Hasta la Contraloría General, en Teatinos 56, llegó la bancada de diputados de Renovación Nacional (RN) este lunes.

¿El motivo? Solicitar la fiscalización del principio de probidad y requerir información tanto del Presidente Gabriel Boric, como del ministro de la Segpres, Giorgio Jackson, en relación a la cita que se concretó en La Moneda el pasado viernes junto a la directiva y parlamentarios del Partido Socialista (PS).

Aquel día, minutos previos al encuentro con el Mandatario y el secretario de Estado, mientras esperaba en el Salón Carrera junto a la comitiva, el diputado Leonardo Soto publicó un video en su cuenta de Twitter precisando que la reunión era para “poder ayudar con mayor fuerza la coordinación del Apruebo”, de cara al plebiscito constitucional de 4 de septiembre.

El post -que posteriormente eliminó- provocó una serie de críticas, por lo que el diputado debió rectificarse.

“Debo reconocer que hubo un error de mi parte. Fue solo una reunión protocolar en que se trató la agenda legislativa. Me equivoqué al vincularla en un video con el plebiscito, error que en ningún caso se puede adjudicar al gobierno”, precisó Soto en una publicación que realizó pasada las 22.00 horas del viernes.

Sin embargo, a pesar de la corrección del diputado, los parlamentarios de RN apuntan a que sus palabras “colisionan” con la versión del secretario general del PS, Camilo Escalona, quien en la misma red social indicó que el diálogo sostenido con el Jefe de Estado “fue muy fructífero” y que “como socialistas le expresamos el firme apoyo y el compromiso inamovible con el proceso de cambios y el avance hacia una nueva Constitución, nacida en democracia. Son convicciones las que nos unen en la diversidad de principios que caracteriza el bloque de gobierno”.

A juicio de los diputados de oposición, las palabras del dirigente socialista refuerzan la idea planteada inicialmente por el diputado Soto y “dan cuenta de una instancia de coordinación política con miras a un proceso plebiscitario en el que, el gobierno, está llamado a mantener prescindencia”. Una situación que -aseguran- “cruza todos los límites”.

En ese marco, además, detallan que “no solo se estarían usando las dependencias de un edificio público que debe servir de ícono para el pluralismo, sino que también participan en ellas quienes son los primeros encargados por velar de la probidad en los órganos de la administración”.

Ante ese escenario, acusan que tanto el actuar del Mandatario como de Jackson constituiría “una infracción a la probidad administrativa” según lo dispuesto en los numerales 3, 4 y 8 del artículo 62 de la Ley nº 18.575, en tanto se han ejecutado “actividades durante la jornada de trabajo, valiéndose de la autoridad o cargo para favorecer o perjudicar la posición de quienes estarían por rechazar la propuesta emanada de la Convención Constitucional”.

En ese marco, solicitaron instruir un procedimiento administrativo destinado a aclarar y determinar la legitimidad de dicho accionar.

Sin embargo, este no fue el único requerimiento presentado por los diputados RN. Durante la instancia, también solicitaron pronunciamiento ante el accionar de la ministra de la Segegob, Camila Vallejo, en actividades públicas.

En concreto, los parlamentarios afirman que durante su participación en el programa Mucho Gusto de Mega, el pasado viernes, la vocera de gobierno emitió declaraciones que “contravienen la prescindencia política que debe informar el accionar de los funcionarios de la administración del Estado”.

Además, apuntaron al uso de un pin vinculado al proceso constituyente, el cual “en ningún sentido, como señala ella en la entrevista, corresponde a una iconografía relacionada con la campaña de voto informado que lleva adelante el gobierno”.

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