“Es un imperativo ético la aplicación del proyecto de ley de indulto”. Así comenzó ayer la intervención del constituyente Manuel Woldarsky en la sesión de la Convención Constitucional que se realizó por la mañana para discutir sobre los objetivos que debe tener una comisión provisoria de Derechos Humanos. El constituyente de la Lista del Pueblo fue detenido el jueves pasado, junto a la también constituyente de la misma lista, Alejandra Pérez, tras participar en una manifestación sobre los “presos de la revuelta”, como les llaman a los detenidos tras el estallido del 18-O.

El episodio incluyó que se suspendiera la sesión y que el vicepresidente de la Convención, Jaime Bassa -en un polémico actuar- exigiera a Carabineros que liberara a los detenidos. A eso se sumó que las convencionales Manuela Royo (IND-PI) y María Rivera (Lista del Pueblo) presentaran un amparo, el cual fue acogido por el juez Daniel Urrutia del 7° Juzgado de Garantía de Santiago, quien ordenó oficiar a fiscalía para que indagara “posible detención ilegal” de estos miembros de la Convención.

Este no es un tema que le es ajeno al juez Urrutia. De hecho, no es primera vez que el magistrado hace noticia por detenciones relacionadas con las manifestaciones. En junio del año pasado fue suspendido de su cargo y se le impuso una medida cautelar porque dejó en libertad a 44 imputados de la “primera línea”. La medida significó trasladar a Urrutia desde su cargo en la sede penal a un tribunal de cobranza.

El “castigo” se le levantó justo hace un mes y el juez volvió al tribunal de garantía. Y habiendo pasado tan solo treinta días… volvió a sus “andanzas” con convencionales que comulgan con sus ideas.

La cuenta de Twitter de Daniel Urrutia se encuentra en constante movimiento. Retwitteos a constituyentes de la Lista del Pueblo y Apruebo Dignidad, llamados a “refundar Chile” y declaraciones de que en Chile hay “presos políticos” son algunas de las cosas que uno encuentra en su perfil.

Manuela Royo, Alondra Carrillo, Cristina Dorador, la presidenta de la Convención, Elisa Loncón, y el vicepresidente Jaime Bassa, son algunos de los convencionales que consiguen tribuna en sus RRSS. El magistrado solo publica noticias y comentarios de ese sector de la política.

La plurinacionalidad, feminismo, prisión política, “justicia social del Wallmapu”, DD.HH. son algunas de las banderas que mantiene en alto. Y la cercanía con constituyentes de sectores más de izquierda tampoco es algo nuevo, lo que podría llevar a pensar que estos podrían tener un “aliado” en el Poder Judicial.

“El problema es político y política debe ser su solución. Les constituyentes pueden empujar una política constitucional de parlamentos con ls nación mapuche que traiga la recuperación de territorios, autonomías y paz basada en la justicia social del Wallmapu”, publicó hace cinco días. “El patriarcado se va a caer”,”plurinacionalmente hermoso” y “se acabó el tiempo de pasar por encima de las comunidades y territorios” son algunos de sus dichos en la misma red social.

Previo a la instalación de la Convención -mientras estaba suspendido- moderó distintos conversatorios para preparar el trabajo de la instancia. Uno de estos fue con la ex ministra de Evo Morales y asesora constitucional, Ana Teresa Morales, en la que participaron Jorge Baradit y Fernando Atria, entre otros constituyentes. En esa ocasión, Morales llamó a mantener las movilizaciones “para montar guardia” a la Convención Constitucional. Además, entregó experiencias aprendidas en el proceso boliviano y destacó que el poder constituyente “tiene la atribución o la competencia de cambiar cualquier regla de la organización del Estado, cualquier regla del juego”. Palabras que destacó el mismo Urrutia.

En medio del estallido, en noviembre de 2018, declaró inadmisible una querella presentada por la Intendencia Metropolitana contra Dauno Tótoro Navarro, trotskista y dirigente del Partido de Trabajadores Revolucionarios.

“Queremos que caiga Piñera, queremos que caiga este gobierno, y sobre sus cenizas, como bien han dicho muchos compañeros y compañeras, levantar una asamblea constituyente libre y soberana, que no haya ninguna institución del Estado por sobre ella”, afirmó Tótoro durante una asamblea hecha en octubre. Fue por eso que el gobierno se querelló por incitación a subversión, pero el juez Urrutia dijo que estos dichos “se enmarcan en el legítimo ejercicio de la libertad de expresión”.

Anteriormente, el magistrado falló en varios casos de ataques contra autoridades buscando disminuir su gravedad. Por ejemplo, la agresión al ex presidente del Tribunal Constitucional, Iván Aróstica el año pasado; el escupitajo al Presidente Sebastián Piñera en 2013; o el ataque a pedradas al vehículo de la ministra Gloria Ana Chevesich en 2007.

Por Florencia Donoso para El Líbero

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