El Instituto Nacional se convirtió ayer en un nuevo escenario de desmanes protagonizados por overoles blancos quienes encendieron barricadas y lanzaron bombas molotov a Carabineros. Además, se registró la quema de una bandera chilena y posteriormente, un grupo de personas -todos mayores de edad- golpeó a Simón Boric, hermano del Presidente Gabriel Boric, luego que éste intentara detener el saqueo a un local comercial.

El ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, se reunió el miércoles con el consejo escolar -compuesto por profesores, asistentes de la educación, apoderados, centros de padres y directiva de los centros de estudiantes-, donde se discutieron temas asociados a la infraestructura, la pertinencia de avanzar hacia la jornada escolar completa, y las situaciones de violencia. La misma que se volvió a repetir el jueves.

En conversación con 24 Horas, el titular del Mineduc enfatizó que en esa reunión constató que “este es un grupo de estudiantes que no valida la violencia y que ciertamente se siente muchas veces amenazado dentro del propio establecimiento por este grupo muy pequeño, derechamente de violentistas, de estudiantes sin ningún trasfondo político, acceden supuestamente a cambios a través de la violencia”.

Asimismo, detalló que también se conversó sobre el rol de los adultos -padres, profesores y apoderados- frente al control, identificación y aislamiento de estos alumnos que “hacen un flaco favor a la educación pública y a la educación en general del país”.

Consultado por las razones por las que aún este tipo de situaciones no son erradicadas del establecimiento, el ministro afirmó que “existe una complejidad bastante grande, porque estos estudiantes, que son realmente violentos, pueden atentar contra la vida de sus propios compañeros y quizás también de profesores y profesoras”.

Por eso, destacó que el Mineduc, en el impulso que ha tenido en el manual de convivencia escolar, y después del debido proceso a los estudiantes involucrados, han sido “probablemente expulsados”. De todos modos, recalcó que las familias pueden acudir al Mineduc para “pedirme un espacio y continuar el proceso educativo (de sus hijos) y yo garantizaré la reubicación de esos estudiantes, porque el derecho a la educación no puede ser conculcado”.

Otra de las complejidades para resolver el conflicto apunta a que “los profesores y profesoras no están necesariamente preparados para ejercer labores de seguridad al interior del establecimiento, y ahí es donde uno hace un llamado muy importante a las familias que están detrás de estos estudiantes. Aquí hay roles parentales, yo tengo claro que esos estudiantes deben estar muy identificados no sólo dentro del establecimiento, sino que sus propias familias deben saber qué hacen sus hijos dentro de las escuelas”.

Ávila aseguró que este año se han concretado expulsiones producto de estos hechos, sin embargo descartó explicitar a cuántos alumnos se les ha otorgado este proceso y sanción, puesto que “hay un derecho que debe ser protegido y que es la de la privacidad de los niños y niñas”.

De todos modos, el proceso se ha hecho más factible cuando se logran identificar, sin embargo cuando los estudiantes actúan encapuchados, e incluso con mascarillas, el ministro reconoció que “se ha hecho más difícil la identificación, y ha sido más complejo de lo que uno cree tener claro quiénes son”. Esto, sumado a que hay estudiantes “que se incorporaron a la comunidad durante la pandemia, con clases virtuales”.

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