Los temas claves de la transición entre los gobiernos de Piñera y Boric han resultado ser la intención de la izquierda más radical de conceder un indulto a lo que ellos llaman los presos de la revuelta y la tramitación del proyecto de ley que establece la PGU, Pensión Garantizada Universal, que mejorará las pensiones de los actuales y futuros jubilados con un aporte estatal máximos de 185.000 pesos a todos los adultos mayores de 65 años que no se encuentren entre el 10% más rico de la población.

Ambos temas se le han venido encima a Boric y su coalición, como un baño de realidad en estos días. La política en definitiva trata del poder y no meramente de intenciones, declaraciones y supuestos ideales, que es lo que el novel grupo que se apresta a asumir labores de gobierno ha hecho en política hasta ahora; además, por supuesto, de ganar la elección presidencial y obtener así el derecho a poner uno de los suyos a gobernar Chile. La cuestión ahora es cómo mantener y administrar ese poder y el término que utilizamos en el título de esta columna, propio de la discusión acerca del orden mundial y el poder, nos parece el más adecuado para describir la disyuntiva que enfrenta el presidente electo.

Y es en ese afán cuando la política pierde parte de su épica y su purismo para transformarse en una tarea llena de cuestiones prosaicas que pueden parecer vulgares por su cercanía con lo material y con las conveniencias, más que con los ideales y los relatos. Los dos temas que mencionábamos antes, indulto y PGU han de tratarse con ese tipo de consideraciones como comprende ahora Boric. Lo mismo ocurre con la instalación del gobierno y su primer hito, que es el nombramiento del primer gabinete.

En relación al indulto, despejados los humos de la revuelta, la mayoría de los chilenos, 62 % de la población, se muestra contraria al acto de extinguir por medio de una ley la responsabilidad penal por la comisión de un delito. Influiría en esa opinión el recrudecimiento de la violencia y la delincuencia que, por efecto demostración, recibiría la señal incorrecta si nuestras instituciones dejan libre de culpa a quienes han cometido acciones violentas tales como quemar iglesias, estaciones del metro, comercios, vehículos y viviendas e incluso atentar contra la vida de personas muertas en causas catalogadas como homicidios. Así las cosas, diversos analistas han señalado que lo que le conviene a Boric es que el proyecto que él ha apoyado, cuestión que matizó en la campaña de segunda vuelta, continúe su tramitación y sea rechazado en el Congreso, donde no están las mayorías para aprobarlo. ¿Podrá resistir el presidente electo la presión de la izquierda más dura?

En el caso de la PGU, quienes han criticado el bajo nivel de las pensiones tienen poca cara ante la ciudadanía para oponerse a un proyecto que puede aumentarlas para el 90% de los jubilados en los próximos treinta días. La tentación de negarle un triunfo al gobierno saliente, además de mezquino, resultaría muy costosa para la nueva administración. La autopercepción de escaso poder que tiene el gobierno de Piñera, no obstante, explicaría sus concesiones a la oposición que se traducirán en nuevos impuestos a los chilenos, contrariando la esencia del discurso oficial.

Por Luis Larraín, economista, para El Líbero

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