En medio de manifestaciones en el frontis del Congreso y un amplio operativo de seguridad implementado por Carabineros, los senadores integrantes de la comisión de Constitución votaron de forma telemática la idea de legislar del proyecto que pretende un indulto para las personas que permanecen en prisión preventiva por supuestos delitos cometidos en el contexto del estallido social y delictual.

La iniciativa impulsada por los senadores Juan Ignacio Latorre (RD), Yasna Provoste (DC), Adriana Muñoz (PPD), Alejandro Navarro (PRO) e Isabel Allende (PS) fue aprobada por tres votos a favor y dos en contra. El respaldo lo dieron los senadores Pedro Araya (ind/PPD), Alfonso De Urresti (PS) y Francisco Huenchumilla (DC), mientras que rechazaron Luz Ebensperger (UDI) y Rodrigo Galilea (RN).

El texto también también con la aprobación en general en las comisiones de Seguridad y Derechos Humanos y ahora deberá pasar a la Sala para su discusión y de aprobarse ahí, se iniciaría su trámite en particular.

La comisión también definió el quórum que le recomendará al Pleno para su votación, en ese sentido se determinó que respecto a los artículos generales se debe aprobar por 22 votos (quórum calificado), mientras que los artículos 4to y 5to deben contar con 4/7 de los votos de la Sala, es decir 25 votos.

Argumentos

La primer en votar fue la senadora Ebensperger, quien lo hizo en contra aludiendo a razones de forma y fondo. Respecto lo primero, argumentó que a su juicio “se presenta como un indulto general y en realidad es una amnistía”.

“El estallido social que dio paso a la dictación de una nueva Constitución, muchas demandas sociales que gran cantidad personas manifestaron pacíficamente y otras aprovechándose de estas manifestaciones cometieron delitos. La Constitución asegura a todas las personas, también internacionalmente, el derecho a manifestarse pacíficamente, no está garantizado el derecho de manifestar lo que uno quiere dar a conocer con la violencia y menos cometer delito”, sostuvo la gremialista respecto del fondo.

A su vez la senadora dijo querer “reforzar que en Chile no hay presos políticos, nadie está privado de libertad por sus ideas. Están privados de liberad quienes cometieron delitos comunes. Es muy difícil determinar quiénes serían beneficiaron con este indulto o amnistía”.

Luego el senador De Urresti, quien lo votó a favor, dijo que lo hacía “después de haber escuchado a abogados y académicos, pero particularmente las madres” de quienes están en prisión preventiva. Eso sí enfatizó que “es necesario aclarar a quién va a favorecer”.

“El proceso que se vivió en Chile tenía un amplio trasfondo político de justicia frente a un sistema injusto”, analizó explicando que en ese sentido este texto “es un avance, una posibilidad de poder resolver una situación que apremia a cientos de familias”.

El socialista dijo asimismo “esperar que en la Sala y en la discusión particular podamos precisar algunos puntos que han solicitados abogados constitucionalistas y penalistas”.

Después argumentó el senador Galilea (RN) quien coincidió en que “independiente que al proyecto se le denomine un proyecto de indulto, es un proyecto que busca provocar los efectos de una amnistía (…). Para que haya indulto, tiene que haber condena”.

Según él, el proyecto plantea la tesis de que “bajo el paraguas de una manifestación social, se puede hacer prácticamente cualquier cosa, y siempre esa persona estaría amparada en que no puede ser detenida por sus pensamientos políticos. “Ese es un camino sin retorno que en la práctica se llegaría a una completa irresponsabilidad de conductas”.

“La manifestación social es un derecho, pero tiene límites. Que sea pacífica y sin armas (…) Lo que se quiera pedir es legítimo, pero no es legítimo agrediendo personas, atacando propiedad pública o privada. esa es una línea divisoria que no podemos dejar pasar. Menos en un país que vive en democracia”.

Por otro lado, el senador Huenchumilla, planteó que “el indulto y la amnistía no están hechas para tiempos de normalidad en que todo trascurre pacíficamente. Son instituciones jurídicas que se pierden en la noche de los tiempos, más allá de los romanos y llegan a miles de años, donde siempre el gobernante tuvo como derecho de gracia cuando en circunstancias excepcionales y en búsqueda de reestablecer la paz social y otros bienes superiores, se hacía uso de estos derechos de gracia para perdonar a aquellos que habían quebrantado lo pacifico y justamente se habían levantado de una manera violenta”.

Es así que sostuvo que “lo que tenemos que discutir es si el estallido social de octubre reúne las características como lo tuvieron otros eventos de nuestra historia de Chile, y naturalmente sabemos que el conjunto de la población más desprotegida del país sintió que se había incubado un modelo de sociedad que por las vías institucionales y pacificas no había sido posible resolver, modificar y reformar y eso tenía un paradigma que es la Constitución de 1980 que carecía de legitimidad por haberse impuesto por la fuerza en una dictadura que duró 17 años. Entonces ese evento tiene las características de todos los eventos que terminaron con leyes de amnistía en la historia de Chile”.

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