El representante de la bancada UDI en la mesa de seguridad, Henry Leal, junto al diputado Cristóbal Martínez, advirtieron que se retirarán de dicha instancia si es que el Gobierno insiste con indultar a los detenidos del estallido social y con instalar un memorial al 18 de octubre en el acceso al Metro Baquedano.

Los parlamentarios expresaron su molestia con las últimas declaraciones del Presidente Gabriel Boric, sobre el tema, afirmando que “ponen en serio riesgo el éxito de la mesa de seguridad”. Por lo que antes de suscribir cualquier acuerdo en dicha materia aseguraron que le exigirán a la ministra del Interior, Carolina Tohá, que aclare cuál es la postura oficial del Gobierno respecto a posibles amnistías.

“Mientras estamos discutiendo un acuerdo en materia de seguridad para combatir la delincuencia, el crimen organizado, el narcotráfico, la migración irregular y el terrorismo, el Presidente de la República, de forma absolutamente inoportuna e inapropiada, le dice a todos los chilenos que siguen estudiando entregar indultos particulares a los violentistas del estallido social que destruyeron nuestro país en 2019”, sostuvieron.

Con ello, recalcaron que “sus declaraciones van en la dirección contraria de lo que estamos buscando, que es justamente darle señales a la ciudadanía de que nos importa enfrentar y combatir la delincuencia y el vandalismo de manera seria”.

Por lo mismo, Leal y Martínez reiteraron que la permanencia de la bancada UDI en la mesa, estará sujeta a que el Gobierno no persista con la entrega de indultos a los detenidos durante el estallido social ni con el memorial que se pretende instalar en uno de los accesos al Metro Baquedano.

Además, los diputados promoverán que en el acuerdo quede establecido, de forma clara y explícita, que el Ejecutivo no otorgará ningún beneficio a quienes participaron en distintos delitos durante 2019.

“Como bancada UDI vamos a exigirle a la ministra del Interior que nos entregue todos los detalles sobre los eventuales indultos que el Gobierno pretende entregar, es decir, la fecha en que quieren otorgarlos, quiénes son los supuestos beneficiarios y cuáles son los delitos por los que fueron procesados. Y además, vamos a condicionar nuestra firma en el acuerdo a que se establezca que el Ejecutivo no seguirá insistiendo con esta idea, porque nos parecería totalmente inconsecuente que se premie a un grupo de delincuentes y vándalos que devastaron nuestras ciudades”, manifestaron.

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