Entre los 5 senadores de la Democracia Cristiana se deberán repartir los puestos de presidente y vicepresidente de la Cámara Alta que serán votados por la Sala para liderarla desde marzo de este año. Por primera vez desde la vuelta a la democracia, los dos cargos más altos del Senado quedarán a cargo de un mismo partido, lo que se acordó antes de marzo del 2018.

En ese pacto administrativo, firmado por los jefes de comités, se decidió que la presidencia de la Cámara Alta quedaría en manos de Carlos Montes (PS) y Carlos Bianchi (Ind.) en 2018; Jaime Quintana (PPD) y Alfonso de Urresti (PS), en 2019; Adriana Muñoz (PPD) y Rabindranath Quinteros (PS) en 2020 y dos senadores de la DC en 2021.

Para el Gobierno, quien tendrá el cupo en la testera de la Cámara Alta es importante, ya que, al ser el último año del período legislativo, el Ejecutivo debe sacar adelante proyectos clave de su programa y es precisamente el presidente del Senado el que define la tabla de los proyectos a votar y si se respetan o no las urgencias que pone el gobierno.

Entre los 5 senadores de la DC, Francisco Huenchumilla y Jorge Pizarro tienen posibilidades para subir a la testera. Éste último, dicen, tendría los votos del comité y ha sido presidente de la Cámara Alta en dos ocasiones. Dentro de las senadoras Ximena Rincón no estaría en carrera para priorizar su candidatura presidencial y Carolina Goic no tendría los votos necesarios al interior de su bancada, por lo que Yasna Provoste es la carta probable para enfrentar la votación en Sala y posiblemente presidir el Senado.

Dadas las circunstancias, Provoste, quien se ha caracterizado por una dura oposición al Gobierno, tendría el favoritismo en la carrera, pero hay un tema que podría pesar en la decisión de los senadores para optar por la integrante de la Comisión de Minería y Energía.

En 1999, Yasna Provoste, entonces Gobernadora de la Provincia de Huasco, votó a favor de un proyecto que permitía el “uso de mezclas de carbón y Petcoke en la Central Termoeléctrica Guacolda”, ubicada en la Provincia de Huasco.

Durante la votación de ese proyecto en Atacama, la Comisión Regional de Medio Ambiente (Corema) expuso que el uso de mezclas de carbón y Petcoke, que es un combustible que queda después de refinar el petróleo y contiene altas cantidades de azufre y metales pesados, puede ser muy dañino para la salud, provocando el cáncer entre uno de sus efectos negativos.

Durante la misma sesión, la Termoeléctrica Guacolda, cuyo presidente del directorio de la empresa Guacolda era el ex ministro de los presidentes Ricardo Lagos y Michelle Bachelet, Jorge Rodríguez Grossi, también DC, se negó a instalar sistemas de abatimiento de azufre y ampliar la red de monitoreo de calidad de aire, como lo insistía la Corema. Tras esa decisión, el entonces director regional de la Comisión Nacional del Medioambiente (Conama), Daniel Álvarez, votó en contra e incluyó en el acta el documento con las razones para negarse, en el que dice que “la no inclusión de la tecnología de abatimiento de azufre convierte al proyecto en inviable de acuerdo al criterio de la Comisión Nacional de Energía”.

A pesar de la evidencia, Yasna Provoste y otros 9 asistentes a la sesión extraordinaria votaron a favor del proyecto y otras 7 autoridades lo rechazaron, entre ellas, el Serplac y los seremis de Agricultura, Salud, Vivienda y Urbanismo, y Transportes y Telecomunicaciones.

Durante la reunión, la actual senadora por Atacama aseguró, según consta en el acta del encuentro, que “en el futuro se debieran agilizar los procesos para la evaluación de proyectos… En el futuro debieran evitarse comparaciones innecesarias entre proyectos del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental… Se debe establecer en la Resolución que el proyecto no le es aplicable ningún permiso ambiental”.

