, Raúl Soto, pidió otro informe a la secretaría de la institución para ver los escenarios de una ofensiva de la derecha.

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