La Fiscalía Nacional Económica (FNE) publicó este miércoles el informe final de su estudio de mercados sobre elmercdo del gas en el periodo comprendido entre 2010 y 2020, en el cual reiteró la necesidad de realizar una serie de reformas para aumentar la competitividad en este sector.

Lo anterior, señaló la entidad en un comunicado, podría traducirse en importantes ahorros para los consumidores, tanto en el segmento del gas licuado de petróleo (GLP), como del gas natural (GL).

Fue a principios de octubre de este año que la FNE dio a conocer sus conclusiones preliminares sobre el estudio, las que constaron que este mercado del gas en Chile no está funcionando adecuadamente desde una perspectiva competitiva, gatillando las acciones de diversos municipios para reducir los precios del combustible.

En aquella oportunidad, el regulador sugirió, entre otras cosas, prohibir que Gasco, Abastible y Lipigas participen en la distribución de gas licuado a los consumidores.

Así, en el caso del gas licuado, la entidad señaló que los ahorros pueden llegar a US$181 millones al año, lo que equivale al 15% del valor de cada balón o cilindro que se comercializa en el país. Mientras que en relación al gas natural, se estima un ahorro de entre US$78 millones y US$87 millones para los clientes de Metrogas, lo que se traduce en una reducción de entre 13% y 20% de sus cuentas mensuales por este producto.

“Después de un año de trabajo, hoy estamos entregando Poder Ejecutivo información inédita y muy completa sobre el mercado del gas, la que nos permite afirmar, con propiedad, que es necesario y urgente implementar cambios regulatorios y legales que fomenten una mayor competencia tanto en el negocio del gas licuado como en el del gas natural”, afirmó el Fiscal Nacional Económico, Ricardo Riesco.

Según el organismo, este documento final fue elaborado tras someter el informe preliminar a un proceso de consulta pública, mediante el cual la FNE recibió recibió comentarios de diez actores del mercado, incluyendo estudios económicos elaborados por expertos a pedido de Abastible, Gasco, Lipigas y Metrogas. Lipigas también aportó un informe en derecho.

“Con las recomendaciones que estamos presentando, el Estado tiene una vía regulatoria fácil y rápida para bajar el precio de un producto de la mayor relevancia para las familias, como es el gas. Cada una de nuestras propuestas está sustentada en el estudio riguroso de los antecedentes que nos proporcionaron los propios actores del mercado y en exhaustivos análisis econométricos. Los cambios que proponemos harán más competitivo el mercado y confiamos en que sean la base de las nuevas regulaciones que requiere este sector”, agregó Riesco.

Recomendaciones y sus críticas

Las recomendaciones finales, que fueron enviadas hoy al Ministerio de Energía, apuntan a perfeccionar la estructura del sistema y a optimizar la competencia y eficiencia tanto del mercado de GLP como de GN.

Ahora bien, respecto a las críticas que surgieron a las conclusiones preliminares, la fiscalía señaló que los cuestionamientos de parte del segmento del GLP, se dividen principalmente en cuatro grupos: falta de rigurosidad de la FNE en cálculos relevantes, como el margen; efecto negativo de las propuestas de la FNE en la calidad del servicio y en la seguridad de la distribución; inconstitucionalidad de las recomendaciones de la FNE; e incompatibilidad de las recomendaciones de la FNE con ciertos convenios celebrados por las mayoristas para entregar descuentos a la población.

Sobre el primer punto, consistente en que la FNE no habría sido rigurosa en cálculos relevantes, se señala que la entidad no habría ajustado las cifras de su estudio por inflación. “Todas las cifras mencionadas en el estudio siempre estuvieron ajustadas por la Fiscalía conforme al Índice de Precios al Consumidor (IPC)”, sostuvo la fiscalía.

Otro cuestionamiento señala que la institución no habría calculado correctamente el margen de las distribuidoras mayoristas de GLP, dejando fuera una serie de costos. De hecho, las empresas plantean que lo correcto habría sido utilizar en el estudio márgenes contables como el EBIT o EBITDA.

