“A preparar las fuerzas, a organizar la resistencia armada, por la autonomía, por el territorio”. Esas fueron las palabras con las que el líder de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), Héctor Llaitul, manifestó el pasado 11 de mayo su rechazo a lo que entonces sería un “estado intermedio” en la macrozona sur, que finalmente se convirtió en un estado de excepción, aunque con el matiz de “acotado”.

Los dichos generaron duras críticas al Gobierno luego que descartara una querella en contra del dirigente mapuche. “Nos parece más eficaz incorporar estos antecedentes a denuncias que ya estás hechas, no a una querella nueva”, dijo la semana pasada el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve.

La decisión fue defendida por el propio Presidente Gabriel Boric, quien afirmó que su administración “persigue delitos y los va a perseguir con todo el peso de la ley. Nuestro Gobierno no persigue ideas ni declaraciones”.

Según consigna El Mercurio, a la fecha ya son cinco los delitos por ataques armados e incendiarios que se deberán perseguir, adjudicados por diversos grupos radicalizados que operan en la zona. Estos incluyen el que ayer terminó con la vida del trabajador mapuche Segundo Catril Neculqueo, tras una emboscada a un minubús de 30 trabajadores en Lumaco, y que según la CAM, no está vinculado al tipo de accionar que protagonizan la zona.

Pero el primero ocurrió el mismo día del llamado de Llalitul, luego que un grupo armado ingresara al predio San Pedro, en el límite entre Mulchén y Quilaco, donde cinco camiones y una grúa fueron quemados.

Según los antecedentes que entregó entonces la Delegada Presidencial del Biobío, Francisca Purrán, hubo al menos cinco involucrados quienes actuaron con armamento y pasamontañas. El ataque se lo adjudicó la CAM mediante la Orgánica de Resistencia Territorial (ORT) “Toño Marchant”.

Al día siguiente, se registró un ataque en el fundo Los Manantiales, en la ruta que une Victoria y Curacautín, donde encapuchados quemaron una casa y un hombre resultó herido. En aquella oportunidad, se halló un lienzo firmado por la Resistencia Mapuche Malleco (RMM), la misma que se adjudicó el atentado a la frustrada visita de la ministra del Interior, Izkia Siches, a Temucuicui.

Posteriormente, se registraron otros dos ataques en la zona de Tirúa, los que incluyeron disparos a las instalaciones de la subcomisaría -donde una madre y su hija terminaron heridas por perdigones- además del incendio del Hotel Küref, propiedad de Fernando Fuentealba, presidente de la Fundación de Víctimas de Terrorismo en la macrozona sur.

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