Hace algún tiempo la discusión de las políticas públicas en particular, pero también las discusiones públicas en general, se caracterizan por ser livianas, sin fundamentos serios. En ellas el populismo florece como flores en primavera y las propuestas ganadoras se evalúan de acuerdo a los “likes” que los políticos obtienen en la web, más que a los efectos reales que estas políticas generan en la población.

Una de las causas de dicha liviandad en el debate es que la mayor parte de las políticas públicas, si bien tienen efectos tanto de corto como de largo plazo, quienes las votan -los políticos- tienen un horizonte de corto plazo, pues para mantenerse en carrera deben mantener la aprobación de la población. Ello los lleva a sobreponderar los efectos del corto plazo y subestimar los efectos de largo plazo, al punto que muchas veces ni siquiera los consideran, lo que debería ser razón más que suficiente para crear una nueva ley que prohíba la discusión legislativa en período eleccionario.

La segunda causa de la poca seriedad con que se proponen nuevos proyectos de ley o políticas públicas, y con que se evalúan los mismos, se debe a que, en general, los políticos no utilizan la evidencia como sustento de las políticas, menos el método científico para evaluarlas. Es llamativo que a todos nosotros se nos enseñó desde pequeños el método científico como la mejor forma de obtener una conclusión o solución a un problema. Muy probablemente la gran mayoría de los políticos conoce el método científico, pero escasamente lo usa para diseñar y corregir políticas públicas, pues implica aceptar el resultado de un proceso que es independiente de las creencias del investigador.

De hecho, pareciera ser que, más importante que la evidencia es la creencia que guía a los autores de las políticas públicas. Justamente por ello la discusión termina siendo una conversación de sordos, donde cada parte opina lo que “cree” o “siente” respecto de la misma, lo que plantea como evidencia, realidad absoluta y no como creencia, dejando de lado la evidencia empírica o los números reales.

Ejemplos de ello podemos encontrar en cada discusión de política pública, pasada, presente y muy probablemente futura. Las pensiones son un caso dramático de lo anterior, tanto en términos de los incentivos de corto plazo de los políticos, que se contraponen a los objetivos de largo plazo, como del nulo uso de la evidencia empírica y el método científico para proponer y tomar decisiones.

Hace 15 años, el actual presidente del Banco Central de Chile lideró una Comisión Presidencial para estudiar el sistema de pensiones en Chile y recomendar cambios al mismo. Entre muchas otras conclusiones, la Comisión Marcel concluyó que el sistema de pensiones fracasaría en el intento de generar pensiones dignas para los trabajadores si no se incrementaban la tasa de cotización y la edad de jubilación, dado el incremento en la expectativa de vida, las lagunas laborales y la tardía entrada de los jóvenes al mercado laboral. 15 años después, el Congreso sigue discutiendo una reforma de pensiones y NADA se ha hecho en torno a la tasa de cotización ni la edad de jubilación de los trabajadores. 15 años después los políticos siguen pensando en el efecto sobre sus votos de subir la tasa de cotización o de aumentar la edad de jubilación, postergando decisiones que en el corto plazo pueden no ser del gusto general, pero que hubieran implicado un incremento importante en el bienestar de la población hoy y a futuro. Algunos de los parlamentarios son más osados y se han atrevido a decir públicamente que las AFP “no han dado la talla”, cuando las administradoras, a diferencia de los políticos, han hecho aquello para lo que fueron creadas: administrar eficientemente los ahorros de pensiones (hacer magia no es parte de su mandato legal). Mientras, los políticos no han podido hacer aquello para lo cual fueron elegidos, que es hacer buenas políticas públicas para incrementar el bienestar de los trabajadores… Entonces, ¿quiénes son los que “no han dado la talla”?

Y en relación al nulo uso de la evidencia para proponer y tomar decisiones de política pública, basta con revisar la indicación presentada por el candidato presidencial Gabriel Boric al proyecto de ley de un cuarto retiro de los fondos de pensiones. De acuerdo a sus propias palabras “vamos a votar a favor del cuarto retiro y hemos hecho los esfuerzos y hemos llegado a un acuerdo dentro de Apruebo Dignidad para que no sea regresivo”, es decir, que sea menos beneficioso para los que tienen menos recursos. El acuerdo al que llegaron es que el cuarto retiro pague impuesto a la renta para el 5% más rico de la población (los que ganan más de $2,5 millones mensuales). La evidencia que el candidato y sus asesores no consideraron es que en el primer retiro de los fondos de pensiones (sin impuestos), más de 10 millones de personas retiraron su 10% y 2 millones de trabajadores quedaron con saldo cero, mientras que para el segundo retiro (con impuestos) 8 millones de personas retiraron su 10%, es decir, todos los que no quedaron con saldo cero. La evidencia indica claramente que el efecto de que el retiro sea tributable es nulo, y por tanto, la población con menos recursos no sólo no podrá obtener recursos de un cuarto retiro, sino que además se verá afectado por la inflación, convirtiéndo al cuarto retiro en una política pública no sólo mala, sino que fuertemente regresiva, pese a lo que “cree” o “siente” el candidato.

Ya es hora que dejemos de discutir y hacer políticas públicas con la guata y utilicemos la data no sólo como antecedente, sino también para evaluarlas. No olvidemos que la función de la “guata” es digerir y la última parte de la digestión es lo que menos esperamos de nuestras políticas públicas.

/Escrito por Michelle Labbé para El Líbero

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