Ximena Rincón y Matías Walker, senadores de la DC, dieron un paso que, en el contexto de la incertidumbre causada por la Convención, podría ser clave para asegurar la estabilidad institucional después del plebiscito. La propuesta de rebajar el quorum de 2/3 a 4/7 de los parlamentarios para reformar la Constitución vigente, suscrita también por los senadores Pedro Araya, independiente, e Iván Flores, DC, fue bien recibida por los partidos de centroderecha, y a lo menos por un senador socialista, Juan Luis Castro.

Ni al gobierno ni a los controladores de la Convención les agradó la propuesta, porque arruina el cuento de que, frente al borrador que respaldan, no hay alternativa. Más todavía: necesitan mostrar el plebiscito del 4 de septiembre como una batalla para derrotar al dictador muerto.

Respecto de la posibilidad de triunfo del Rechazo, el artículo 142 de la Constitución vigente señala: “Si la cuestión planteada a la ciudadanía en el plebiscito ratificatorio fuere rechazada, continuará vigente la presente Constitución”. Vale decir, se mantiene la legalidad dentro de la cual vivimos, que es la que protege las garantías individuales, protege el pluralismo y asegura el ejercicio de las libertades públicas, entre ellas, las que hacen posible que, periódicamente, tengamos elecciones libres, abiertas y competitivas, como no hemos dejado de tenerlo desde diciembre de 1989, cuando fueron elegidos el presidente Patricio Aylwin y el primer Congreso (Gabriel Boric tenía 3 años).

La aprobación de los 4/7 despejaría la controversia respecto de los quorum contramayoritarios del texto vigente, lo cual facilitaría los acuerdos en torno a nuevas reformas. ¿Significa esto que la actual Constitución podría ser la base de un consenso para reforzar la estabilidad y la gobernabilidad?

Así es. Se trata de un asunto de sentido común. Basta con leer el borrador de la Convención para concluir que, de ninguna manera, puede funcionar como eje de la convivencia en libertad. Se trata de un plan de demolición de mucho de lo construido por Chile, para reemplazarlo por formulaciones saturadas de ideologismo. Ello obliga a examinar lo que tenemos y, consiguientemente, a tener conciencia de lo que podemos perder.

¿Qué otras reformas podrían introducirse a la Constitución vigente? Según el profesor Antonio Bascuñán, partidario de reducir los quorum contramayoritarios, se requieren dos reformas más: eliminar el control preventivo de constitucionalidad de los proyectos de ley y establecer un acuerdo político transversal para la designación de un Tribunal Constitucional con número impar de miembros.

Bascuñán sostiene que dicho acuerdo “tendría que ser capaz de hacer lo que hasta ahora los partidos políticos no han hecho, salvo por honrosas excepciones, designar jueces constitucionales de peso intelectual, seriamente orientados al entendimiento y por completo independientes” (EM, 29/05/2022).

La última encuesta del CEP reveló que, ante el eventual triunfo del Rechazo, 15% de los consultados se manifestó a favor de que se mantenga la Constitución vigente y 31% a favor de reformarla (o sea, 46% por mantenerla como base para eventuales cambios), en tanto que 42% se pronunció por elaborar un proyecto de reemplazo. Esto marca un cambio en la estimación del texto que nos rige, muy sugerente si se tiene en cuenta que nadie se ha atrevido a defender sus méritos.

La sola lectura de sus contenidos aclararía las cosas a mucha gente que, hasta hoy, ignora que es el resultado de 30 años de reformas y que lleva la firma del presidente Ricardo Lagos.

Tenemos que hacer todo lo posible para que el país no avance hacia el pantano. La Convención fracasó como proyecto de unidad nacional, y allí está para demostrarlo el texto sectario, que hoy se intenta hacer pasar como proyecto de Constitución, cuando en realidad es una plataforma programática de las izquierdas, que se beneficiaron del disparatado sistema electoral que inventó el Congreso para elegir a los convencionales.

Los colectivos asociados en la Convención han actuado como si el futuro les perteneciera. Por eso, despreciaron el principio elemental que debe seguirse cuando se fijan las reglas constitucionales: ponerse en la situación de ser minoría. Si no se resguardan los derechos de la minoría, la democracia falla desde la base, y queda abierto el camino para las peores arbitrariedades.

La Convención lo ilustró suficientemente. Y Fernando Atria lo terminó de aclarar: “La nueva Constitución no va a ser la casa de todos de la noche a la mañana” (LT, 11/06/2022). Imposible más claro. Será la casa de ellos, los iluminados que quieren refundar Chile. Quizás, más adelante, la casa ofrecerá arrendar algunas habitaciones, pero hay que tener paciencia, porque los dueños necesitan perfeccionar sus títulos de propiedad.

El Congreso tiene ante sí la oportunidad de iniciar la recuperación de la potestad constitucional que cedió en noviembre de 2019, bajo la presión de la violencia, luego de lo cual aceptó el papel de espectador de los dislates de la Convención. Hay que plantar cara a la política de amedrentamiento con la que se ha buscado “ablandar” a los poderes del Estado para preparar la remodelación revolucionaria: eliminación del Poder Judicial, eliminación del Senado, poderes concentrados en el “Congreso de diputados y diputadas”, un presidente subalterno, fin del principio “una persona, un voto”, etc. Llegó el momento de enfrentar el constitucionalismo de barricada.

Los senadores y diputados pueden iniciar ahora mismo su propia reivindicación. Se deben a la República y tienen que defender el interés nacional. Coraje democrático, es lo que se requiere.

Por Sergio Muñoz Riveros para ex-ante.cl

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