Resulta esperanzador que el problema del endeudamiento estudiantil, ligado al Crédito con Aval del Estado (CAE), esté en el centro del debate nacional. En la actualidad más de un millón de estudiantes y egresados de instituciones de educación superior viven los efectos de una política que se ha transformado en un enorme peso para sus familias, para el Estado y para las propias universidades. Detrás de esta discusión se debe dirimir si la educación es un derecho o una fuente de lucro para el sector financiero.

Recuerdo que en 1997 y 1998 se empezó a escuchar de la inminente llegada de los créditos Corfo como una forma de resolver la crisis del crédito fiscal, ese antiguo crédito universitario que era administrado entre las Universidades y la Tesorería General de la República. Ese mecanismo estuvo vigente hasta el fin de 2000 y fue reemplazado por el Fondo Solidario de Crédito Universitario (otorgado a estudiantes de universidades estatales) y, desde el año 2005, por el Crédito Aval del Estado (CAE) que es administrado por la Comisión Ingresa.

Para quienes éramos estudiantes universitarios a fines de los años noventa era evidente que el crédito fiscal universitario era un mecanismo insuficiente e insostenible en la forma como se definió en 1981, al entrar en vigor la Ley General de Universidades promulgada por la dictadura. Pero también intuíamos que la solución que se estaba preparando involucraba enormes riesgos. La reforma se presentó como la única posibilidad de masificar el acceso al crédito y dar acceso a la universidad a quienes no tenían cobertura crediticia. Se planteó sin alternativas, como el medio de financiar la educación de los estudiantes de universidades que no estaban en el Consejo de Rectores.

Para los gobiernos de Frei y Lagos era todo o nada: o entraban los bancos o se dejaría a todos sin acceso al financiar una carrera universitaria. Nada se decía de los previsibles efectos negativos: partiendo por la bancarización de la deuda y la consolidación de un modelo de financiamiento a la demanda, vía voucher. Tampoco se hablaba del daño patrimonial al Estado, la concentración de la oferta universitaria privada y la enorme carga que deberían asumir los egresados. Tampoco se estimó el efecto en las universidades, en tanto avales bancarios en el proceso. Pero lo que nadie imaginó es que el Estado haya terminado subsidiando fuertemente a los bancos para asegurar su participación en este sistema.

En junio de 1998, siendo presidente de la FEUC, participé en la convocatoria y organización del Congreso Nacional de la CONFECH, realizado en Valparaíso, con más de cien delegados electos de todo el país. Buscábamos crear una orgánica fuerte y un programa unificado que pudiera contrarrestar la ola privatizadora en que se incluía la bancarización del crédito universitario. Las federaciones estudiantiles sabíamos que una política de esta naturaleza exigía, al menos, la colaboración pasiva de los estudiantes y por eso era necesaria una postura clara y que viabilizara una crítica activa al modelo de endeudamiento que se buscaba imponer. Este objetivo no se cumplió por el fracaso de ese Congreso, que terminó quebrándose entre el maximalismo de un sector que pensaba en retrotraer las universidades a 1981, y el interés de otros, entre los que estuvo Rodrigo Peñailillo, como articulador principal, que buscaron impedir que se consolidara una contraparte estudiantil sólida, que disputara sus propuestas políticas.

La triste historia del CAE hubiera sido distinta si se hubiera logrado articular una postura crítica firme, desde las comunidades universitarias, que ofreciera alternativas y propuestas.

Reconozco que mi generación tiene una responsabilidad por su incapacidad de levantar una posición estudiantil nacional, con capacidad programática y organizativa que hubiera administrado y resuelto sus diferencias, sin perder su capacidad de incidencia crítica ante el gobierno. De alguna forma, la derrota de 1998 anticipó los acuerdos que la CONFECH sostuvo con el MINEDUC en 2005. En ese año el CAE fue aprobado por amplia mayoría en ambas cámaras, a pesar de la total oposición de las federaciones estudiantiles de la época. En la Cámara de Diputados, con 91 votos a favor, soolo el diputado Sergio Aguiló votó en contra; y en el Senado, con 39 votos a favor, el único voto en contra fue de Nelson Ávila. Los acuerdos de 2005, que buscaban paliar los efectos más graves del CAE, no fueron respetados por el MINEDUC y eso incubó las movilizaciones de 2011.

El CAE y las políticas de mercado lograron masificar la educación superior, pero también aumentaron sus costos y, progresivamente, han devaluado los procesos universitarios mismos, dada la ausencia de una planificación estratégica de la matrícula. Para las personas el drama del CAE tiene rostros e historias concretas que todavía es necesario visibilizar y comprender por todo su enorme impacto social e intergeneracional. Por eso se requiere una nueva política de financiamiento universitario, que debería partir por la condonación de esta deuda. Para eso se deben diseñar nuevos instrumentos financieros capaces de atenuar sus efectos, y dar progresividad a la cobertura de este costo por parte del Estado. Esta sería una vía adecuada de inyectar recursos a la recuperación económica post pandemia y fortalecer el lugar y función de las universidades estatales, a las cuales los demás actores debemos complementar como cooperadores de la función educativa del Estado.

/Escrito por Álvaro Ramis para El Mostrador