No son tiempos fáciles en casi ningún país del mundo. La pandemia continúa presente en nuestras vidas, la crisis económica internacional se agrava y la democracia representativa liberal atraviesa una verdadera crisis, en palabras de Freedom House, se encuentra asediada. Ninguna de estas crisis es ajena a Chile y, por el contrario, se ven agudizadas por la incertidumbre constitucional y la errática conducción del gobierno.

Ante este panorama, conviene analizar el anuncio de una profunda reforma tributaria que, sin presentarse aún la totalidad de sus proyectos de ley, adolece en su conjunto de tres grandes debilidades:

La primera, es una reforma que peca de inoportuna. Se anuncia en un contexto económico adverso: alza del dólar a niveles históricos, caída en los salarios reales (2,3% en 12 meses), y una dificultad adicional para controlar la inflación como es el abundante circulante en las cuentas corrientes post retiros previsionales. Todo esto ha empobrecido a los chilenos y entorpecido la tan necesaria recuperación económica.

Una segunda debilidad, es que el supuesto “pacto tributario” pone toda la carga en las personas y sus emprendimientos, careciendo de esfuerzo alguno por parte del Estado, para hacer mejor su trabajo. Se trata de más impuestos con sus tradicionales consecuencias en materia de inflación, crecimiento o empleo, afectando a la clase media y a los más vulnerables, por más que se afirme lo contrario. Adicionalmente, nada hace prever una modernización del Estado, poner fin a la lógica del amiguismo en cargos públicos -gran promesa de campaña y traicionada desde los primeros anuncios de nombramientos- o la eliminación de programas mal evaluados (solo el 2021, el 64% de los programas estatales evaluados lograron un mal o bajo desempeño).

Sin embargo, hay una tercera debilidad aún peor. Hoy “reforma tributaria” se ha convertido en un eufemismo para el “alza de impuestos”, lo que prueba el éxito de la izquierda en esta materia en el debate público, donde parece no haber alternativa alguna.

En contraposición a este falso consenso, basta mirar lo que ha pasado en las últimas décadas en la Comunidad de Madrid. Mientras otras autonomías regidas por los socialistas suben y suben impuestos, Madrid conducida por el Partido Popular sigue un camino diferente. A lo largo de 18 años han disminuido consistentemente diversos impuestos (renta, herencia o donaciones) e incluso eliminado -vía bonificación- el impuesto sobre el patrimonio. Esto se ha traducido en que, durante estos años, 61.000 millones de euros se han quedado en manos de sus legítimos propietarios; promoviendo la inversión y el emprendimiento. Como resultado, la recaudación fiscal ha aumentado en forma permanente, permitiéndoles contar con mejores servicios públicos y convirtiendo a Madrid en símbolo de empuje frente al letargo de otras regiones.

En Chile, en cambio, durante las últimas dos décadas -con apoyos de uno y otro lado- y con diversas excusas, se aumentan y crean nuevos impuestos, el sistema tributario solo se complejiza, la recaudación fiscal no alcanza la proyectada por las reformas y aunque el gasto público aumenta en forma permanente, los servicios públicos que reciben los chilenos por parte del Estado dejan mucho que desear. Todo esto sin contar con el crecimiento sostenido del aparato público a lo largo del tiempo.

Por eso, no basta oponerse a una nueva alza de impuestos por su mal momento o por la ausencia de algún elemento que mitigue en parte sus efectos, sino que urge una alternativa que promueva un alivio tributario que beneficie a todos los chilenos, fomente el emprendimiento y la innovación y nos permita contar con un Estado al servicio de los ciudadanos y no al de sus controladores.

Por Julio Isamit. Director de Contenidos Instituto Res Publica y exministro