El ministro del Interior, Rodrigo Delgado, se sumó este viernes a las críticas del oficialismo a la declaración emitida ayer por la Convención Constitucional que pide la liberación de los denominados “presos de la revuelta”, señalando que en Chile “no existen presos políticos” y que “también hay que dejarle autonomía al resto de los poderes del Estado”.

De visita en Puerto Montt, el ministro del Interior recalcó que “en Chile no existen presos políticos y no existen por definición, la definición de preso político es que una persona está privada de libertad por su forma de pensar, por su ideología, por pertenecer a un partido político determinado, lo que tenemos son personas privadas de libertad que están siendo objeto de una investigación o personas que pueden estar condenadas por delitos”.

Y si bien indicó que estos casos, “pueden ser en el marco de un estallido social, de una protesta, es distinto a que sean presos políticos, en eso hemos sido claros no solamente el Gobierno, sino que distintas organizaciones nacionales e internacionales lo han planteado así”.

“Nosotros creemos que la Convención así como exige autonomía y en buena hora que la Convención sea autónoma, también hay que dejarle autonomía al resto de los poderes del Estado”, apuntó el jefe de gabinete.

El texto aprobado ayer además solicita desmilitarizar el Wallmapu y otorgar una amnistía a los “presos políticos mapuche” que están condenados desde 2001. Ante esto, el subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, expresó que “las personas que están privadas de libertad en la Macrozona Sur lo están por resoluciones judiciales, ya sea en prisión preventiva o condenados”.

En ese contexto, Galli consultó: “Acaso vamos a declarar impunes a quiénes emboscaron en Cañete al fiscal Elgueta, vamos a declarar impunes a quienes asesinaron al matrimonio Luchsinger-Mackay, vamos a declarar impunes a Emilio Berkhoff que traficaba más de 800 kilos de droga, vamos a declarar impune a quienes atentaron en contra de comuneros mapuches en Contulmo, provocando su muerte. Finalmente, vamos a declarar impunes a quienes asesinaron al sargento Benavides, al cabo Nain o al subinspector Morales”.

“Creo que esas señales son las equívocas, tenemos que separar muy claramente las legítimas demandas en la Macrozona Sur de la violencia que constituye delito, que deben ser perseguidos y juzgados”, remató Galli.

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