Los esfuerzos del sector empresarial en materia de cambio climático han estado focalizados principalmente en la reducción de emisiones y en la transición a un modelo de negocios carbono-neutral, lo que es esencial para asegurar un futuro en línea con las metas del Acuerdo de París. Sin embargo, este énfasis en la descarbonización ha hecho que pase a un segundo plano el tan urgente desafío de abordar y mitigar los riesgos físicos asociados a los cada vez más frecuentes e intensos eventos climáticos extremos.

Chile está viviendo una situación crítica a la luz del anuncio de Metrogas de que habría un retraso en el trayecto de navegación de una nave con GNL para el suministro de la zona central producto de condiciones meteorológicas adversas y de marejadas que mantienen cerrado el Puerto de Quinteros. Esto tendrá consecuencias nefastas para las industrias que dependen de este insumo para operar y, de prorrogarse aún más el atraco del barco, para los sectores residencial y comercial. Metrogas tendrá que aclarar qué planes de contingencia, si es que alguno, tenía preparados para un escenario que hoy debiese estar incorporado en todo mapa de riesgos corporativo.

Mientras tanto, el Oeste de Estados Unidos atraviesa por una seria emergencia como consecuencia de una ola de calor sin precedentes. Palm Springs, en California, alcanzó 50,6 °C, la temperatura más alta desde que se mantienen registros; Santa Fe, en Nuevo México, marcó un máximo histórico de 38,9 °C. Esta ola, sumada a una mega-sequía producto del descenso récord en precipitaciones, configura un escenario extremadamente complejo de cara a la inminente temporada de incendios forestales. Los embalses están en niveles mínimos mientras que la nieve, que libera agua en primavera y verano, está casi agotada. Esto tendrá un impacto devastador en la agricultura, la vida silvestre, la infraestructura crítica y, lo más importante, la salud/vida de las personas.

Los incendios que afectaron el año pasado a los estados de California, Oregon y Washington, arrasaron con 41 mil km², provocaron 37 muertes, obligaron a evacuar a más de 30 mil personas y causaron daños por US$16,5 mil millones. Y los de la temporada de 2018, atribuibles en parte a la negligencia de la empresa PG&E por no mantener equipos e instalaciones en regla, forzaron a la firma a acogerse al Capítulo 11 tras demandas por daños y perjuicios por más de US$30 mil millones, en la que ha sido considerada la “primera quiebra producto del cambio climático”.

En Canadá más de 500 personas han fallecido producto de esta misma ola de calor, que ha marcado temperaturas récord de 49,5 °C. Brasil, además de lidiar con la catástrofe del Covid, enfrenta la peor sequía en casi un siglo, lo que ha provocado un aumento de los precios de la electricidad, la amenaza del racionamiento del agua y la interrupción de los ciclos de cultivo.

Esto es lo que los expertos en cambio climático denominan riesgos físicos. Sabemos que serán cada vez más habituales y graves a medida que siga aumentando la temperatura del planeta. En la taxonomía del Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD), se dividen en agudos y crónicos. Los primeros son disrupciones únicas tales como las derivadas de huracanes, inundaciones, trombas marinas, olas de frío y calor, y sequías; los riesgos crónicos tienen que ver con transformaciones estructurales de largo plazo como cambios en los patrones de lluvia, aumento en el nivel del mar, e incremento en la temperatura de los océanos.

Desde el mundo empresarial y los directorios debemos hacernos cargo de estos riesgos ya que tienen impacto directo en el bottom line. Y, cómo no, en el bienestar de la población. Es el caso, entre muchos, del temporal con características de huracán que azotó a Chile en agosto de 2015, provocando inundaciones y aluviones que dejaron fuera de operaciones a varios yacimientos mineros con un costo de US$ 88 millones para Escondida y Spence de BHP Billiton. Otros eventos extremos han interrumpido severamente las cadenas de suministro: Basta recordar lo ocurrido con el Huracán María, que embistió Puerto Rico en septiembre de 2017 dejando en evidencia la fragilidad de la cadena global de abastecimiento del sector farmacéutico. Como resultado de atractivas políticas tributarias, la isla se había convertido en un paraíso para la fabricación de medicamentos; las casi 50 plantas productoras fueron devastadas por el huracán y se vieron paralizadas por los cortes de energía que le siguieron. Tras ello, 30 diferentes medicamentos, incluidos 14 que no tienen sustitutos, comenzaron a escasear en el mundo entero.

Ningún sector económico es inmune a estos riegos físicos: desde la agricultura al vestuario & calzado, desde los bienes raíces al turismo, y desde el sector marítimo al mundo financiero. Por eso, es deber fiduciario de todo director de empresa abordarlos y asegurarse que la empresa adopte medidas adecuadas para adaptarse y evaluar fórmulas para mitigarlos.

Comparto algunas de las preguntas que, a mi juicio, debe hacer(se) todo director de empresa respecto a este tema: 1) ¿Qué riesgos físicos agudos y crónicos enfrentamos al corto, mediano y largo plazo?; 2) ¿Cuál es nuestra vulnerabilidad en materia de infraestructura y continuidad operacional, impacto en seguridad y productividad de colaboradores, y capacidad de cumplir contratos de abastecimiento?; 3) ¿Tenemos planes de continuidad operacional ante daños físicos, paralización total o parcial y ausencia de personal?; 4) ¿Qué vulnerabilidades enfrenta nuestra la cadena de suministro? ¿Qué planes de contingencia hemos diseñado en caso de interrupción? ¿Tenemos seguros ad hoc?; 5) ¿Tenemos contratos marco con proveedores alternativos de insumos críticos en caso interrupción en la cadena de suministro?; 6) ¿Qué Capex y Opex implican las mitigaciones y adaptaciones que debemos impulsar en esta materia?; y 7) ¿Estamos haciendo reporte adecuado de estos riesgos al mercado, acreedores, bonistas y la comunidad en general?

* La autora es Directora del Centro Global de la Universidad de Columbia y de Chapter Zero Chile

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