El presidente de la Corte Nacional de Justicia del Ecuador, Iván Saquicela, anunció que firmó el pedido de extradición para el ex presidente Rafael Correa, quien está prófugo de la justicia ecuatoriana pues fue condenado a ocho años de prisión por cohecho en el caso Sobornos 2012-2016, porque el Tribunal determinó que existió una trama de sobornos cuya finalidad era financiar a Alianza PAIS, el extinto partido de Correa.

Saquicela informó en una entrevista televisada que pedirá a la Cancillería que notifique a Bélgica sobre el pedido. No es la primera vez que la justicia ecuatoriana intenta que Correa retorne y pague su sentencia. Hasta el momento Ecuador ha solicitado tres alertas de difusión de la Interpol para capturarlo, pero estas han sido negadas. Sin embargo, en mayo de 2021, un tribunal de jueces del país señaló que para la extradición no es necesaria la alerta de la Interpol, pues se sabe que Correa vive en Bélgica. Saquicela confirmó a Infobae que es la primera vez que se pide la extradición, antes solo se había solicitado la alerta de difusión roja.

En 2020, se ratificó la sentencia en contra de Rafael Correa por cohecho. El ex presidente, que gobernó Ecuador por diez años, fue sentenciado como autor mediato por instigación. Entre 2012 y 2016, durante el segundo mandato de Correa, altos funcionarios de gobierno, incluido Jorge Glas, recibieron sobornos de parte de multinacionales, entre ellas Odebrecht. El dinero servía para financiar al movimiento Alianza PAIS, con el que Correa llegó a la Presidencia en el 2006.

Una investigación del portal Periodismo de Investigación, del ahora legislador Fernando Villavicencio, que también ha investigado sobre los casos de Alex Saab y Petrochina en Ecuador, dio la alerta a las autoridades que iniciaron con el proceso judicial que terminó con la sentencia de 20 personas, incluidos el ex presidente Correa y su vicepresidente Jorge Glas. El Tribunal de Casación que los condenó argumentó que las ex autoridades “son autores bajo la modalidad de instigación, por medio de su influencia cognitiva”.

Desde que terminó su mandato, en 2017, Rafael Correa vive en Bélgica. Saquicela indicó que, dentro de sus competencias como presidente de la Corte Nacional de Justicia, inició con los trámites para solicitar la extradición de Correa y recalcó que diez jueces ratificaron la sentencia en contra del ex presidente, en distintas instancias.

Ecuador y Bélgica mantienen un tratado de extradición desde 1887. El documento de 135 años servirá para que Bélgica resuelva el pedido del país latinoamericano. Como el derecho penal en ambos países ha evolucionado durante el último siglo, si el delito por el que se quiere extraditar a Correa no consta en el tratado, deberá argumentar la “solidaridad internacional”. Sin embargo, la voluntad política es clave para que se acepte el pedido.

Además de referirse al tratado de extradición entre la nación andina y el Reino de Bélgica, las autoridades ecuatorianas también han sustentado el pedido en el Convenio Internacional Anticorrupción de la Organización de las Naciones Unidas, según señaló Saquicela. Ese convenio detalla cómo podrán actuar los países cuando reciban solicitudes de extradición, pero detalla que la convención no impone una obligación de extraditar si hay “motivos justificados para presumir que la solicitud se ha presentado con el fin de perseguir o castigar a una persona en razón de su sexo, raza, religión, nacionalidad, origen étnico u opiniones políticas o que su cumplimiento ocasionaría perjuicios a la posición de esa persona por cualquiera de estas razones”.

Rafael Correa ha reaccionado ante el anuncio de Saquicela en Twitter. El ex presidente calificó al presidente de la Corte Nacional como “payaso” y escribió que este es “otro papelón” de la Justicia ecuatoriana.

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