“La denuncia por sí tiene suficiente gravedad… declárase admisible la denuncia… en contra de los camaradas Eduardo Frei Ruiz-Tagle, Matías Walker Prieto, Fuad Chahin Valenzuela y Ximena Rincón González por contravenir el voto político aprobado y acordado en Junta Nacional… a favor de la opción Apruebo”, decía la resolución del Tribunal Supremo (TS) de la Democracia Cristiana, emitida el lunes pasado.

Si bien se trataba de un fallo dividido (cuatro votos a favor y tres en contra), que declaraba la admisibilidad de la denuncia, el escrito contenía argumentos de fondo sobre lo que opinaban los miembros del TS ante la voluntad del exmandatario, del exconvencional Chahin y de los senadores Walker y Rincón de hacer pública su opción por el Rechazo ante el plebiscito del 4 de septiembre. En la resolución, el voto de mayoría expresaba su convicción de que se vulneró la determinación del máximo órgano partidario.

La denuncia fue presentada por Guido Iturriaga y Roberto Alvarado, dos militantes cercanos a la actual directiva que encabeza el alcalde de La Granja, Felipe Delpin (presidente), la senadora Yasna Provoste (vicepresidenta) y Cecilia Valdés (secretaria nacional). Iturriaga es parte del grupo político de Valdés, y Alvarado es presidente comunal de la DC en Caldera, zona a la que representa Provoste. La directiva, sin embargo, negó haber estado detrás de la presentación.

Dentro de los cuatro integrantes del tribunal que, por mayoría circunstancial, acordaron iniciar el proceso, figuraba Jorge Alzamora Contreras, abogado, miembro titular del TS desde 2019 y yerno de la exsenadora Carmen Frei Ruiz-Tagle.

Casado con Francisca Ortega Frei, Alzamora se había inhabilitado en el pasado ante asuntos que involucraban a su familia más directa, por ejemplo, cuando la candidatura a senador de su cuñado, Eugenio Ortega, trató de ser impugnada por algunos militantes en 2021. Sin embargo, su lazo con el expresidente Frei es más distante, a pesar de que sea tío de su esposa y hermano de su suegra.

Hoy, ambos hermanos Frei Ruiz-Tagle están distanciados y en veredas opuestas en el plebiscito de salida. Carmen Frei -quien presidió el partido entre 2021 e inicios de este año- es uno de los rostros de la DC por el Apruebo, mientras que el exmandatario en un video y en una carta pública expresó su rechazo a la propuesta de la Convención Constitucional.

Alzamora, además, fue coordinador de la Unidad de Modernización del Ministerio Secretaría General de la Presidencia durante el segundo gobierno de Michelle Bachelet. Por lo tanto, otra de las denunciadas ante el TS, la actual senadora y exministra Ximena Rincón, también fue su jefa.

Los otros tres integrantes del TS (Héctor Ruiz Vargas, Julia Panez Pérez y Carlos Cárdenas Maturana), que votaron a favor de la denuncia, también tienen redes importantes dentro del partido.

Ruiz fue jefe de gabinete de Soledad Alvear cuando ella fue senadora, entre 2006 y 2014. Representante del sector “guatón” del partido, sus camaradas señalan que era un hombre de confianza del matrimonio de Alvear y de Gutenberg Martínez, hoy ambos fuera de la colectividad. En su momento, Alvear y Martínez fueron archirrivales del fallecido exsenador Adolfo Zaldívar, quien lideraba la facción de “los colorines” y cuyo principal heredero político dentro del partido es Chahin, uno de los denunciados.

Panez fue abogada en el Ministerio del Interior en la segunda administración de Bachelet. En el gobierno de Ricardo Lagos fue jefa de gabinete de Rincón cuando era intendenta metropolitana, pero en la DC señalan que hoy está más cerca del grupo que lidera Provoste. La relación entre las senadoras falangistas, antiguamente aliadas, es otro de los factores que condimenta aún más la trastienda del caso. Ambas mantienen una pública rivalidad que se generó luego de que Rincón se viera obligada a bajar su candidatura a La Moneda en favor de Provoste el año pasado.

