Cerca de nueve meses le restan al gobierno de Sebastián Piñera para terminar los cuatro años de una turbulenta administración. Para eso, en el Ejecutivo se han fijado prioridades en distintas áreas para así ir preparando la salida de La Moneda, una de ellas: la reforma a Carabineros.

La necesidad de mejorar la estructura de la policía uniformada es fundamental para el gobierno, aseguraron en Palacio. Por lo mismo, lo que viene es aterrizar y darles forma a los anuncios del Presidente Piñera en esta materia, a través de distintos proyectos de ley. Uno de ellos: los cambios en la carrera policial de Carabineros.

Durante la primera quincena de julio se enviará este proyecto, en el cual está trabajando el subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, en compañía de su equipo más cercano. La iniciativa, entre otras cosas, busca atacar el problema que ha significado durante los últimos dos años, la baja de postulaciones a las escuelas de Carabineros.

El proyecto del gobierno tendrá dos puntos centrales:

  • Extender la carrera policial en hasta 40 años. Actualmente, explicaron desde el Ejecutivo, no son más de 35 años los que un funcionario puede estar en la institución. “Enviaremos un proyecto de ley que moderniza la carrera de los carabineros para retener a quienes han demostrado en sus años experiencia y capacidad”, dijo el subsecretario Galli.
  • Además, la iniciativa contempla mejores remuneraciones para los primeros años de la carrera, dado que, agregaron desde Interior, en este periodo la labor “es más exigente y riesgosa, generando más atractivos para ingresar”.

A través de su cuenta de Twitter, Galli explicó el origen del proyecto: “La baja en las postulaciones no afecta la selección de aspirantes, sin embargo sí representa una señal de alerta. La baja en el interés por servir a Chile siendo Carabineros da cuenta de un fenómeno mundial que está afectando a las policías. La reducción en la confianza en las instituciones ha afectado particularmente a aquellas encargadas de imponer el orden y hacer cumplir la ley. El uso de la fuerza requiere de legitimidad social y ésta está cuestionada en todo el mundo por diversas razones”.

En esa misma línea, sostuvo que “como instituciones tampoco somos ajenos a este proceso de pérdida de confianza. Lo ocurrido en 2017 con el fraude de que fue víctima Carabineros, pero en que estuvieron involucrados oficiales y miembros de su Alto Mando, afectó. El mismo año el caso Huracán, en que personal a cargo de investigar terminó confabulándose con fiscales para presentar prueba que no era real, afectó. Y en el caso Catrillanca, la sucesión de versiones inexactas o derechamente falsas también afectaron”.

/