La ministra vocera de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, se refirió esta mañana a la resistencia del Ejecutivo a invocar la Ley Aula Segura en casos de violencia en los liceos y criticó que “uno no puede determinar si las leyes se aplican o no”.

La discusión se da en el marco de las declaraciones de la ministra del Interior, Carolina Tohá, que aseveró esta semana que “la época más crítica de violencia se dio en la época en que se aplicó ese tipo de legislación”.

En ese marco, la vocera afirmó en Radio Universo que “las leyes se tienen que aplicar. No es decisión de cada autoridad determinar si se aplican o no. Otra cosa distinta es que a uno le puedan parecer buenas o malas, ser de su agrado o no, porque todos, incluso los jueces, tenemos leyes que pueden no gustarnos. Pero no podemos hacer esa selección y un juez no puede decir ‘mire, a mí no me traiga a nadie por esta ley’, eso es improcedente”.

Asimismo, la vocera señaló que el escenario es “extremadamente preocupante” cuando niños y jóvenes participan en hechos delictuales o establecimientos educativos se transforman en escenarios donde ocurren estos hechos, por lo que “si las leyes no están cumpliendo su propósito, hay herramientas para que lo cumplan, y me parece muy bien que la vicepresidenta del país esté preocupada de estos temas para hacer los ajustes del caso. Las leyes tienen que funcionar, si no funcionan hay que revisar por qué”.

Modificaciones a ley antiterrorista

Otro de los temas que comentó la ministra es la aplicación de la Ley Antiterrorista, tras las declaraciones de distintos personeros de Gobierno que han señalado que no es eficaz, a pesar de considerar que sí existen “actos terroristas” en la Macrozona sur.

“La problemática que tiene nuestra ley es que exige la demostración de un dolo terrorista que no es sencillo de demostrar, porque muchas personas que cometen actos que pueden ser calificados de terroristas por el común del público, se escudan diciendo que lo hacen por reivindicación de derechos u otra cosa”, explicó Vivanco.

De acuerdo con lo que aseguró la ministra, la situación termina derivando en que los jueces desestimen el caso o lo conduzcan por otro camino. “Si al juez le piden, de acuerdo a la ley, que tiene que llevar adelante el proceso penal de acuerdo a un determinado ánimo y aquellos que llevan a cabo la acción no son capaces de demostrar ese ánimo, el juez se ve obligado a desechar el caso o a que se reconduzca por otro camino, que es lo que sucede finalmente”, comentó.

“Cuesta mucho la demostración de ese ánimo y por eso muchas veces las fiscalías optan por ir solamente por la ley común. Creo que es importante que hoy, a nivel de los órganos colegisladores, esta situación se revise, porque si se tiene una ley, las leyes están para aplicarlas, y si no son conducentes al propósito que tienen, entonces hay que revisar su cambio o su modificación”, dijo.

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