Cárdenas es considerado parte del sector “chascón” del partido, fue dirigente de empleados bancarios y sus redes están en el ámbito sindical. Fue parte del directorio de la disuelta AFP Futuro (1988-1996), creada por personeros de la Concertación y de la izquierda. Fue uno de los dirigentes sindicales que firmaron una carta de apoyo a Provoste en la pasada campaña presidencial.

La resolución, sin embargo, tuvo un voto disidente suscrito por tres integrantes del Tribunal Supremo: Luis Riquelme Navarro, histórico militante amigo del fallecido Adolfo Zaldívar; Hugo Cifuentes Lillo, hermano del diputado Ricardo Cifuentes; y Alejandro Menanteau Olmí, abogado ligado al sector “guatón” y casado con Kareem Herrera, exjefa de gabinete del exsenador Jorge Pizarro.

En su voto de minoría, los tres disidentes también anticipaban argumentos de fondo para oponerse a la denuncia: “La libertad de conciencia… constituye un derecho inalienable e inherente a la persona humana”.

Dos integrantes del tribunal no participaron de la decisión, Andrés Parra Vergara y Constanza Tobar Castro.

Parra era parte de la generación de la JDC de los años 80 y en el partido algunos lo asociaban al sector “colorín”, pero que con el tiempo se fue fraccionando por rencillas internas. Hoy, Parra estaría completamente alejado del bando que representa Chahin, según señalan algunos militantes.

Tobar pertenece a una familia DC. Fue parte de la llamada G-35, grupo que se formó años atrás entre militantes menores de 35 años. Sus camaradas la definen como una “progresista en la DC”. Trabajó en La Moneda en el segundo mandato de Bachelet y fue asesora del senador Francisco Huenchumilla (también rival de Chahin). En 2018, Tobar encabezó sin éxito una presentación en contra de Jorge Correa y Jorge Burgos para expulsarlos del partido por haber ofrecido y prestado apoyo jurídico al exministro de Salud, Emilio Santelices, frente a la acusación constitucional presentada por diputados opositores a Sebastián Piñera.

Sin embargo, la ausencia de Tobar y Parra solo añade más suspenso al caso, pues sus votos podrían ser decisivos para zanjar una eventual expulsión de Frei, Rincón, Chahin y Walker, ya que esa sanción requiere del apoyo de al menos seis miembros del TS. En todo caso, un escenario probable es que la medida disciplinaria sea distinta para cada uno de los denunciados.

Además de la expulsión, el TS también podría acordar con cinco votos la inhabilidad para postular a cargos de representación a nombre del partido, la suspensión de derechos militantes (votar en instancias internas o cargos directivos), la censura escrita o la amonestación verbal. Un inconveniente es que la denuncia fue presentada como un todo, por lo que no es tan sencillo aplicar criterios distintos.

No es el único problema, la defensa de los acusados, que debe entregar sus descargos antes del martes de la próxima semana, evalúa impugnar la resolución de admisibilidad y la validez del actual Tribunal Supremo.

Una de las razones es que el TS no ha sido renovado y el mandato de sus miembros, prorrogado por la emergencia sanitaria, venció el 22 de junio, según una resolución del Servicio Electoral (Servel).

Además, algunos denunciados evalúan impugnar el caso ante la misma justicia electoral o la Corte de Apelaciones de Santiago, también por otros factores: el fallo de admisibilidad del Tribunal Supremo fue acordado por una mayoría de cuatro de un total de nueve integrantes, pero la Ley de Partidos y los mismos estatutos de la DC precisan que este órgano jurisdiccional “deberá adoptar sus decisiones por la mayoría de los miembros en ejercicio”. Ello implicaría que la resolución habría requerido del voto favorable de al menos cinco miembros del TS.

/psg