La mañana de este viernes, el presidente de la Asociación Nacional de Oficiales Penitenciarios (ANOP), Andrés Muñoz, llegó hasta la Corte Suprema para reunirse con su presidente, el ministro Juan Eduardo Fuentes, a fin de plantearle una serie de inquietudes relacionadas con disposiciones adoptadas por tribunales de juicio oral y juzgados de garantía. Y es a juicio de la agrupación de funcionarios, dichas instancias, cada vez de manera más constante, estarían tomando determinaciones que afectan en el trabajo de quienes se desempeñan en los penales del país.

Se refieren, como indicaron representantes de la asociación a La Tercera, a traslados de internos entre penales y a medidas cautelares que “favorecerían” a algunos reos.

Por lo mismo, como indican desde ANOP, “es crucial para la institución que se adopten las medidas pertinentes, se respeten los Auto Acordados de la Corte Suprema frente a las situaciones que consideramos irregulares, con el fin de que nuestros funcionarios puedan ejercer sus labores de manera adecuada y diligente”.

Hacen referencia, en ese sentido, a que el 23 de julio del año 2019, la Corte Suprema reiteró una disposición adoptada en diciembre de 2007, donde se hacía referencia a que los Tribunales de Garantía, de Juicio Oral en lo Penal, de Letras con Competencia en Garantía y del Crimen del país, “deben abstenerse de disponer el ingreso de imputados a un centro penitenciario determinado, ya que tal precisión corresponde a Gendarmería de Chile, institución que informará a los juzgados correspondientes, debiendo reservar esta decisión sólo a casos excepcionales y por motivos fundados que deben ser explicitados al resolver, coordinándose previamente con Gendarmería de Chile para su cumplimiento”.

Sin embargo, como resaltarán los funcionarios en la audiencia con el presidente del máximo tribunal, “algunos tribunales hacen caso omiso a lo dispuesto, lo que pone en grave riesgo la seguridad de los establecimientos penales o especiales del país, a nuestros funcionarios y a las personas que han sido puestas a nuestro resguardo, toda vez que, ante la ausencia de una aplicación adecuada de un instrumento de evaluación del nivel de compromiso delictual, se han registrado casos donde los más avezados han terminado abusando de los más vulnerables o primerizos”.

Entre los casos que servirán como ejemplo para graficar la problemática que aseguran les afecta, expondrán lo referente al caso de Emilio Berkhoff, cuya defensa interpuso un recurso de protección que en medio de su tramitación, incluyo disposiciones que impedían a ciertos gendarmes acercarse al interno.

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