“Hasta el momento los asesores de los convencionales que no participan en ninguna comisión recibirán sus sueldos durante junio”. Con estas palabras desde el Comité Externo de Asignaciones de la Convención Constitucional confirmaron a El Líbero que independiente de que haya convencionales que no participan en ninguna de las instancias finales -Preámbulo, Armonización y Normas Transitorias-, sus asesores de igual forma percibirán su sueldo.

La mayoría de los asesores tiene contrato hasta el 30 de junio, ya que la Convención como órgano deja de regir y se disuelve el 4 de julio.

El pasado fin de semana, los diputados UDI Jorge Alessandri y Juan Antonio Coloma pidieran públicamente que se suspendieran las asignaciones de los asesores de convencionales que no están integrando ninguna de las tres comisiones. «En momentos donde urge resguardar cada uno de los recursos públicos para así ir en ayuda de quienes más lo necesitan, es indispensable que la Segpres, como órgano que presta un apoyo técnico y financiero a la Convención, suspenda las asignaciones”, señalaron.

Al respecto, el diputado Alessandri cuenta que en los próximos días enviarán un oficio al ministro de la Segpres Giorgio Jackson para formalizar la solicitud.

Según la información recabada por El Líbero mediante el portal de Transparencia de la Convención, si bien es cierto que son 66 los convencionales que no integran alguna comisión, solo 59 son los que a la fecha mantienen contratos vigentes con asesores, que suman 164. Por estas contrataciones, la Convención desembolsará 130 millones de pesos.

Entre los convencionales que figuran sin asesores en el portal se encuentran: Dayyana González (Ex Lista del Pueblo), Carlos Calvo, Trinidad Castillo, Pedro Muñoz y Ramona Reyes (todos del Colectivo Socialista), Paola Grandón (Apruebo Dignidad) y Aurora Delgado (Apruebo Dignidad). Los contratos de sus colaboradores expiraron en abril o en mayo.

Oficio a la Mesa Directa de la Convención para que aclare situación de asesores

Si por un lado el tema despertó malestar entre diputados, esto también ha ocurrido con algunos convencionales. Sin embargo, las opiniones se encuentran divididas con respecto si suspender o no el pago de las asignaciones.

La constituyente Katerine Montealegre (UDI), señala: “La Convención Constitucional ha sido un ejemplo claro de despilfarro e irresponsabilidad en el uso de recursos públicos. Considero que habría sido mejor que todos tuvieran una labor específica en esta etapa, justamente para que no se preste para hacer campaña política con esos recursos, como ya hemos visto que ha pasado con el viaje a Antofagasta o con las campañas de las cuentas oficiales de la misma Convención”.

Mientras que otra convencional señala, fuera de micrófono que el tema es «complejo» porque «uno se comprometió con los asesores hasta el final del periodo sin saber si íbamos a estar o no en las comisiones. Sería raro echarlos antes”. Y agrega, que de todas formas, todos los convencionales tienen que «estudiar, averiguar los temas, y votar» cunado se retomen los plenos.

Asimismo, otra convencional de Chile Vamos que prefiere mantener su nombre en reserva complementa que como estarán en semanas territoriales «igual se necesitará apoyo con convocatorias, difusión, informes, etc».

Quien no se muestra a favor de los 130 millones de pesos que costarán los 164 asesores durante junio, y anuncia que se oficiara a la Mesa Directiva para que se aclare qué pasará con ese dinero, es el convencional Martín Arrau (UDI). Según explica, se le pagará a asesores sin tener que trabajar porque sus convencionales no están asistiendo ni votando.

El convencional, que representa la región de Ñuble, advierte: “Este tipo de cosas son las que molestan a los chilenos, cuando los políticos y el Estado gastan dinero de los contribuyentes que cada vez que compran un kilo de pan pagan IVA, para pagarle a personas que en este caso no trabajarán durante un mes”.

Poco control

Desde qué inicio el proceso constituyente distintas dudas aparecieron en el camino respecto al funcionamiento del órgano, mientras algunas se fueron resolviendo con el transcurso del tiempo, otras quedaron en una nebulosa: tal es el caso de los asesores.

En primer lugar, para que se efectúe una contratación, la solicitud es presentada por cada convencional constituyente a través de una plataforma denominada Asigpar. Los antecedentes asociados a las presentaciones son revisados por el Comité Externo de Asignaciones y tras su aprobación, se le requiere a la Subsecretaría General de la Presidencia (Segpres) y a la Unidad Secretaría Administrativa de la Convención Constitucional (dependiente de la Segpres) la elaboración de los contratos de prestación de servicios a honorarios.

El Comité Externo de Asignaciones juega un rol fundamental en todo el proceso administrativo para incorporar un asesor. Compuesto por un grupo heterogéneo y en donde cada integrante representa un organismo, está conformado de la siguiente forma: Jacqueline Jorquera (Tesorería General de la República), Claudio Carvajal (Senado), Virginia Carmona (Cámara de Diputados), Myrta Vergara (Contraloría General de la República) y Diego González (Consejo para la Transparencia).

Este Comité requiere los convencionales que remitan las boletas de honorarios correspondientes al mes en curso, para su revisión y requerimiento de pago, pero a diferencia de lo que ocurre en el Congreso, por ejemplo, no es necesario que el asesor entregue un informe detallando su trabajo durante el mes.

Fuentes consultadas al respecto dicen que no hay ningún tipo de control sobre el trabajo realizado para emitir el pago, siendo el convencional la persona que sabe si hubo productividad o no. Ante este escenario el Comité de Asignaciones no puede objetar.

“En principio sí presentaba informes de lo realizado mensualmente, ya que se exigían. Luego de una modificación reglamentaria y de criterios, ya no es necesario, pues no todos son ‘profesionales’. Por ejemplo: Algunos asesoran en materias que solo ellos conocen, como ocurre con los asesores de los Pueblos Originarios”, confiesa un asesor.

Las funciones son diversas: desde apoyo jurídico de un abogado, pasando por la relación con la prensa y manejo de redes sociales de periodistas, hasta el trabajo territorial con las comunidades.

No se exige respaldo de trabajo de asesores para cursarles los pagos

El Líbero consultó vía Transparencia a la Convención sobre la existencia o no de respaldo del trabajo que realizan los asesores.

“Actualmente, no existe alguna disposición reglamentaria que haga exigible la presentación de los informes de actividades del personal de apoyo contratado con cargo a las asignaciones, como requisito para el procesamiento y disposición de pago de honorarios por la prestación de servicios. Al respecto, se considera lo que establecen los contratos de prestación de servicios, las boletas de honorarios del personal de apoyo que son remitidas al Comité por las y los convencionales constituyentes, y la aplicación del principio de Responsabilidad, en virtud del cual el Comité Externo de Asignaciones estima que ‘el adecuado uso, destino y rendición de cuentas de los recursos de las asignaciones le corresponderá, de manera exclusiva, a la o el convencional constituyente’”.

Y agregaron en su respuesta: “Formalmente, a cada prestador o prestadora de servicios le corresponde, como obligación, el cumplimiento de lo dispuesto en los contratos que regulan la prestación de servicios a las y los convencionales constituyentes receptores. Considerando el principio de responsabilidad que reconoce el reglamento aplicable, la circunstancia aludida previamente se verifica por cuanto son las y los convencionales, y no las o los prestadores de servicios, quienes deben requerir al Comité Externo de Asignaciones el pago de los honorarios mediante la presentación de boletas en Asigpar, aplicándose el principio de responsabilidad previamente expuesto”.

Original de El Líbero

/psg