Sin embargo, según la FNE, se calculó el margen conforme a la información entregada por las mismas empresas y detalló la forma en que lo calculó, siendo utilizado esencialmente para demostrar cómo el aumento sostenido del margen en el tiempo, en términos reales, es inconsistente con un mercado competitivo.

El organismo consignó, además, que desde los años 80′ no se utiliza el margen contable EBIT o EBITDA para medir nivel de competencia en los mercados, debido a que presentan una serie de problemas insalvables para este fin.

El segundo grupo de críticas al estudio estipula que las recomendaciones de la FNE, esencialmente la prohibición de que mayoristas participen del mercado minorista, pondría en riesgo la calidad del servicio y la seguridad en el mercado.

En concepto de la Fiscalía, ello carece de fundamento, porque hoy en día casi el 85% de las ventas de GLP es realizada por empresas minoristas de tamaño menor (pymes), las que, por contrato con las mayoristas, son las que asumen el riesgo comercial de la distribución y se benefician o perjudican por la calidad de servicio entregada.

En la propuesta de la FNE son estas mismas empresas las que realizarían la distribución minorista, por lo que no habría razón para que no se mantuviese la calidad del servicio.

La FNE también descaró que se reduzca la seguridad en el mercado, “porque hoy en día los mismos contratos celebrados entre mayoristas y minoristas le asignan toda la responsabilidad por aspectos de seguridad a los distribuidores minoristas, por lo que no habría razón para que se afectase la seguridad del mercado”.

Asimismo, añadió, tanto los mayoristas como los minoristas son regulados y supervigilados por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) y, “por cierto, ello es independiente de la integración que exista o que no exista en el mercado”.

En relación a los cuestionamientos que indican que las recomendaciones de la FNE serían inconstitucionales, esto fue rechazado por la fiscalía por una serie de razones. Por ejemplo, indicó que las empresas no pueden invocar un derecho absoluto a desarrollar una actividad económica con prescindencia del interés público comprometido en el correcto funcionamiento del mercado. Este interés público, que también se encuentra constitucionalmente protegido, es parte integrante del orden público económico y está reconocido en el DL 211.

Por otro lado, la FNE señaló que la inacción previa del Estado para corregir fallas en un mercado no pude generar una confianza legítima que garantice una inmutabilidad regulatoria en favor de los incumbentes. Para desvirtuar estas observaciones, se utilizó como base un Informe en Derecho elaborado por el profesor de la Universidad de Chile, Santiago Montt Oyarzún.

Finalmente, otras críticas se centraron en que las recomendaciones de la FNE impedirían que, a futuro, los incumbentes puedan celebrar convenios que otorgan descuentos a la población por la compra de GLP.

Aunque dijo que las promociones que alivien el bolsillo de los hogares siempre son bienvenidas, la FNE desechó estos argumentos porque, de aplicarse sus recomendaciones, el mercado no necesitaría de ese tipo de “vales” o “vouchers” para que el precio del GLP disminuya, sino que ello ocurrirá por efectos de una mayor competencia en el mercado.

A juicio de la FNE, una política pública relativa a un bien de primera necesidad, como es el GLP, no puede depender exclusivamente de la mera voluntad de las empresas del sector.

En cuanto al mercado del GN, la principal crítica al estudio es que la recomendación de la FNE, que plantea que la rentabilidad de todas las empresas distribuidoras se calcule considerando a todo el grupo económico verticalmente integrado, se traduciría en un alza de los costos y por tanto del precio del gas natural para los clientes de Metrogas.

La FNE desechó esta crítica por “infundada”. Aseguró que sus recomendación, por sí misma, “no produce un encarecimiento ni de los costos ni del precio del GN que distribuye Metrogas en perjuicio de sus clientes, lo que sólo podría producirse como consecuencia de decisiones autónomas y propias de Metrogas y/o de su empresa verticalmente integrada que le suministra GN”.

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