“La descomposición de todo gobierno comienza por la decadencia de los principios sobre los cuales fue fundado” (Montesquieu)

En términos médicos, el sufijo “itis” nos indica que existe una inflamación o infección en algún órgano o parte del cuerpo humano, mientras que en términos políticos también nos indica algo de índole patológico. Y eso es lo que pasa precisamente en el gobierno. Jugado por completo por la opción Apruebo, las principales autoridades del país ven con angustia las diversas encuestas que, semanalmente, dan al Rechazo como la opción ganadora en el plebiscito de salida. Y ello lo está obligando a reaccionar, aunque sea de mala fe.

Sólo en ese contexto pueden entenderse las diversas expresiones de intervencionismo electoral que, ante la total pasividad de la Contraloría General de la República, se ven diariamente desde La Moneda. El instructivo sobre probidad y prescindencia electoral emanado del órgano contralor ha sido sobrepasado, una y otra vez, por un gobierno temeroso de perder su lucha revolucionaria a través de un nuevo texto constitucional, totalmente ideológico, revanchista y partisano. Con el comando central del Apruebo instalado en el palacio de gobierno, éste resolvió intervenir directa y activamente en la campaña electoral. Ya no es necesario disimularlo. Sólo se esfuerzan por desmentirlo, sin mayor éxito.

Bajo la fachada de la campaña “Hagamos Historia”, el gobierno ha concentrado parte importante de sus esfuerzos para desplegar territorialmente la campaña a favor del Apruebo. De la mano de las Secretarías Regionales de Gobierno y de los alcaldes afines al gobierno, han comenzado en todo el país a vociferar la necesidad de cambiar la Constitución de 1980 o de Pinochet, según me informaron asistentes encubiertos a uno de esos encuentros. Cuál será el verdadero alcance y éxito de esta campaña está por verse, pero harían bien en hacerle seguimiento y eventualmente presentar todos los elementos a la Contraloría.

El episodio ocurrido la semana pasada en La Moneda superó todos los límites. El diputado socialista Leonardo Soto subió un video a las redes sociales dando cuenta de la realización de una reunión de coordinación en la sede de gobierno para la campaña del Apruebo. De poco sirvió darlo de baja ni menos pedir disculpas. Los tapones ya habían saltado en todas partes, menos en la Contraloría. Con chapita apruebista en la solapa, la Ministra Vallejo salió a justificar el error del parlamentario, sumándose así este incidente a la larga lista de eventos donde el gobierno declara o hace algo y luego sale a desmentirlo o a disculparse, ejercitando descaradamente la estrategia del “miente, miente, que algo queda”.

Aunque todos los ojos apuntan al gobierno, no desatendamos la pasividad con que ha actuado la Contraloría en esta materia. A estas alturas, y frente a actos de incuestionable intervencionismo electoral, nuestro órgano fiscalizador debería dar señales claras y categóricas de su compromiso efectivo con la prescindencia y abstención electoral. Aunque esta semana envió un oficio al Ministro Jackson solicitando un informe sobre la reunión -a raíz de la denuncia presentada por diputados de Chile Vamos-, existen serias dudas sobre si realmente reprochará o no al gobierno. La Contraloría quedará deslegitimada si no adopta una actitud proactiva en cuanto a investigar y sancionar de manera prolija, expedita y ejemplar esta denuncia, marcando los límites de la campaña, pues de nada servirá su pronunciamiento después del 4 de septiembre.

Diagnosticado con “intervencionitis aguditis”, el gobierno necesitará hacer más que simple trampa para evitar que gane la opción Rechazo en el plebiscito de salida y con ello desafectar los resultados electorales con la baja evaluación presidencial. Aunque nadie esta libre de cometer errores, en el caso de un gobierno estos “errores” patológicos se pagan caro en términos políticos y comunicacionales. Van minando la confianza y apoyo ciudadano e incubando un sentimiento generalizado de rechazo a la gestión gubernamental y al texto constitucional, que se mostrará con fuerza el próximo 4 de septiembre.

Por Francisco Orrego, abogado, para El Líbero

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