El Banco Central publicó este jueves la minuta de su última Reunión de Política Monetaria (RPM) llevada a cabo el pasado 6 de septiembre, en la cual decidió incrementar la tasa de interés en 100 puntos base, para dejarla en 10,75%, su nivel más alto desde que se registra de forma nominal, en 2001.

Se trató de una subida mayor a la anticipada por el mercado, encadenando diez alzas consecutivas a la Tasa de Política Monetaria (TPM). Con todo, la decisión no fue adoptada por la unanimidad de los miembros del ente rector, lo que no ocurría hace un buen tiempo.

Fue la presidenta Rosanna Costa, junto a los consejeros Alberto Naudon y Luis Felipe Céspedes quienes optaron por la escalada de 100 puntos base, mientras que el vicepresidente Pablo García fue partidario de una subida aún más agresiva: 125 puntos, a la vez que la consejera Stephany Griffith-Jones optó por una de 75 puntos base, en línea con lo que estimaba el mercado.

Entre los motivos que llevaron a los economistas a decidir subir con fuerza la tasa rectora destacó el aumento de la inflación a nivel global, y los desafíos que ello implicaba, sobre todo por el endurecimiento de la política monetaria en países desarrollados. “Si bien este cambio parecía del todo adecuado, era indudable que representaba un desafío para la economía chilena”, apunta el documento.

Lo anterior, “implicaría un menor impulso externo, tanto por su efecto en la actividad global como por sus impactos negativos en el precio de las materias primas y el estrechamiento de las condiciones financieras”.

“Se sumaba que los riesgos del escenario externo eran elevados y no podían descartarse ajustes más severos de las tasas de interés en el mundo desarrollado, los que de concretarse deteriorarían aún más el impulso externo relevante para Chile”, añade el comunicado.

Respecto al ámbito local, el instituto emisor resaltó que “era importante no perder de vista que esta reducción de la actividad, que se debía traducir en una brecha de actividad negativa, era una condición indispensable para la convergencia de la inflación a la meta”.

En cuanto a la inflación, se destacó que, si bien su componente subyacente había estado en línea con lo previsto, “el componente volátil había sorprendido fuertemente, ubicando a la inflación total por sobre el 13% anual”.

Y si bien se menciona que el Consejo podría haber reaccionado “con poca intensidad a una sorpresa de este tipo”, lo cierto es que “en las actuales circunstancias, marcadas por inflaciones muy por sobre la meta de 3%, con sorpresas al alza por varios meses y donde todo indicaba que la inflación se había ido tornando más persistente, era muy difícil que el Banco no respondiera con fuerza a estas noticias”.

“El Consejo estimaba que estos impactos no debían ser minimizados y, por ello, los había ido incorporando en sus proyecciones, en su comunicación y en sus decisiones desde hace varios trimestres”, apuntó.

En relación a las implicancias del resultado del Plebiscito constitucional, el en rector subraya que “si bien este era un hito importante del proceso, el camino hacia una nueva institucionalidad era largo y no estaría exento de desafíos. En ese sentido, era de esperar que los niveles de incertidumbre se acotarían, pero seguirían siendo relativamente elevados”.

Las opciones que se barajaron

Con respecto al análisis de la política monetaria, se señala que todos los consejeros concordaron en que existían riesgos muy importantes para la dinámica inflacionaria futura. “Especialmente relevantes eran los impactos que estaban teniendo en la persistencia inflacionaria los elevados niveles que había alcanzado la inflación, el tiempo por el que se estaba extendiendo este fenómeno y el empeoramiento de los indicadores de expectativas inflacionarias”, indicó.

“En este contexto de mayor persistencia inflacionaria, todos los Consejeros concordaron en que se requería una política monetaria más contractiva -en términos nominales y reales- que la anticipada en el IPoM de junio”, señala la minuta.

Cabe señalar que el escenario central del IPoM de septiembre consideraba que la TPM llegaría a un nivel máximo en torno a 10,75%, por lo que la evaluación de las distintas opciones debía tener presente “la rapidez con que se quería llegar a ese nivel, la necesidad de reforzar la preocupación del Consejo por la dinámica inflacionaria y la opción de realizar un ajuste relevante que diera más posibilidades a una pausa futura”.

Pese a que un alza de 75 puntos base “era plausible” y se “encontraba dentro del rango superior de las expectativas de mercado”, algunos de los consejeros plantearon que esta opción “era menos eficiente si lo que se intentaba era señalizar con claridad la preocupación por la evolución de la dinámica inflacionaria y de las expectativas”.

Respecto de la opción de elevar la TPM en 100 puntos base, los consejeros resaltaron que “tenía el valor de ser una decisión coherente con el escenario central y más fácil de comunicar, pues no requería que el Consejo se comprometiera a dar un cierre al proceso de alzas”.

Finalmente, al analizar la idea de aumentar la tasa rectora en 125 puntos base, si bien podría entenderse como “más coherente con la evaluación de riesgos en materia de dinámica inflacionaria”, esta propuesta tenía como desventaja que “suponía una sorpresa mayor para el mercado y que el mensaje de cierre del ciclo de alzas debía hacerse con mayor fuerza”.

Con todo, hubo acuerdo en que la TPM “se mantendría en niveles elevados hasta que hubiese clara evidencia de la convergencia de la inflación a 3% en el horizonte de política de dos años. De hecho, se recalcó que la mayor preocupación del Consejo era que se produjera un escenario en que el fenómeno inflacionario se volviera mucho más persistente”.

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