Todas las naciones enfrentan riesgos. Uno de los más graves es el de la invasión de un país vecino al territorio nacional, que, aunque parezca difícil de creer, es lo que está enfrentando actualmente Ucrania. Usted no querría trasladarse a vivir allí en los días que corren. Una de las responsabilidades principales de la política es disponer de las medidas para evitar que ese y otros riesgos –como, por ejemplo, el contagio masivo de la población por un virus letal– se transformen en realidades con costosas y dolorosas consecuencias para la población.

Gestionar y mitigar riesgos de todo orden es una función irrenunciable del poder político y de sus autoridades, a quienes se confieren potestades ejecutivas y cuantiosos recursos para su realización. Con todo, lo contrario es posible y la experiencia demuestra que es además frecuente: que el poder político contribuya a incrementar los riesgos en lugar de aminorarlos. América Latina es pródiga en casos de este tipo y es, sin ir más lejos, lo que está ocurriendo en Chile, sobre todo en el ámbito constitucional, donde dan sus primeros pasos propuestas inquietantes que suponen riesgos para la democracia, para la libertad de prensa y para el crecimiento económico.

Por cierto, la elaboración de una nueva Carta Fundamental implica tomar riesgos; una contundente mayoría del electorado se pronunció por tomarlos en el plebiscito de entrada, en aras de un ajuste constitucional a las nuevas realidades del Chile del siglo 21. Pero cabe preguntarse cuál es límite –el de la sostenibilidad de la democracia debiera serlo– y cuánto riesgo sistémico es capaz de soportar el cuerpo social hasta reaccionar para mitigarlo. O, para ponerlo en otros términos, cuánto riesgo es capaz de tolerar el electorado antes de considerar poco prudente la aprobación de la propuesta constitucional en el plebiscito de salida.

Una Carta Magna que pusiera abiertamente en peligro los avances logrados por el país o que, todavía más, implicara un retroceso en el nivel de vida de los chilenos –algunas de las propuestas aprobadas en las comisiones de la Convención Constitucional podrían tener ese efecto– acrecentaría el riesgo de un rechazo. Nótese que en ese plebiscito la votación será obligatoria, lo que podría diluir el peso de quienes votaron “militantemente” por el Apruebo, que contribuyeron al apabullante resultado del 78% en favor de una nueva Constitución, pero con una participación de apenas la mitad del electorado. Se daría así una situación paradojal: un electorado que decide asumir uno de los mayores riesgos al que puede enfrentarse actualmente una nación –excluyendo el de la guerra– para luego abortar la iniciativa por considerarla altamente riesgosa para su devenir.

Por el momento, lo que muestran las encuestas es el regreso de una confianza (¿será efecto del período estival?) que parecía haberse perdido entre nosotros. Gabriel Boric, pero incluso también la Convención, han logrado lo que parecía imposible: una súbita mayoría siente que el país va por buen camino. La última vez que se sintió así, no es bueno olvidarlo, fue hace cuatro años cuando Piñera se disponía a gobernar por segunda vez. Poco más de un año y medio después estalló en el país una de las peores revueltas de que se tenga memoria.

Por Claudio Hohmann, Ingeniero civil, ex ministro de Estado, para ellibero.cl

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