La disputa por la legalidad de los retiros de fondos previsionales con cargos a las rentas vitalicias que se aprobó pro el Congreso en el marco del cuarto retiro de las AFP, vivió hoy un nuevo capítulo luego de que el Tribunal Constitucional acogiera los reclamos por inconstitucionalidad presentado por dos aseguradoras.

Mediante un comunicado, desde la entidad señalaron que el pleno del Tribunal Constitucional adoptó acuerdo y resolvió respecto a requerimientos de inaplicabilidad por inconstitucionalidad deducidos respecto del artículo único, incisos decimosegundo, decimotercero y decimocuarto de la Ley N° 21.330, que modifica la Carta Fundamental, para establecer y regular un mecanismo excepcional de retiro de fondos previsionales y anticipo de rentas vitalicias.

Así, se acogió un recurso de Bice Vida y dos Penta Vida, (por ilegalidad, y otro de protección) en votación de seis votos contra cuatro.

El proyecto, promulgado el 27 de abril de 2021, establecía que “los pensionados o sus beneficiarios por renta vitalicia podrán, por una sola vez y de forma voluntaria, adelantar el pago de sus rentas vitalicias hasta por un monto equivalente al diez por ciento del valor correspondiente a la reserva técnica que mantenga el pensionado en la respectiva compañía de seguros para cubrir el pago de sus pensiones, con un tope máximo de ciento cincuenta unidades de fomento”.

En su presentación ante el TC, Penta alegó que ello colisiona “gravemente con la Constitución en su aplicación concreta a la gestión pendiente, lo que solicito se declare como tal, decretando su inaplicabilidad”, y que infringe “el derecho de propiedad, tanto corporal -dinero confiscado a mis representadas por efecto de los preceptos impugnados- como incorporal -intervención brutal de la ley, sin consentimiento de las partes, en los elementos esenciales de miles de contratos vigentes y legalmente celebrados”.

Por su parte, Bice afirmó que el mecanismo “afecta gravemente el derecho de dominio de Bice, toda vez que utilizando como parámetro un porcentaje de la reserva técnica asociada a cada contrato suscrito y estableciendo un límite de 150 UF, se pretende obligar a esta parte a entregar dinero de su propiedad a su contraparte contractual sin que exista convención o acuerdo previo al respecto”.

Al 24 de diciembre, las compañías de seguros habían desembolsado por concepto de retiros o adelantos de rentas vitalicias US$1.119 millones, correspondiente a 287.420 pagos.

Arturo Fernandois, abogado que representó a Penta Vida, y 4 Life, indica que las personas que hicieron sus retiros, o anticipos, están seguras y tranquilas puesto que sus cobros lo hicieron amparados en una ley dictada con apariencia de regularidad, por lo tanto están amparados bajo el concepto de “confianza legítima”.

“Este fallo es una señal clarísima al Congreso de que los futuros proyectos que se puedan presentar o tramitar en relación a seguridad social. no pueden intervenir contratos de rentas vitalicias contra lo pactado en ellos, disponiendo de dinero ajeno como si fuera estatal o de los pensionados”, dice el abogado

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