La pandemia que nos ataca nuevamente deja en evidencia lo injusto que es cuando los cotizantes tienen que asumir el costo de políticas públicas sanitarias, que significan una cuarentena obligatoria, sin las medidas de apoyo que se requiere para cumplirlas en su verdadera dimensión.

En estos últimos días ha sido latente, que la discusión del tercer retiro del 10%, se ha transformado casi en un acuerdo transversal de toda la clase política en un tema tan sensible y urgente de implementar para la mayoría de las personas que se encuentran sin poder trabajar, debido principalmente a las extensas cuarentenas, cuando estas no llegan con las ayudas de parte del estado.

Hoy nos encontramos que el gobierno ha anunciado una nueva alternativa, con algunas diferencias del proyecto del congreso, manteniendo el retiro del 10% con mínimo de UF 35 y máximo de UF 150 y aquellas personas que tengan menos de $ 1.000.000 podrán retirar la totalidad de sus ahorros. Las personas que tengan un ingreso inferior a $ 1.800.000 quedarán exentas de pagar impuestos por el retiro del 10%.

A diferencia del proyecto del congreso, el gobierno ofrece que aquellas personas que se quedaron sin ahorros, producto de retiros anteriores, que asciende a unos 3 millones de personas, reciban una ayuda de $ 200.000.

Con respecto a las rentas vitalicias, el gobierno señala en su proyecto, un adelanto de hasta 10% de la reserva técnica con un tope de UF 100 equivalente ($ 2.9 millones) este se le descontará, con un tope del 10% de su renta vitalicia, hasta enterar el monto del anticipo.  Es decir, los pensionados, tendrán que devolver con su miserable pensión el costo del préstamo con cargo a su propia pensión. Esto es algo muy discriminatorio, porque para los activos es una ayuda puesto que ese dinero se lo reintegrará el gobierno y empleador c/u con 1%, en resumen, para ellos es un regalo y para los pensionados por renta vitalicia es una deuda.

El motivo por el cual “no se tocan” las compañías de seguros, es porque una renta vitalicia es un contrato entre privados y obviamente el gobierno se vería expuesto a juicios por expropiación de dineros de particulares. Cuando la necesidad de las personas supera los personalismos y los intereses políticos partidistas, se pueden aunar esfuerzos y el país lograr la unión necesaria para poder presionar a quien nos gobierna para llegar con la ayuda y además permitir utilizar el ahorro de los afiliados a las AFP que es dinero de cada cotizante que requiere de ese recurso a la brevedad.

En unos días más veremos en que termina este “gallito” como se dice coloquialmente, entre el gobierno y el congreso, donde unos no respetan la constitución o se aprovechan en época de campañas políticas por ganar votos y otros llegan tarde con las ayudas necesarias o sólo para algunos y no para todos los que claman ayuda porque no siempre califican para recibirlas.

Margot Guerrero Bruner

Asesora Previsional

www.margotpensiones.com