A comienzos de abril el administrador del Tribunal Constitucional, Rubén Quezada, denunció ante la secretaria del organismo, María Angélica Barriga, un allanamiento ilegal al edificio ubicado en Huérfanos 1234 y que habría sido avalado por la presidenta María Luisa Brahm. Información que, Quezada asegura, no develó antes por las amenazas de despido por parte de Brahm.

Barriga denunció los hechos el día de ayer -miércoles 7 de abril- para que sean investigados por el Ministerio Público, pues, su juicio, constituyen un delito, ya que una diligencia de esas características debería contar con una orden judicial o en subsidio, con la autorización de cada uno de los jueces para que sus pertenencias sean revisadas por externos.

Brahm, por su parte, dijo que “todo estaba en regla” y que sí dejó constancia de la diligencia en un pleno fechado el 3 de marzo, declaraciones que dio al ser emplazada por sus pares. Sin embargo, según reportaron fuentes a La Tercera AM, al revisar el acta se detalla el ingreso de personal de seguridad “para revisar si existían falencias en el edificio”, mientras que el vehículo registrado en el estacionamiento corresponde a policía civil.

Y hoy se sumó un nuevo antecedente. Ante estas acusaciones, Asociación de Funcionarios del Tribunal Constitucional de Chile (AFUTCCH) publicó una carta abierta dirigida al pleno de ministros de la misma institución.

“Considerando la grave crisis interna por la cual atraviesa el Tribunal Constitucional que ahora suma una denuncia por allanamiento ilegal en las dependencias de la institución, contexto en el cual uno de nuestros asociados afirma haber sido víctima de amedrentamientos y de la amenaza de ser despedido en caso de revelar a cualquier otro miembro de la institución, la realización de una diligencia que habría incluido la presencia de personas ajenas a la institución, es que tenemos el deber de manifestar nuestra profunda preocupación y resaltar la necesidad de que estos hechos se aclaren e investiguen”, comienza el escrito publicado en horas de la tarde.

“La institución donde trabajamos y obtenemos el sustento para nuestras familias, ha llegado a niveles de deterioro que cada día se agudizan más y la ciudadanía es testigo de todo ello. La larga lista de acontecimientos, disputas y denuncias que ya son de público conocimiento, solo vienen a confirmar una realidad conocida por los funcionarios, esto es que, al interior del Tribunal Constitucional, el abuso y el maltrato se han vuelto un problema recurrente, generalizado y estructural”, continúa la misiva acusando graves circunstancias al interior del órgano jurisdiccional.

Una situación descrita por la AFUTCCH, que entre otros aspectos “ha llevado al límite a la institución, generando un clima laboral y organizacional sencillamente inaceptables”, por lo que solicitan “con la máxima urgencia, que se tomen todas aquellas medidas para poner fin de una vez por todas, al cumulo de problemáticas por las que atraviesa la institución, pero además requerimos medidas concretas que den garantías a los funcionarios de que podremos desarrollar nuestras funciones y cumplir con nuestros deberes, con la seguridad de que en el futuro cualquier hostigamiento, amedrentamiento, abuso o maltrato laboral hacia los funcionarios, no serán tolerados ni normalizados”.

La carta, firmada por el secretario de la asociación, Jorge Aguayo Ibáñez, el tesorero Andrés Morán Pizarro, y el presidente de la misma, Leonardo Carrasco Vargas, concluye afirmando que “el prestigio del Tribunal Constitucional está en entredicho (…). Ante ello creemos que, si el pleno de ministros no toma acciones concretas para salir de la crisis que estamos viviendo, el futuro de nuestra institución seguirá siendo cada vez más incierto”.

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