Años después, Provoste pide aumentar recursos en “zonas de sacrificio”
La provincia del Huasco es una de las cinco denominadas “zonas de sacrificio” del país, además de Quintero-Puchuncaví, Coronel, Mejillones y Tocopilla. La Termoeléctrica Guacolda afecta a una población de más de 9 mil personas desde 1992, cuando comenzó a funcionar su primera unidad de 152 MW, como lo señala el Mapa de conflictos socioambientales en Chile, escrito por el Instituto Nacional de Derechos Humanos.

El 2002, tres años después de la aprobación de la mezcla de carbón y Petcoke en la que Provoste participó, los problemas ambientales en el Huasco ya eran visibles, por lo que organizaciones de la región crearon la Coordinadora Ambiental de la Región de Atacama (CARA), para buscar soluciones a los problemas ecológicos y medioambientales que afectaban el territorio. Para el 2014 cuando el Huasco ya había sido declarado como “Zona Latente por Contaminación de material particulado”, ya que sobrepasaba el 80% de la norma permitida, la planta de Guacolda finalizaba la construcción de su quinta unidad, totalizando los 760 MW de potencia.

El 2019, la Fundación Chile Sustentable, con datos del Departamento de Salud Pública de la Universidad Católica, reveló datos calificados como “preocupantes” en las tasas de mortalidad y patologías de los habitantes de las ciudades donde existen termoeléctricas de carbón. El estudio arrojó que “el riesgo de morir por una enfermedad cerebrovascular en Huasco es 281% mayor que el promedio nacional; las probabilidades de desarrollar enfermedades crónicas de las vías respiratorias es un 139% más alta y que la presencia de pacientes con asma es casi cuatro veces mayor que en el resto del país”.

El informe fue utilizado por la senadora Provoste en la discusión presupuestaria en la Sala de la Cámara Alta llevada a cabo en noviembre del año pasado, en la que proponía aumentar recursos en salud de ciudades que concentran altos niveles de contaminación medioambiental, llamadas “zonas de sacrificio”. La indicación, que fue acogida por el Gobierno, destinaba un monto de hasta mil millones de pesos para un programa especial de reforzamiento de la atención primaria en sectores con contaminación ambiental.

Durante la discusión, la senadora valoró la atención del Gobierno y destacó la gestión del alcalde del Huasco, Rodrigo Loyola, diciendo que fue “un impulsor muy importante para esta indicación que hemos presentado”.

Descarbonización como prioridad del Gobierno

En junio del 2019 el Gobierno anunció un proyecto en el marco de la Ruta Energética, para erradicar las plantas de carbón de aquí al 2040. El plan de descarbonización plantea la eliminación, en primera instancia, de 8 termoeléctricas del país, las más antiguas, en un período que comenzó el 2019 y finaliza el 2024. Ellas son las que se encuentran en las comunas de Iquique, Tocopilla, Puchuncaví y Coronel. Luego, se pasará a eliminar las 20 siguientes en un segundo tramo que permitiría que al 2040 no existan plantas termoeléctricas en Chile, dentro de las cuales está la Termoeléctrica Guacolda.

Tras el anuncio, la senadora Provoste lo valoró, pero señaló que “no basta con reducir las centrales termoeléctricas, tenemos que ir generando una transformación en el uso del carbón como energía, porque los efectos del dióxido de azufre son muy perjudiciales en la calidad de vida y la biodiversidad”. Agregó que “la cantidad de termoeléctricas que salen del sistema no se compensa, desde el punto de vista de las emisiones que generan, con aquellas que están entrando”. Palabras que a más de alguien llamó la atención considerando el rol que años antes había jugado por centrales de este tipo.

Otra de las medidas que se ha tomado con respecto a las plantas fue precisamente acerca de la mezcla de carbón con Petcoke, obligando a las grandes empresas a eliminar el uso de Petcoke. Ante la determinación, en noviembre del 2017 la empresa Guacolda dejó de usar Petcoke en la termoeléctrica de Huasco, tras 3 años de solicitudes por parte de la intendencia de Atacama.

Por Daniela Bas para El Líbero

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