La solicitud del Gobierno para que el Tribunal Constitucional (TC) aborde el tercer retiro del 10% puso en jaque a La Moneda, primero con manifestaciones ciudadanas durante la tarde y noche del pasado martes, y luego, en lo político, con la arremetida de la oposición y la amenaza de una eventual acusación constitucional.

Una medida que divide al Congreso, porque desde la centroizquierda y el oficialismo afirman que la acción no tendría argumentos jurídicos y sería fácilmente desechada por el Senado, mientras que la izquierda asegura que es un “deber moral” ante las insuficientes medidas económicas adoptadas por el mandatario.

Oposición busca apoyo de sectores reticentes

Grupo de diputados impulsa acusación

Lo cierto es que un grupo de diputados de oposición, integrado por Diego Ibáñez (CS), Tomás Hirsch (IND), Claudia Mix (Comunes), Gabriel Silber (DC), Maite Orsini (RD), Karol Cariola (PC) y Leonardo Soto (PS), se reunió en el Congreso para comenzar a trabajar en la acusación contra Piñera.

Los legisladores afirmaron que existen argumentos jurídicos y el próximo viernes contarán con un borrador inicial para pedir el apoyo del resto de la oposición. Al respecto, el diputado Gabriel Silber indicó que el libelo acusatorio no sólo apuntará al freno que puso Sebastián Piñera en el TC al tercer 10%, sino que “hay un cúmulo de acciones durante el manejo de la pandemia”.

Según el grupo impulsor de la acusación constitucional contra Piñera, el mandatario habría puesto “en peligro la seguridad de la nación”, lo que según nuestra Carta Magna, faculta a la Cámara de Diputados para iniciar los alegatos.

“Piñera entregó ayudas hiperfocalizadas que no llegan a todos los chilenos, frenando las posibilidades que abrió el Parlamento para entregar ayudas transversales, por ejemplo, con la decisión de recurrir ante el TC”, denunció Maite Orsini

PPD, PS y PC se suman a la acusación

Donde también entregaron sus posturas en torno a la eventual acusación constitucional, fue en las bancadas de la Cámara de Diputados de oposición.

Una de las declaraciones más controversiales se dio al interior del Partido Socialista (PS). Esto porque el jefe de bancada de la tienda, Marcelo Schilling, dijo primero durante el pasado martes que no apoyarían el libelo, sin embargo, tras una petición formal por parte de la mesa directiva, cambió de opinión.

De esta manera, según estableció Schilling, el PS estará en conversaciones con los otros partidos de oposición para verificar si “Sebastián Piñera ha protegido a la población chilena como se lo exige la Constitución”.

Donde manifestaron una sola línea fue en Chile Digno, pacto político integrado por la Federación Regionalista Verde Social (FRVS), el Partido Comunista (PC) y otras fuerzas de izquierda.

A través de un comunicado, indicaron que “la situación no da para más: Piñera debe terminar su mandato por la salvación de la dignidad de la patria que es el pueblo que sufre”.

El jefe de bancada del Partido Por la Democracia (PPD), Raúl Soto, ratificó ante la prensa en el Congreso que “la decisión de la Bancada PPD es una apertura a estudiar la acusación constitucional contra el Presidente Piñera”.

“Nos abrimos a esa posibilidad como bancada porque no podemos estar ausentes ante el dolor de los ciudadanos de nuestro país. Eso significa que vamos a poner a disposición a nuestro equipo jurídico, de abogados, para que se coordinen con el resto de las bancadas de oposición que estén disponibles, y que a partir de allí se construyan los argumentos jurídicos que permitan tomar la decisión el día de mañana respecto de la viabilidad constitucional y viabilidad política”, afirmaron.

Oficialismo apela a la falta de argumentos jurídicos

Gobierno abordó el conflicto a través de sus ministros

Mientras el presidente Sebastián Piñera guardó silencio ante el surgimiento de una nueva acusación constitucional en su contra y en la Cumbre Iberoamericana de Andorra sólo dijo que la pandemia impactó fuertemente a América Latina, el ministro vocero, Jaime Bellolio, y el titular de la Segpres, Juan José Ossa, se dedicaron a echar por tierra las intenciones de la oposición.

El primero en abordar la molestia generó recurrir al TC fue Juan José Ossa. El ministro afirmó que La Moneda acudió a la instancia porque “es el último momento para salvar la reforma a las pensiones de los chilenos”, y no para, “proteger a nadie, ni para ayudar a las AFP”.

La artillería dura la sacó Jaime Bellolio, quien acudió hasta el Congreso para criticar los argumentos de la oposición. El ex parlamentario realizó un llamado a la izquierda y centroizquierda para que tengan “responsabilidad política”.

“No es responsable que un grupo de parlamentarios diga que no va a haber  una acusación porque no hay ningún fundamento y el día de hoy lo haga simplemente porque en Twitter el hashtag era ese (…) mire la paradoja, se quisiera acusar a un Presidente por ir al Tribunal Constitucional en un aspecto en que el tribunal dijo que ya era inconstitucional”, cuestionó el vocero de Gobierno, junto con descartar que algún miembro del gabinete presidencial se haya opuesto a acudir al TC, como circuló en la prensa.

Bancada DC siembra la duda

Pese a que parlamentarios de todos los partidos de oposición apoyarán la acusación constitucional contra Piñera, la bancada de la Democracia Cristiana (DC) mostró una postura contraria.

Así lo manifestó el jefe de la bancada, Daniel Verdessi, quien calificó la medida como un “show”, ya que, finalmente, “en el Senado se va a perder la acusación constitucional”.

“Por haber presentado un recurso al TC no corresponde una acusación constitucional”, reclamó Verdessi, eso sí, luego explicó que el resto de la oposición habló de “razones de seguridad nacional”, lo que “deberemos estudiar cuando se presente”.

Sichel envía carta contra la polarización

Fuera del Congreso, la idea de acusar constitucionalmente al presidente Piñera fue abordada por el candidato presidencial independiente y ex ministro de Desarrollo Social, Sebastián Sichel, quien pidió a través de una carta evitar la polarización de la política.

El ex presidente del BancoEstado afirmó que “con preocupación he visto estos días que varios parlamentarios de oposición y el PS se han abierto a estudiar una nueva acusación constitucional contra el presidente de la República”.

“Lo absurdo de esta situación, la amenaza de intentar destituir al Presidente por estar en desacuerdo con una decisión, nos hace cuestionarnos la forma en que se están dirimiendo los conflictos políticos, y las amenazas que se ciernen sobre nuestra democracia”, declaró Sichel. 

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