El 18° Juzgado Civil de Santiago ordenó restituir al ex presidente de SQM, Julio Ponce Lerou los $2.152.212.620 que entregó por la multa cursada por la ex Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) por las infracciones a las leyes de valores y sociedades anónimas cometidas en el marco del llamado caso Cascadas.

La cifra en cuestión -que en su oportunidad fue criticada ya que tras una serie de resoluciones terminó siendo considerablemente menor a la sanción original de 1,7 millones de UF- fue depositada al tribunal por Ponce Lerou a comienzos de noviembre.

De inmediato el Consejo de Defensa del Estado (CDE) impugnó el pago, asegurando que este debía ser entregado a la Tesorería General de la República y que los intereses debían ser contados desde 2014 y no desde 2019 como sostenía la defensa de Ponce.

Finalmente el tribunal terminó por darle el favor al CDE y declaró improcedente la vía escogida por la defensa del empresario.

Esto último considerando que el litigio no es un proceso de cobro sino de reclamación de multa y que la antigua Ley Orgánica de la SVS, Decreto Ley N° 3.538, regula la materia al señalar expresamente que el pago debe hacerse ante la Tesorería.

“Atendido lo resuelto precedentemente, hágase devolución del monto consignado a la parte demandante mediante giro pertinente en su oportunidad. Habiéndose realizada la consignación mediante transferencia electrónica, ofíciese al Banco del Estado de Chile a fin de remita certificado de depósito a la brevedad”, se lee en la resolución de la jueza Claudia Donoso.

Ante ello, el presidente del CDE, Juan Peribonio, valoró lo dispuesto por cuanto “se aceptaron los fundamentos de la impugnación efectuada por el Consejo respecto de la improcedencia del pago pretendido por el reclamante y se ratificó, además, que el cálculo de los intereses realizado no es el correcto”.

Agregó además que el consejo buscará que la sanción sea recalculada. “El CDE insistirá en todas las instancias que corresponda en que dicho cálculo se realice de forma correcta, esto es, a partir de 2014 y no desde 2019, como pretendía el reclamante”, cerró.

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