La negociación sobre la reforma de la Política Agrícola Común (PAC) que deberá regir a partir de 2023 y hasta 2027 en la Unión Europea (UE) sigue encallada por los desacuerdos sobre el nuevo régimen que fomenta la agricultura y ganadería ecológica y también por la protección laboral con la que se quieren enfocar ahora las ayudas. Tras cuatro días de intensas reuniones, los gobiernos de los estados que conforman la Unión Europea y el Parlamento Europeo no lograron cerrar un pacto de consenso y avanzaron que volverán a intentarlo en la próxima reunión del Consejo de ministros de Agricultura, que se celebrará durante el 28 y 29 de junio en Luxemburgo.

Las diferencias entre las partes sobre la arquitectura verde que estructurará la PAC a partir de 2023 y las ayudas mínimas para estos ecoesquemas se han erigido como los principales obstáculos para alcanzar un compromiso en común

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, quitó importancia al encallamiento de las negociaciones al afirmar que «no es dramático que tomemos unas semanas» después de tres años de negociaciones y se mostró optimista sobre la posibilidad de llegar a un acuerdo «en un futuro próximo». «Junto a la sostenibilidad ambiental, hace falta una sostenibilidad económica y social. Ese equilibrio es definitivo. Solo daré mi aprobación a un acuerdo europeo que permita esa triple sostenibilidad», apostilló Planas.

«Queremos cerrar un acuerdo, pero no queremos cerrarlo a cualquier precio», indicó la ministra de Agricultura de Portugal, Maria do Céu Antunes, en su perfil de Twitter. Por su parte, el comisario de Agricultura, Janusz Wojciechowski, lamentó el bloqueo actual: «Estuvimos cerca de lograr un acuerdo esta semana», escribió en la red social. Por su parte, el presidente de la Comisión de Agricultura de la Eurocámara, Norbert Lins, se mostró «muy decepcionado» por el hecho de que la presidencia portuguesa del Consejo haya roto el diálogo.

Ecoesquemas y dimensión social

Sí se lograron dejar cerrados los porcentajes finales de ayudas que se destinarán a los ecoesquemas, que es como se denomina a los programas voluntarios para los productores europeos que quieran ir más allá de la condicionalidad verde obligatoria. Inicialmente el Consejo reclamaba un 20% frente al 30% solicitado por el Parlamento y al final se pactó el perfilar una propuesta común para alcanzar un 25% de forma progresiva. Sin embargo, en este principio de acuerdo la letra pequeña permitía a los países en la práctica «hacer lo que quieran», según denunció el negociador del Parlamento Europeo para el reglamento sobre los planes estratégicos de la PAC, Peter Jahr.

Jahr explicó que esa letra pequeña se refiere a la cláusula de flexibilidad que los Estados miembros exigen para poder gastar parte del dinero reservado para los ecoesquemas en otras ayudas. Como los ecoesquemas serán voluntarios, cabe la posibilidad de que agricultores y ganaderos no se acojan a ellos y que, en consecuencia, el dinero se pierda. Por ello, el negociador del Parlamento Europeo quiere que este margen de flexibilidad sea menor y que esté limitado en un plazo de dos años.

Por su parte, la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) mostró hoy su rotundo rechazo a que se destinen un 25% de las ayudas de la PAC a los ecoesquemas porque consideran que en la práctica suponen un recorte encubierto para financiar políticas verdes con fondos agrarios. «Resulta intolerable que, tras los aprendizajes que nos deja la pandemia, obviemos el carácter estratégico del sector agrario y desde las instituciones comunitarias se quiera reconvertir a los agricultores profesionales en los jardineros de Europa», lamentó el secretario general de COAG, Miguel Blanco.

Derechos laborales

Las diferencias también siguen siendo importantes sobre el año a partir del que se debe comenzar a poner en marcha las normas de dimensión social para que las ayudas solo sean destinadas a explotaciones donde se respetan los derechos laborales. Los negociadores han barajado dos fechas como punto de partida: el año 2023 o el 2025.

Otro punto de conflicto reside en el mecanismo que permite que las ayudas de la PAC lleguen a todos los productores y no se concentren solo en las grandes explotaciones. Así, los eurodiputados exigen que se establezca una dotación mínima para pequeños y medianos agricultores, que quedaría fijada en el 10%.

Cabe recordar que la PAC es la mayor partida del presupuesto comunitario con una dotación de 378.000 millones de euros para el periodo 2021-2027. Las negociaciones actuales se centran en acordar las reglas que regirán su funcionamiento a partir de 2023.

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