Revuelo causó ayer en el mundo político la carta que publicó este martes El Mercurio, en la cual los economistas José de Gregorio, Eduardo Engel, Adrea Repetto y Rodrigo Valdés criticaron la estrategia impulsada por el Ejecutivo para tramitar la Pensión Garantizada Universal (PGU), además de poner en duda la fórmula que se plantea para costear el beneficio.

Además, los autores de la misiva señalaron que, sacar adelante la PGU, “no puede ser a costa de aumentar aún más los desequilibrios fiscales, por entendible que pueda ser que el Gobierno busque comprar una victoria política en sus postrimerías”.

El ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda, salió a defender el mecanismo de financiamiento ante estos duros cuestionamientos, asegurando que la crítica de los expertos es “injusta” y “más política que técnica”.

Además, reiteró que el Fisco cuenta con los recursos necesarios para sustentar este aporte monetario directo que beneficiaría a los mayores de 65 años que pertenezcan al 90% más vulnerable del país -jubilados a o no-, afirmando “aquí no hay ninguna irresponsabilidad”, y recordando que la PGU contempla parte de los bienes que ya habían sido planteados para impulsar la ley corta previsional.

A su vez, El Mercurio hoy publicó una carta escrita por la directora de Presupuestos, Cristina Torres, titulada “Solución urgente, con financiamiento”, en la cual la autoridad manifiesta que “destacados economistas ligados a la oposición señalan en una carta a su medio que sin financiamiento la PGU no es solución. Es importante explicar ciertas aristas que permiten refutar esa idea”.

“Tanto la administración anterior como este Gobierno han impulsado iniciativas hoy trabadas en el debate legislativo, y los pensionados no merecen seguir esperando. La solución está a la vuelta de la esquina y, dejando de lado la estrechez política, si este proyecto se aprueba, su pago en febrero mejorará la calidad de vida de los adultos mayores”, agregó.

Tras ello plantea “¿es esta una crítica a la forma o al fondo?”, y continúa explicando “si es a la forma, y a la separación del proyecto de exenciones, instamos a que tan reconocidos técnicos puedan relevar la importancia de aprobar dicha iniciativa de la mano de la PGU. Si es al fondo, es necesario repasar conceptos que permiten explicar el financiamiento de los 0,9 puntos del PIB que irroga la nueva PGU”.

“Primero, se cuenta con 0,35% del PIB que se recaudarán a través de las citadas exenciones tributarias”, afirmó.

Luego, Torres zanja “segundo, 0,1% del PIB proviene de una modificación al aporte obligatorio que debe realizarse al Fondo de Reserva de Pensiones. Este fue creado con el objeto de complementar el financiamiento de obligaciones fiscales derivadas del pilar solidario. Lo que se hace no es utilizar los más de US$7.400 millones ahorrados, sino que se modifica su regla de ahorro, pasando del 0,2% del PIB de aporte obligatorio a un 0,1% para contribuir al financiamiento de la PGU y el otro 0,1% del PIB se seguirá ahorrando”.

“Y, tercero, 0,5% del PIB ya está contemplado en las provisiones comprometidas del Tesoro Público del Presupuesto 2022, que acaba de aprobar el Congreso, donde se encuentran más de $900.000 millones para la Reforma Previsional. Para los años siguientes, en el Programa Financiero de Mediano Plazo 2023-2026, también en los gastos, se considera aproximadamente 0,5% del PIB para dicho fin”, acota.

“Sobre este punto”, expresa, “en la misiva se señala que el financiamiento proviene de ‘holguras’, lo que no es correcto. Parte del financiamiento de la PGU, como se dijo, ya se encuentra en las estimaciones de gastos comprometidos, lo que difiere de las holguras fiscales. Estas corresponden a recursos sin compromiso de gasto, y son aquellas que se presentan al comparar en el programa financiero los gastos comprometidos con el nivel de gasto que es compatible con la meta de balance estructural definida para cada año”.

“La responsabilidad fiscal es tarea de todos y el eje central de esta administración ha sido su resguardo, donde no es prudente confundir conceptos técnicos”, apuntó la directora de la Dipres.

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