Cuando en la madrugada del 15 de noviembre de 2019 la clase política anunció con entusiasmo la firma de un Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución, pocos imaginaron que, tres años después, el país estaría casi en el mismo punto de partida. El costo de haber hecho las cosas mal en noviembre de 2019, y en los meses que siguieron, lo tendremos que pagar todos los chilenos que nos veremos obligados a iniciar un nuevo proceso constituyente a partir del 5 de septiembre de 2022.

Como algunos advertimos en su momento, la clase política no identificó bien la enfermedad que afligía a Chile en 2019. Y lo que es peor, entregó el remedio equivocado. Los chilenos protestaron porque querían entrar a la tierra prometida del progreso y del desarrollo. El descontento se explicaba por las bajas pensiones, por una débil estructura de derechos de los consumidores que permitía el abuso y la colusión empresarial, y por la exclusión social y económica. Pero la clase política leyó que los chilenos querían cambiar el modelo económico, cuando en realidad la gente quería que el modelo también funcionara para ellos.

La respuesta de la clase política fue prometer una píldora milagrosa que curaría todos los males, una nueva constitución. Pero como la élite gobernante del país solo quería poner fin a las protestas y no solucionar el problema de fondo, se desentendió de su tarea de corregir las falencias del modelo y generar más inclusión. En cambio, optó por subcontratar a una convención constitucional que no tenía ni la lectura correcta de cuál era el problema ni las herramientas adecuadas para hacer los cambios necesarios al diseño institucional.

Desde el día uno, el camino de un nuevo proceso constituyente llevó a la clase gobernante a centrarse en un objetivo equivocado. En vez de fortalecer los derechos de los consumidores y mejorar la red de protección social, la élite política nos llevó por el camino del rediseño del sistema político. Como si eso no fuera poco, la clase política diseñó unas reglas del juego que llevaron a la elección de una convención con una mayoría más interesada en refundar que en mejorar. Desde el sistema electoral basado en la misma lógica desproporcionada que se usa para escoger escaños en la Cámara de Diputados hasta la descomunal sobrerrepresentación de activistas indígenas, pasando por la torpe decisión de permitir que los independientes compitieran como si fueran partidos, el diseño institucional del proceso constituyente fue improvisado, voluntarista y totalmente ajeno a la lógica de incentivos que indujeron a la elección de un grupo que buscara redactar un texto que estuviera a la altura de las circunstancias.

Si el diseño era malo desde el primer día, no debiera sorprender entonces que el resultado también haya sido deficiente. Era fácil anticipar que el texto de la propuesta de nueva constitución iba a terminar siendo un arbolito de pascua con una extensa y confusa mezcla de derechos sociales garantizados (sin un mecanismo que asegure el financiamiento), diversas reivindicaciones históricas de grupos marginados, e innovaciones al diseño institucional que nada tienen que ver con la molestia original de la población. Como ejemplo, dos botones. Si la gente salió a protestar por las bajas pensiones, ¿por qué la convención decidió eliminar el Senado? Si la población estaba molesta porque se violaban sus derechos, ¿por qué la convención se obsesionó con los derechos de los glaciares y los seres sintientes?

Pase lo que pase en el plebiscito, la mala noticia es que el 5 de septiembre vamos a estar en el mismo lugar en que estábamos el 15 de noviembre de 2019. La gente sigue molesta porque siente que el sistema no funciona para ellos. Si las encuestas están en lo correcto, una mayoría tampoco siente que la propuesta de nueva constitución responde a sus demandas. Es más, pareciera ser que al menos un tercio de las personas ni siquiera se molestará en ir a votar para expresar su opinión.

La clase política sigue prometiendo una nueva constitución como la solución a los problemas del país. Pero la economía está estancada, hay inflación y la delincuencia va en aumento. Es más, precisamente porque el proceso constituyente genera incertidumbre, la posibilidad de salir del estancamiento se aleja en tanto se prolongue la incertidumbre sobre el sistema político, los derechos de propiedad y el costo fiscal de la larga lista de derechos sociales que tendrá el texto final de la constitución.

Cuesta imaginar que haya un porcentaje importante de personas que crea que el país ha hecho progresos importantes en estos tres años. Es más, si se confirma que el país deberá emprender otro proceso constituyente, la sensación dominante será de frustración. Igual que un viajero que se da vuelta por horas buscando su destino y, después de varias horas, vuelve al mismo punto de partida. Es de esperar que esta vez, hagamos las cosas bien. El costo de volver a hacer las cosas mal es demasiado alto.

Por Patricio Navia, Doctor en Ciencia Política y profesor de la UDP para El Líbero

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