A menos de una semana que empezó a regir la Ley de Protección del Empleo que permite usar el seguro de cesantía en forma extraordinaria, los parlamentarios de oposición no están conformes con su aplicación, y ya están preparando una batería de indicaciones a un segundo proyecto de ley que subsanaba algunos vacíos de esta normativa.

Un problema en la redacción de la Ley 21.227 que permitía que el empleador que se acogía a la suspensión de actividades, de contrato o reducción de jornada, pagara solo el 50% de la cotización de sus trabajadores, llevó al gobierno a enviar un segundo proyecto para realizar cambios que implicaban que debían enterar el 100%. Aunque se suponía que el texto tendría una tramitación rápida, no hubo acuerdo entre el Senado y la Cámara, por lo que seguramente deberán resolver en una comisión mixta las diferencias. Y en esa instancia diputados y senadores esperan incorporar nuevos requisitos para acceder a este sistema y condiciones respecto de los altos sueldos de los ejecutivos.

“Producto de la polémica que ha habido esta semana, vamos a ir más allá de la discusión del proyecto mismo, porque hay un diagnóstico crítico respecto de la implementación del seguro ante el cuadro abusivo de algunas empresas”, indicó el presidente de la Comisión de Trabajo, senador Juan Pablo Letelier (PS).

La primera luz de alerta se encendió cuando los parlamentarios fueron sorprendidos porque grandes empresas del retail presentaron su solicitud y, de hecho, este martes esta instancia especializada invitó a los representantes de sindicatos de Ripley, Hites, HM y Paris. “Lo más probable es que precisemos qué tipo de situaciones deben existir para usar el beneficio. Primero, deben tener necesidades objetivas, como un hotel a punto de quebrar. No estamos hablando de grandes empresas que nada indica que tengan apuro para suspender la relación laboral y abaratar el costo de la planilla mientras sus directores ganan millonadas de pesos”, recalcó el senador.

Y en esa misma línea, el integrante de la Comisión de Trabajo de la Cámara, diputado Gabriel Silber (DC) anunció dos indicaciones para que las empresas que se acojan a esta medida reduzcan a la mitad la dieta de sus directores y no repartan dividendos.

“Resulta de toda lógica que si los trabajadores están haciendo un sacrificio rebajando sus modestos sueldos, que los directores de estas empresas, como algunas cadenas de retail, rebajen sus remuneraciones en 50% y no repartan utilidades a sus accionistas. Ello sería una burla. Esta ley no es para que hagan un lifting laboral”, precisó.

3% de grandes empresas

Este martes en sendas sesiones en el Senado y la Cámara, las autoridades del Ministerio del Trabajo entregaron detalles de la aplicación de esta norma, señalando que desde el 15 hasta el 20 de abril , el 94,8% de las solicitudes recibidas son de micro, pequeñas y medianas empresas, y en su gran mayoría (90%), son de firmas de menos de 10 trabajadores. Sólo 3% correspondían a grandes empresas. El 2% restante correspondería a un margen de error en la detección de las empresas.

“Esto hay que dejarlo claro, porque hay que evitar las caricaturas respecto a que las pymes no están accediendo a este sistema y que está pensado para las grandes, porque eso no es efectivo. A este instrumento se pueden acoger todas las empresas, no importa el tamaño, lo importante es que se hayan visto afectadas por la situación de pandemia”, apuntó la ministra María José Zaldívar. Además, la ministra se refirió al eventual mal uso de la ley, advirtiendo que eso contempla incluso penas de cárcel.

Al respecto, el subsecretario Fernando Arab, recalcó que la ley contempla sanciones para aquellas personas que transgredan la norma mediante engaño o simulación, “en aquellos casos en que pueda existir abuso se va a sancionar con el máximo rigor, la ley establece sanciones drásticas severas, incluso pena de cárcel hasta 5 años, y en el caso de personas jurídicas (empresas) puede llegar hasta la disolución y la inhabilidad de ser contratada por el Estado por 2 años”.

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